En días recientes he leído a muchos analistas que se dicen sorprendidos e incluso incrédulos por el amplio consenso que han alcanzado algunas de las reformas emprendidas, en particular la de telecomunicaciones.

Me parece que son víctimas del mismo síndrome que el cónyuge golpeado: si no hay trancazos, es que algo anda mal.

Sin embargo, lo que estaba mal era el sello que las fuerzas políticas habían impreso en esta era de Congresos divididos: la parálisis en aras del cálculo político.

Desde que se anunció la firma del Pacto por México escribí aquí que me parecía un signo venturoso de esta alternancia.

La única manera de generar las reformas largamente postergadas en México —y por reformas me refiero a desatar la competencia en distintos sectores— era si las tres principales fuerzas políticas se tomaban de la mano y aceptaban lanzarse al vacío ideológico al grito de “si tú vas, yo voy”.

Nunca he estado de acuerdo con quienes dicen que un mejor camino era conformar una mayoría menos numerosa, con el número suficiente de votos en el Congreso y ni uno más, bajo el argumento de que cada voto extra en la coalición cuesta muy caro y termina por diluir las reformas.

Eso quizá sea cierto en otro país, donde los perdedores aceptan el veredicto de las votaciones —ya sean populares o legislativas—, no en México donde la izquierda ha sido excluida en momentos decisivos de la vida política y, con base en ello, ha logrado construir una trama de victimización de la que echa mano incluso cuando es derrotada limpiamente.

A estas alturas de la globalización, y salvo que sean ciegos, los tres principales partidos saben perfectamente cuáles son las reformas que requiere el país.

Son las mismas que, por ejemplo, lograron que Corea del Sur dejara de ser una nación atrasada —más atrasada que México a mediados del siglo pasado— y hoy sea un jugador clave en la economía internacional.

(Corea del Sur, un país cuyos niveles de desarrollo cito con frecuencia en este espacio, tiene la superficie de Oaxaca y menos de la mitad de la población de México, pero cuenta con un Producto Interno Bruto equivalente al nuestro.)

Tan lo saben los partidos que esa es la agenda que ha seguido el Pacto por México.

Como en los exámenes escolares, sus miembros comenzaron por resolver lo más fácil: emprender la reforma educativa, apuntalada más tarde por la detención de Elba Esther Gordillo, por parte de la PGR, que, por cierto, también ha sido aplaudida por prácticamente todos.

Luego mostraron que podían ir más lejos, con la reforma de telecomunicaciones, una demanda social para regular un mercado distorsionado por jugadores dominantes, a la que ningún gobierno había prestado oídos hasta ahora.

El Pacto tiene, obvio, grandes pendientes. No obstante, ahora será extremadamente difícil que uno o dos de sus integrantes puedan zafarse de la mesa de negociaciones y denunciar a quien o quienes se queden en ella como orquestadores de una conspiración contra el interés de la mayoría de los mexicanos.

En ese sentido es arriesgado el cálculo que hace el PRD —aún plagado por sus diferencias internas— de impulsar una protesta contra las siguientes transformaciones que están en la mesa del Pacto: la reforma energética y la hacendaria.

La dirigencia perredista bien sabe que jamás ha estado a discusión “la privatización de Pemex”. No hay un sólo actor de peso en el escenario público que lo haya propuesto.

Lo que se ha planteado es una mayor flexibilidad para que Pemex pueda asociarse con la iniciativa privada, cosa que personalmente me parece insuficiente para resolver los apremios de la paraestatal y las necesidades energéticas del país.

Sin embargo, el PRD anunció este fin de semana que se encuentra en “alerta máxima” ante lo que considera la intención del PRI de privatizar Pemex y gravar con IVA los alimentos y las medicinas.

Para protestar contra ambas cosas —que ni siquiera se discuten aún en la mesa del Pacto—, el PRD convocó a una movilización para este domingo en el Monumento a la Revolución “en defensa del patrimonio nacional”.

Al parecer, lo que el PRD intenta es lanzarse “en defensa de la no privatización de Pemex y no al IVA en alimentos y medicinas” —como expresa su boletín 067— antes que permitir que dicha bandera pueda ser enarbolada en forma exclusiva por Andrés Manuel López Obrador.

Al cargar contra el molino de viento de la privatización, el PRD aparentemente ha renunciado a una estrategia política que apenas fue esbozada luego de la detención de Elba Esther Gordillo: pedir un trato parejo para todos los caciques sindicales y combatir la corrupción en todos los ámbitos.

Como digo arriba, la apertura de Pemex a la inversión privada es una solución limitada para resolver los problemas de la paraestatal mientras cientos de millones de pesos sigan siendo desviados para cumplir los caprichos de la cúpula del sindicato petrolero, así como favorecer con contratos a empresas que no han cumplido con Petróleos Mexicanos.

Es cierto que agitar el espantajo de la privatización da votos, pero lo más probable es que éstos se vayan al Movimiento Regeneración Nacional de López Obrador una vez que sea reconocido como partido. No olvidemos que AMLO fincó su regreso al escenario nacional, luego de la derrota de 2006, en el rechazo a la reforma energética que buscaba impulsar el presidente Felipe Calderón a principios de 2008.

Así que si el PRD decide repetir las movilizaciones contra la “privatización de Pemex” lo más seguro es que no coseche casi nada de ello en las urnas.

Entre otras razones porque, pronto se verá, no habrá nadie en la trinchera de enfrente. El presidente Enrique Peña Nieto, quien ha tenido la suerte de los guardametas en este arranque del sexenio, ni siquiera estará en México sino en el Vaticano cuando la conmemoración del 75 aniversario de la Expropiación Petrolera vuelva a generar una discusión pública sobre los mitos de la política energética.

En cambio, pienso yo, si el PRD volviera a hacer suya la bandera de la lucha contra la corrupción en Petróleos Mexicanos y explicara claramente que lo que busca el Pacto es elevar la competitividad de Pemex en el panorama internacional, podría tener una identidad propia en este debate.

Hay suficientes motivos para exigir que el gobierno emprenda ya un saneamiento de Pemex. Por ejemplo, ¿por qué siguen incrustados en posiciones estratégicas de Pemex funcionarios que llegaron de la mano del panista César Nava? ¿O cuánto tuvieron que ver esos personajes en el quebranto del patrimonio de la paraestatal mediante su intervención para que ciertos jugosos contratos —en obras marinas, por ejemplo— se otorgaran a empresas que no tenían la capacidad de cumplirlos?

Al permitir que prevalezca el statu quo en Pemex y quedarse en la trinchera facilona del rechazo a la privatización, el PRD hace un pobre servicio al Pacto y a sí mismo. El Pacto ha permitido, entre otras cosas, que el Estado retome el control de la dirección del país, que había sido parcialmente cedida en años recientes a diversos grupos de poder.

Pero hay que decirlo con claridad: lo que el Pacto ha generado hasta ahora es un conjunto de iniciativas —la de telecomunicaciones apenas está siendo discutida en la Cámara de Diputados— que sólo representan el arranque de las transformaciones que se han anunciado. Faltan las leyes secundarias y, sobre todo, la voluntad política para que lo que está plasmado en papel se lleve a cabo.

¿Por qué aplauden casi todos?

Primero porque, aunque algunos no lo crean, la clase política ha encontrado por fin la manera de salir de la parálisis de la que tanto nos quejábamos.

Y hay que reconocer que aunque las iniciativas estén aderezadas por cosas absurdas, como la pretensión de que el Estado garantice la veracidad de las informaciones que difunden los medios, van en la misma dirección de las reformas que han sido exitosas en otros países.

Segundo, porque quizá debido a nuestra herencia española creemos que una iniciativa de ley es lo único que necesitamos para cambiar.

La realidad es que las leyes son apenas el primer paso para las transformaciones. Y mal harían los partidos que se han embarcado en el Pacto por México en comenzar a escuchar segundas opiniones y volver a optar por el cálculo de las conveniencias políticas más inmediatas.

Antes de hablar siquiera de una reforma energética, lo que necesitamos es energía para concretar las reformas.