Irene Arceo
Columnista
Córdoba.- Según el Reporte Anual 2017 de la Organización Internacional Reporteros sin Fronteras (RFS), con sede en París, Francia (de la que he sido donateur y miembro desde hace varios años), nuestro México, a pesar de que es País sin guerra, se convirtió en ese año en el lugar más letal para ejercer el oficio de periodista, porque con el asesinato del comunicador Gumaro Pérez Aguilando, ocurrido el lunes 19 de diciembre en el municipio de Acayucan, Veracruz, ya se registran 12 fallecidos durante 2017, lo que es señal de alarma, pues tal cifra empata con la de Siria, un País árabe que durante su etapa de guerra lleva 12 periodistas asesinados y por eso es considerado el más peligroso para los periodistas.
El joven Gumaro Pérez Aguilando, de 35 años, fue asesinado a balazos alrededor de las 11:00 horas, delante de su hijo, familia y maestros, mientras se celebraba un festival navideño dentro de la escuela primaria Rafael Aguirre Cinta, ubicada en la colonia Villa Alta de Acayucan, Veracruz, uno de los municipios con mayor incidencia delictiva y, en donde en últimas fechas, se han registrado varias ejecuciones. Según trascendió, fueron tres personas las que presuntamente siguieron a la víctima hasta el colegio y luego le dispararon en nueve ocasiones, incluyendo un tiro de gracia en la cabeza.
No era la primera vez que Gumaro era agredido. Datos del portal Diario del Sur -uno de los medios donde había colaborado el reportero asesinado- indican que en 2012 había sido atacado a golpes por un abogado en las instalaciones del Ministerio Público de Acayucan mientras recopilaba información. En aquella ocasión Pérez denunció los hechos y al tratar de captar a los agresores, estos le destruyeron la cámara y lo golpearon en la cara. Después de otros incidentes, en 2015 Pérez Aguilando (quien formaba parte de la Asociación de Periodistas independientes de Acayucan) solicitó ingresar al programa de Protección a Periodistas del Estado, debido al tipo de coberturas que realizaba, sin embargo, nunca recibió la protección necesaria para salvaguardar su vida, por culpa de la burocracia e intereses personales y políticos que caracterizan a esa organización estatal, nido y fuente de enriquecimiento de vividores y farsantes del periodismo que jamás han escrito una nota en su vida, pero que por ser los herederos del poder de Gina Domínguez siguen ahí repartiéndose las carteras.
Para muestra de las negligencias y omisiones tenemos el caso del periódico El Buen Tono incendiado el 6 de octubre de 2011 y es la hora que la Fiscalía del Estado, actualmente dirigida por Jorge Winckler Ortiz, ha ofrecido nulos resultados, sin ni siquiera encontrar la Carpeta de Investigación. El único detenido e identificado como incendiario, no ha pasado nada con él, mientras que los otros delincuentes que participaron, como “El Chilango” y “El Chuletón”, siguen libres.
Como son tiempos preelectorales de campañas políticas para la gubernatura del Estado y la muerte violenta de otro periodista conmociona a la sociedad entera, enseguida surgieron las versiones gubernamentales para atenuar el problema: El convaleciente ministro de Seguridad Pública del Estado, Jaime Téllez Marié, al apresurarse con sus más sentidas condolencias a su familia y el medio periodístico, dijo que “son cosas que salen del control de la autoridad, sobre todo cuando no se tiene conocimiento de una amenaza”, es decir, negó que hubiera amenazas contra Gumaro de una manera tan irresponsable y errónea, como su decisión inapelable de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a su cargo retiraría por lo menos un promedio de 30 elementos que servían como escoltas a dueños y directores de periódicos, columnistas y reporteros, con el pretexto de que por tener una amenaza desde hace varios años ya no es vigente.
Al respecto, Téllez Marié argumentó que detectaron que había directores de medios de comunicación que hasta 20 escoltas tenían y que los utilizaban para otros fines y que no les daban un trato “digno”, sino los tenían “como esclavos” y para cargar las bolsas del supermercado de las esposas. A varios escoltas al servicio de los periodistas los tenían vigilando bajo el Sol y la lluvia, sin permitirles pasar a utilizar el baño de sus casas. Añadió que a dos mujeres periodistas del Norte de Veracruz les retiraron la seguridad porque se les escapaban a los escoltas para pasear, lo que indicaba que no los necesitaban.
Lo cierto es que los policías de la Fuerza Civil entrevistados por esta reportera explicaron que anteriormente, en tiempos del Gobierno Estatal priista, los escoltas asignados a directores de medios por disposición de la CEAPP -debido a situación de riesgos- tenían un ingreso quincenal de 5 mil 800 pesos más 4 mil pesos mensuales de compensación y actualmente en el Gobierno panista de Yunes Linares, con Téllez Marié al frente de la SSP, se ha estandarizado el sueldo de los policías y no obstante estar asignados a algún director de medios de comunicación se mantiene ese mismo salario sin compensaciones.
Es más, en esta Administración el propio gobernador Miguel Angel Yunes Linares decidió quitar los escoltas asignados al diario El Buen Tono, a pesar de que un Juez ordenó mantener medidas cautelares para el edificio y el director del Periódico, hasta contar con resultados concluyentes de la investigación sobre el incendio a las instalaciones.
Así son las cosas en estos rumbos, si no, leamos las declaraciones del alcalde de Acayucan, Marcos Martínez Amador, quien ya desmintió que el reportero asesinado laborara en el área de Comunicación Social de ese Ayuntamiento y la Fiscalía Especializada en Atención a Denuncias contra Comunicadores del Estado ya corroboró por los medios que Gumaro no trabajaba, ni como reportero, ni como periodista, ni fotógrafo en El Golfo Pacífico o El Diario de Acayucan o El Liberal de Coatzacoalcos o la Voz del Sur (hasta dicen que lo anterior fue confirmado por su esposa), es más, una página Web de su autoría fue dada de baja hace algunos meses. Con una rapidez asombrosa, la Fiscalía Estatal concluyó que Pérez Aguilando formaba parte de un grupo delictivo que opera en el Sur del Estado y que lo ejecutaron por un ajuste de cuentas entre bandos contrarios y por tanto no tenía ninguna relación con la actividad periodística.
Mientras son peras o son manzanas, lo cierto es que la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) aceptó que desde 2015 Gumaro había solicitado estar en el Programa preventivo de agresiones, debido a las coberturas que realizaba, pero que nunca les había manifestado si recibió alguna vez amenazas. Hace apenas unos días se enteraron que el reportero había sido amenazado de muerte.
El ya enquistado en el puesto de Director Ejecutivo de la CEAPP, Jorge Morales, viajó al municipio de Acayucan para atender a la familia del reportero asesinado y recabar datos sobre el crimen, pero bueno, ya para que, sí dicen las autoridades que resultó malandro y por eso lo mataron.
Eso sólo sucede en la entidad veracruzana, donde está extraviado el Estado de Derecho, ya que el año pasado asesinaron a varios comunicadores: el primero fue Ricardo Monluí en la región de Córdoba. El segundo fue Edwin Rivera Paz, camarógrafo de Honduras que tenía unos meses refugiado en la Entidad, baleado en el municipio de Acayucan. Y después Gumaro Pérez Aguilando, quien, al parecer, cubrió secciones policiacas de manera ocasional en algunos medios.
Lo que hay que destacar es que, en ninguno de los casos, el fiscal general del Estado Jorge Winckler Ortiz ha presentado avances de las investigaciones o a los responsables de los asesinatos, y que o resultan asesinados por estar involucrados con el crimen o el narco, o simplemente los matan porque aquí, uno se muere a plomazos o a plumazos, evidenciando que la impunidad que prevaleció en los gobiernos del PRI, también es el distintivo del Gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares, empecinado en su proyecto familiar de nepotismo y sucesiones.
