por Lydia Cacho

 

México es uno de los pocos países democráticos emergentes en que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a ayudar y proteger a miembros de su comunidad se debilitan y cierran sus puertas ante la crisis. Si bien es cierto que a nivel global las grandes organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos enfrentan una crisis económica histórica, lo de México, como los frijoles, se cuece aparte.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) asumen una tarea de defensa de ciertos grupos sociales (desde cáncer, personas con capacidades diferentes, hasta erradicación de la violencia en todas sus expresiones), y con su trabajo profesional articulan modelos de protección y atención que, sin ellas, quedarían absolutamente desprotegidas. 

Durante los 70 años de priísmo las OSC precisaban de la venia de los gobernadores para operar y adquirir la deducibilidad de impuestos que les permite obtener donativos; con esa venia se hacía un acuerdo tácito de no criticar al gobierno a cambio de que el gobierno no les atacara o desacreditara; quienes quedaban fuera eran catalogadas como “organizaciones rebeldes o comunistas”. Los registros de organizaciones profesionales eran inexistentes. Fue hasta fines de los 90 que en México los movimientos civiles impulsaron la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. La Secretaría de Desarrollo Social creó un patrón de registros que permite reconocerlas e impulsar políticas de colaboración entre el Estado y estos grupos. El problema es que solamente siete entidades han aprobado esta ley y la mayoría carecen de registros. Las reglas establecen que las que no estén registradas debidamente no pueden operar de manera legal.

Según datos oficiales, México, con 115 millones de habitantes, cuenta con 16 mil OSC. Estados Unidos, con una población de 310 millones, tiene un millón 500 mil OSC registradas, según datos del investigador Óscar Moya Marín, quien estima que existe una OSC por cada 49 mil habitantes para México y de una OSC por cada 18 mil para EU. 

El registro oficial cuenta con 11 mil 809 organizaciones, pero se calcula que existen unas 35 mil, y este crecimiento se debe al incremento de violencia en el sexenio calderonista y su consecuente aumento de tortura, fabricación de falsos culpables y violación a los derechos humanos.

Argentina cuenta con 120 mil OSC especializadas e India registra más de un millón de éstas, que reciben fondos internacionales para ayuda humanitaria de toda índole. En México la Secretaría de Hacienda reporta tener 8 mil 300 organizaciones con permisos de deducibilidad para operar legalmente. 

Un estudio de la Función Pública reveló que seis de cada 10 personas en México prefieren dar limosna en la calle que hacer un donativo formal a una organización en su comunidad. Los prejuicios y desconfianza que en México se tienen hacia las OSC no se viven en Guatemala ni en India, países similares en niveles de corrupción; más bien responde al papel que el Estado ha jugado para desacreditar públicamente a las organizaciones que son críticas del sistema y a la falta de cultura de corresponsabilidad ciudadana. La vida de las organizaciones se debilita y vuelve más compleja en la medida en que los donatarios independientes, eminentemente internacionales, exigen colaboración con gobiernos locales a quienes normalmente estas organizaciones exhiben por corrupción. Por otro lado las donatarias no invierten si la organización no es medianamente autosuficiente, sin entender que no hay autosuficiencia en un país cuyo régimen ahorca la colaboración.

 En EU, cuatro de cada 10 empresas hace donativos a organizaciones civiles, en México es una de cada 10 mil. Las empresas mexicanas no tienen alicientes para colaborar, pero tampoco quieren tener problemas con los gobiernos locales. Muy pocas apoyan el trabajo de quienes protegen migrantes indocumentados o víctimas de violencia doméstica y trata de personas. Su argumento es que temen que los agresores y sus cómplices (que pueden estar vinculados con los gobiernos, policías o incluso militares corruptos), averigüen que su empresa ha donado y ello les traiga represalias. Este es un temor fundado por la cultura del terror que han generado los gobiernos que promueven el miedo como un agente desestabilizador que les permite tener el control de la sociedad. El clásico divide y vencerás llevado a sus últimas consecuencias. Lo cierto es que mientras la sociedad no apoye a quienes erradican la pobreza, desigualdad, violencia y enfermedad de sus comunidades, éstas seguirán creciendo sin remedio. Es más fácil cambiar el comportamiento comunitario que renovar el sistema económico y político que nos tiene atrapados en la incertidumbre.

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