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Córdoba.- Para el asesor de la Coalición de Transportistas del Estado, Carlos Fidel Demuner Pitol, la disposición del Tribunal Federal de responsabilizar a transportistas en cubrir gastos por asaltos a pasajeros no es factible.
Pues claro que para él no es factible, porque el seguro obligatorio que ordena la Ley de Tránsito del Estado de Veracruz, que cada autobús debe contar para respaldar los daños a terceros tampoco la cumple.
Todos sus autobuses circulan violando esta ley en complicidad con las autoridades.
Además, se ostenta como líder de los transportistas en la zona y se aprovecha de sus rutas exclusivas en poblaciones, como la zona de Tezonapa y Cosolapa, elevando las tarifas a presión por arriba del 70 por ciento de los precios comerciales, además que son lugares donde existe demasiada pobreza.
Las líneas de este quejoso no cumplen siquiera con la Ley de Tránsito estatal, que obliga a todos los autobuses a contar con seguro contra daños a terceros (por choques) y cuando colisionan sus unidades, sus “gestores —que no son otra cosa que delincuentes con títulos de abogados—” hacen marrullería y media para torcer la ley y no pagar los accidentes, cuando se ven involucrados sus autobuses con algún otro vehículo.
Prueba de ello es cuando una de sus unidades, sin seguro contra daños a terceros, chocó contra el automóvil del ingeniero Eduardo Tobalina hace dos años, y jamás le pagaron los daños, haciéndolo dar mil vueltas y nunca le liquidaron lo correspondiente. Pero “el líder transportista” se siente intocable, corrompiendo a las autoridades y por eso sus unidades circulan ilegalmente, sin la póliza de seguro contra daños a terceros.
El cínico declara que es inviable pagar daños por atracos, cuando no paga ni los que ocasionan sus autobuses en sus accidentes. A sus empresas deberían aplicarle la Ley de Tránsito y el gobierno debería promover la competencia en su zona de control que es Tezonapa y sus alrededores, para que bajaran las tarifas a precios comerciales, pues los está asaltando con esos costos, es un robo en despoblado y cuenta con la complacencia del Gobierno que lo protege y solapa.
