por Ezra Shabot

La clase empresarial surgió, como todo el resto de la sociedad mexicana del siglo XX, al amparo del Estado revolucionario que había cooptado a todos los sectores a través de estructuras corporativas. El rompimiento de estos grupos con el sistema hegemónico priísta se produjo en 1982, cuando la estatización bancaria por López Portillo alejó al empresariado del gobierno priísta y lo fue acercando hacia posiciones panistas, teniendo como antecedente la creación de un ente ajeno al Estado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) durante 1976, como reacción a la política estatista de Echeverría.

Con la llegada de Acción Nacional a la Presidencia en 2000, este sector supuso que sus intereses estarían en línea con una administración que había prometido romper con las trabas burocráticas y de poder, creadas durante décadas de gobiernos revolucionarios, durante las cuales algunos de los propios sectores de empresarios se habían beneficiado de ellas. Si bien es cierto que durante los 12 años de gobiernos blanquiazules existió una relación fluida entre patrones y gobierno, también lo es el hecho de que la falta de reformas profundas y cambios en la legislación laboral y de competencia económica crearon diferencias sustanciales entre ambas partes, al igual que entre sectores del propio grupo empresarial.

De hecho, los distintos sectores de la industria y el comercio comenzaron a utilizar al interior del Congreso, el mecanismo de lobbying, consistente en generar grupos de presión dentro de la Cámara de Diputados así como de Senadores, para proteger e impulsar intereses particulares, y en algunos casos, como en el de las televisoras, de plano lograron colocar en los partidos políticos a personajes directamente comprometidos con estas empresas de comunicación. La falta de regulación de esta actividad vinculada con la defensa de sectores específicos de la producción y los servicios ha creado una confusión con respecto al papel del legislador y su imagen de representante popular.

La disputa al interior del sector empresarial está entre los representantes de empresas dominantes o francamente monopólicas y aquellas otras que pretenden entrar a mercados libres, pero controlados por autoridades capaces de evitar concentraciones excesivas que derivan en un daño al consumidor, lo que desgraciadamente sigue siendo una constante en la economía nacional. El compromiso de las cúpulas patronales representadas en el Consejo Coordinador Empresarial está en favor de una legislación más estricta en la materia y que le dé más dientes a la Comisión Federal de Competencia para imponer de una u otra forma mercados libres pero competitivos.

El activismo político expresado en los últimos meses por Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE al reunirse con el equipo de transición de Peña Nieto, con las dirigencias de los partidos políticos y al presionar seriamente en el tema de reforma laboral, lo convierte en un actor con poder real, similar al que poseen las dirigencias obreras representadas en el Congreso, por lo que resulta imposible no incorporarlo en la toma de decisiones.

En todo caso lo que habría que incluir en la próxima reforma política es una regulación clara de estos grupos de presión internos en las cámaras, y de mecanismos transparentes e institucionales de negociación con factores de poder real como los empresarios, que si bien no constituyen una unidad político-ideológica, sí son un poder fáctico que debe ser regulado de una u otra forma, más allá de la interlocución discrecional que con él mantiene el gobierno en turno.

No más empresarios llorones que le piden subsidios y privilegios a un Estado benefactor del cual se quejan amargamente en lo privado, mientras lo adulan en público. Y sí individuos dueños de capital, responsables por sus actos y corresponsables de las políticas de crecimiento y desarrollo que se instrumenten en los próximos años. Empresarios políticos, en el más amplio sentido del término. 

 

Analista político