Efraín Hernández
El Buen Tono
Córdoba.- Harta de la impunidad y del encubrimiento que durante años protegió abusos y omisiones, la ciudadanía de Córdoba llevó sus denuncias a instancias internacionales para exhibir el desastre heredado por las administraciones municipales, primero la de Leticia López Landero (2018–2021) y posteriormente la de Juan Martínez Flores (2022–2025), a quienes responsabilizan de daños patrimoniales, violaciones a derechos humanos y decisiones que hoy siguen sangrando las finanzas públicas, informó el presidente del Centro de Investigación Difusión e Implementación sobre Asociaciones Civiles (CIDIAC), Manuel Molina Gómez.
“Lo que estamos viendo es una cadena de irresponsabilidades que aquí nadie quiso tocar. El ORFIS ha sido omiso, le ha temblado la mano para actuar, y mientras tanto la ciudad fue destrozada sin que nadie respondiera”, lanzó Molina Gómez, al señalar que la ruta internacional fue la única salida ante el cierre de filas institucional en el ámbito local.
Durante el periodo 2018–2021, la gestión encabezada por López Landero dejó una estela de conflictos laborales derivados de despidos masivos ejecutados sin sustento legal. “Corrieron gente a diestra y siniestra, sin cuidar la ley, sin medir consecuencias, y hoy los tribunales les están dando la razón a los trabajadores. Ese dinero no lo van a pagar ellos, lo está pagando el pueblo”, acusó el representante de CIDIAC, al advertir que las resoluciones seguirán impactando las arcas municipales por años.
Posteriormente, en el periodo 2022–2025, la administración de Juan Martínez Flores no sólo mantuvo la inercia de desorden, sino que profundizó el deterioro. El caso del socavón en el río San Antonio es, para los denunciantes, una muestra brutal de negligencia. “Ese daño se pudo haber arreglado con 50 mil pesos, pero la indolencia y la incapacidad lo dejaron crecer. Hoy es símbolo del abandono y de la corrupción que imperó”, afirmó Molina Gómez.
La exigencia ciudadana no se detiene en los exalcaldes.
También se pide que enfrenten consecuencias quienes formaron parte de esas administraciones, como el exregidor Jonathan Rosas Blanco, la exsíndica Vania López González y la exdirectora de Hidrosistema, María del Rosario Palafox Aguilera, así como la exregidora Georgina Aguilar Sánchez, quien tuvo bajo su cargo Obras Públicas y Hacienda. “No pueden esconderse detrás de cargos menores; todos tuvieron responsabilidad y todos deben responder”, sentenció.
Además, subrayó que los casos documentados no sólo implican daño económico, sino violaciones a derechos humanos, razón por la cual CIDIAC decidió llevarlos ante cortes internacionales. “Aquí se violentaron derechos fundamentales y nadie hizo nada. Por eso salimos del país, porque aquí las instituciones fallaron”, sostuvo.
Finalmente, Molina Gómez advirtió que el objetivo es claro: obligar a que un órgano jurisdiccional ordene el pago y la reparación del daño. “La ciudadanía está haciendo lo que las autoridades no quisieron hacer: llevar hasta las últimas consecuencias estos abusos. Ya basta de impunidad disfrazada de trámite administrativo”, concluyó
