AGENCIAS
La Fiscalía General de la República (FGR) busca reunir elementos para imputar también por delincuencia organizada al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, detenido por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
De acuerdo con el expediente de la orden de aprehensión, cuya copia fue difundida por Latinus, la FGR aún realiza diligencias para acreditar la posible participación de servidores públicos con grupos delictivos que operan en Guerrero. El documento menciona a organizaciones como Guerreros Unidos y Los Rojos, señaladas por las autoridades por su actividad criminal en la entidad.
El expediente también incorpora declaraciones y señalamientos que buscan establecer posibles vínculos entre Aguirre y personajes relacionados con grupos delictivos. Entre ellos se menciona un testimonio atribuido a María Leonor Villa Ortuño, quien habría asegurado que integrantes vinculados con los Beltrán Leyva y Guerreros Unidos financiaron la campaña de Aguirre en 2011. Estas afirmaciones forman parte de las líneas de investigación y deberán ser acreditadas ante las autoridades correspondientes.
FGR acusa a Aguirre de ordenar presunta destrucción de videos
La FGR también señala al exgobernador por su presunta participación en la destrucción u ocultamiento de material videográfico relacionado con la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Por este motivo, el pasado 5 de agosto la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión dentro de la causa penal 291/2026. La orden fue autorizada ese mismo día y posteriormente cumplimentada contra Aguirre cuando circulaba por Periférico Norte, en la Ciudad de México.
El expediente incluye la declaración ministerial de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, quien se desempeñó como visitadora general del Consejo de la Judicatura de Guerrero durante la administración de Aguirre. Según su testimonio, en septiembre de 2014 recibió videos de cámaras de seguridad correspondientes a las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala y posteriormente informó al entonces gobernador sobre la existencia de ese material.
De acuerdo con la declaración incorporada a la investigación, Aguirre habría manifestado interés por conocer el contenido de los videos y posteriormente habría pedido intervenir ante funcionarios que tenían conocimiento de su existencia.
La FGR continúa con las investigaciones para determinar si existen elementos suficientes para acreditar la presunta responsabilidad de Aguirre en los delitos que se le atribuyen, así como su posible vínculo con otras personas involucradas en los hechos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.
