DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
CÓRDOBA.- Hay una manera de entregar un ingenio sin decir que se entregó: no publicar el papel. La mañana del 12 de noviembre, e-veracruz escribió con todas sus letras que «todavía no se ha informado quién será el operador financiero privado ni cuáles serán los términos específicos del fideicomiso» del Ingenio San Pedro. Veinticuatro horas después, Luis Abella Alvarado apareció como «responsable de la parte empresarial y de los trabajos para supuestamente reactivar la factoría azucarera» . Entre una nota y otra no apareció ningún contrato. ahora tiene las garras metidas en una negociación de este ingenio que ya se encontraba en quiebra, mientras los documentos que explicarían las condiciones de su participación siguen sin aparecer.
Abella Alvarado es fundador y propietario de Trabal S. de R.L. de C.V., empresa es socio, en esa misma empresa, de Manuel Alonso Cerezo, hoy #EL ALCAHUETE alcalde de Córdoba por la coalición Morena-PVEM, en funciones desde el 1 de enero de 2026. Según los documentos citados por 24 Horas, Alonso supuestamente habría “vendido” sus acciones de Trabal el 15 de abril de 2025, ya designado candidato, a Abiud García Rodríguez. La prensa local los sigue presentando como socios en 2026, pero no hay acta pública que acredite la sociedad vigente después de esa venta, ni que la desmienta por completo.
La cercanía empresarial y política entre ambos vuelve inevitable la pregunta: ¿qué papel juega realmente Luis Abella Alvarado y bajo qué condiciones fue colocado al frente de la parte empresarial del ingenio? Porque mientras las explicaciones oficiales se contradicen, este lavador de dinero ya aparece en escena como promotor, sin tener experiencia en el ramo empresarial del azúcar. El fideicomiso se llama «San Pedro Ver». Según La Jornada y e-veracruz, lo integran trabajadores, productores de caña independientes y un operador financiero privado que funge como patrón sustituto. El Gobierno estatal dice que no participa directamente en la operación Y que solo «acompañó el proceso para dar certeza jurídica» y que figura como invitado en el consejo de administración. Hasta ahí, la versión oficial.
Pero de lo esencial no hay una sola línea pública: no se conoce al fiduciario —el banco que administraría el fideicomiso—, no se conocen los fideicomitentes, no hay montos, no hay plazos, no hay contraprestación, no hay condiciones de salida. No se sabe cuánto pone Alvarado, si pone dinero, maquinaria, crédito o solo su nombre; tampoco se sabe de dónde vendría esa inversión, qué recibe a cambio, por cuánto tiempo ni si existe alguna vía para que termine quedándose con el activo. Y no se publicó licitación, convocatoria ni criterio alguno de selección del operador privado, lo que huele a conflicto de intereses a todas luces.
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