Siempre que se habla de reforma energética, y siendo México un país productor y exportador de petróleo, hay quienes tratan de centrar toda la atención de la opinión pública en la operación de Petróleos Mexicanos y la renta petrolera que durante años ha servido tanto al presupuesto público. Desde luego que no es trivial lo que pueda suceder con Pemex. Sin embargo, restringir la cuestión energética a la renta petrolera resulta sumamente limitado. Hoy día, casi todas las naciones, pero especialmente las desarrolladas y las no petroleras, persiguen por lo menos tres objetivos en materia de energía: 1) eficiencia, 2) diversificación, y 3) reducción de emisiones.

Lograr una mayor eficiencia energética —producir más consumiendo menos energía— es un componente esencial del crecimiento económico y del desarrollo sustentable. Producir más energía siempre será más caro desde el punto de vista económico y más perjudicial desde el punto de vista ambiental, que controlar o reducir la demanda de energía y su consumo. En México existen enormes áreas de oportunidad para incrementar la eficiencia energética: mejorando la iluminación con focos ahorradores en lugar de focos incandescentes; sustituyendo electrodomésticos y sistemas de calefacción y ventilación; mejorando las normas de eficiencia de vehículos y las normas de construcción industrial y habitacionales; ampliando los sistemas de transporte público, etcétera. Estas acciones tienen el potencial de reducir hasta en un 70% la demanda de energía del país.

Buscar la diversificación energética —producir más energía con tecnologías alternas— debe ser un objetivo estratégico. Eventualmente la economía mundial va a depender mucho menos del consumo de combustibles fósiles y más de la producción de energía por medios alternos, por lo que resulta vital que nuestro país impulse desde ahora su diversificación tecnológica a fin de garantizar su transición energética. La diversificación resulta particularmente difícil para las naciones productoras y exportadoras de petróleo como la nuestra, toda vez que aún encuentran en los combustibles fósiles una enorme fuente de ingresos. No obstante, está claro también que el presupuesto público y el PIB deben depender cada vez menos de la renta petrolera y más del crecimiento del resto de sus actividades.

La obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero forma parte de compromisos internacionales y de leyes nacionales en materia de prevención, reducción y mitigación del cambio climático. Para lograrlo, además de las medidas de ahorro y eficiencia energética, se requieren grandes inversiones en el desarrollo de energías limpias. Si bien el gasto mundial en energías renovables aumentó seis veces desde 2004, aún resulta insuficiente. La desaceleración económica y la crisis financiera internacional han provocado una menor inversión en proyectos de energías renovables en Alemania, Inglaterra, España y EU. Pese a ello, existe evidencia de que con cantidades relativamente pequeñas de inversión pública es posible captar importantes montos de inversión privada para financiar proyectos de energías renovables.

La Estrategia Nacional de Energía 2013- 2026, presentada recientemente por el Ejecutivo federal, plantea clara y acertadamente los objetivos de diversificar fuentes de energía, incrementar la eficiencia en el consumo de energía, así como el reducir el impacto ambiental del sector energético. Además de seguir extrayendo y vendiendo petróleo y gas natural, la eficiencia, la diversificación y la reducción de emisiones son los temas relevantes de la política energética. Hay que tenerlo presente, pues ya se escuchan las mismas voces miopes que, como antesala del debate que viene, comienzan a pronunciarse en contra de la “privatización” de Pemex.