En el caso del Duartegate, el gobernador que al igual que Richard Nixon fue obligado a renunciar, el Partido Revolucionario Institucional se ha visto lento, muy lento, como si estuviera viendo la película en una sala de cine, como mero observador.
Aunque muchos opinan que a Javier Duarte le tiene sin cuidado el que al final de cuentas lo expulsen del PRI, pues es seguro que en su vida volverá a ocupar un cargo de elección popular, luego de pasar a la historia política como el peor y más sinvergüenza gobernador de Veracruz.
Si lo que se pretende es deslindar al partido de los actos de corrupción de sus militantes, pues por principio de cuentas, se debe de empezar por expulsar al cabecilla de la banda y como dijo el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, “bienvenidas las investigaciones de las autoridades federales y el ejercicio de rendición de cuentas contra Javier Duarte y quienes resulten responsables, por los actos que han lastimado a los veracruzanos y a los mexicanos”.
Pero en el caso del desvío multimillonario de recursos públicos, no es Javier Duarte de Ochoa el único implicado, hay una larga lista de exfuncionarios, que ahora casualmente forman la bancada de Diputados Federales en el Congreso y en consecuencia tienen fuero para no ser detenidos por la Procuraduría General de la República.
Además, casi todos, en sus mentes guajiras, sienten que pueden seguir en su ascendente carrera política, para algún día, muy lejano, por cierto, llegar a ser candidatos a Gobernador del Estado.
Entonces, no se explica por qué la lentitud en el actuar, del Comité Directivo Estatal del PRI, que actuando en consecuencia con el discurso de su Presidente nacional, debió de haber iniciado ya también el proceso de expulsión de todos esos funcionarios corruptos de la Administración Duartista que no sólo han causado indignación, sino que han lastimado a todos los veracruzanos.
El fuero de nuestros flamantes Diputados Federales no aplica para su militancia partidista, por lo que no es necesario esperar a que se les dicte orden de aprehensión.
No es válido el argumento de que son inocentes, hasta que no se les demuestre y castigue por sus culpas.
En buena parte, la derrota que tuvo el PRI en el Estado de Veracruz, se debió a esos Diputados Federales, quienes en su momento, como lo demuestran las empresas fantasmas y el desvío de más de 54 mil millones de pesos en la Administración, aprovecharon sus puestos para hacerse multimillonarios, con infinidad de propiedades, en México y el extranjero.
Las mismas causas que el PRI nacional apuntó para la expulsión de Javier Duarte, son aplicables también para los otros exfuncionarios y ahora poderosos Diputados Federales y Locales: atentar contra la unidad del partido, realizar acciones contrarias a los lineamientos priistas y cometer actos de falta de probidad o delitos en funciones públicas encomendadas.
A ver cuándo se ponen las pilas y empiezan a actuar en consecuencia, en congruencia, más allá del discurso y la declaración mediática.
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