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Gastan millones en pésimas obras; corrupción de Juan Martínez

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Alejandro Aguilar

El Buen Tono

Córdoba.- Mientras el fideicomiso supera los 45 millones de pesos, la rehabilitación de la calle 9 exhibe fallas graves y serias irregularidades en la asignación de contratos.

La obra de la calle 9, ejecutada con 18 millones de pesos de este fondo, evidencia fallas que comprometen la seguridad peatonal. El problema más crítico son las guías podotáctiles, diseñadas para personas con discapacidad visual, que en la práctica conducen hacia postes eléctricos y se convierten en un riesgo para todos. La Fundación Roma denunció que nunca se consultó a la comunidad con discapacidad visual durante el diseño del proyecto.

A esto se suman cajones de concreto que obstruyen la visibilidad y el paso, generando molestias entre los comercios locales. Vecinos reportan que los materiales se vuelven peligrosamente resbaladizos con la lluvia.

La irregularidad trasciende el mal resultado final. El cableado subterráneo asociado al proyecto, con un contrato de 26 millones de pesos, fue adjudicado a Ana Patricia Rodríguez de la Vega, una contratista sin experiencia comprobada en obras públicas de esta envergadura.

Su trayectoria conocida se limita a la operación de una ferretería en Sumidero, Ixtaczoquitlán, y su único antecedente en contratación pública data de 2020, cuando recibió tres asignaciones irregulares en el municipio de Amatlán.

La licitación estatal OP/COR/2024/002-LPE, avalada por el director de Obras Públicas, Abner Arturo Ceballos Lozano, omitió exigir los comprobantes de experiencia, un requisito establecido en la propia convocatoria. Esta omisión permitió que Rodríguez de la Vega recibiera un anticipo de 13 millones de pesos, sin que el municipio transparentara las fianzas de cumplimiento.

Estas fallas técnicas son particularmente graves, ya que el proyecto debe cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE, que exige especificaciones rigurosas para instalaciones eléctricas.

La inversión refleja una planeación deficiente, supervisión laxa y una alarmante desconexión con las necesidades ciudadanas, dejando como saldo un espacio inseguro y millones mal invertidos.

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