AGENCIAS
Dos exfuncionarias de Guerrero serían las “personas colaboradoras” que aportaron información a la FGR contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, detenido por presuntamente ocultar o destruir videos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ciudad de México.- Dos exfuncionarias de Guerrero, ambas adultas mayores, habrían declarado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, detenido por su presunta responsabilidad en el ocultamiento o destrucción de videos relacionados con el caso Ayotzinapa.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, se trata de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora de Justicia estatal.
Las fuentes señalaron que ambas habrían pactado un criterio de oportunidad con la FGR, en una carpeta de investigación distinta a los procesos que enfrentan.
Galeana Marín, de 81 años, se encontraba recluida desde mayo de 2025 por delitos relacionados con la administración de justicia y desaparición forzada de personas. La semana pasada obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria y fue trasladada a su domicilio en Chilpancingo.
Estrada Ortega, de 73 años, fue detenida en marzo pasado durante un cateo en su departamento, donde fueron asegurados cartuchos y presuntos medicamentos controlados. La diligencia también formó parte de las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.
La investigación apunta a la pérdida, ocultamiento o destrucción de los videos de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, grabaciones que presuntamente pudieron registrar el momento en que policías detuvieron el autobús en el que viajaban los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Aguirre enfrenta audiencia por el caso Ayotzinapa
El exgobernador Ángel Aguirre Rivero enfrenta este viernes su primera audiencia ante un juez federal tras su detención y traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
Durante la audiencia, la FGR deberá presentar formalmente los hechos que atribuye al exmandatario, así como los datos de prueba con los que busca sustentar su acusación.
Posteriormente, el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso. Aguirre también podrá solicitar la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas para que se resuelva su situación jurídica.
El caso forma parte de las nuevas investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
