Los exitosos, en muchos ámbitos, primeros cien días de la administración Peña Nieto no deberían ocultarnos algunos capítulos que siguen siendo motivo de preocupación y que pueden torpedear todo lo hecho en otras áreas.
La seguridad sigue siendo la mayor preocupación de la población, y si bien se ha reducido el número de muertos en el mes de febrero, la cifra sigue siendo escandalosamente alta, más de 900. No es algo que se pueda disminuir de la noche a la mañana, más aún cuando según distintos estudios, en ciertas regiones del país (Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, entre otras) se ha exacerbado la guerra entre distintos grupos criminales. Sin embargo, hay acciones que son muy preocupantes, un ejemplo es el hostigamiento que están sufriendo distintos medios de comunicación: El Siglo de Torreón, El Diario de Chihuahua, el Zócalo de Coahuila, un portal en Tamaulipas, otro en Ojinaga, entre otros, han sufrido ataques, amenazas, secuestros de sus trabajadores y ello ha obligado al Zócalo, por ejemplo, a decidir no cubrir la información relacionada con la delincuencia. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, con la representación presidencial en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Puebla, aseguró que se garantizarán las condiciones para el pleno ejercicio de la libertad de prensa. Y está muy bien. Pero lo cierto es que en varios puntos del país esa protección debe hacerse más presente.
Otro tema que se ha disparado, creciendo sobre todo la cifra negra, es el secuestro. Hay varios lugares del país donde el mismo está aumentando en forma más que preocupante. Sobre todo porque, como decíamos, se trata de secuestros de relativamente corta duración que no se están denunciando. Ocurre en muchas ciudades, incluyendo, sobre todo, la periferia de la Ciudad de México, sus municipios conurbados, en Tampico, en Torreón y la Comarca Lagunera, así como en Monterrey.
Quizás el mayor logro de estos 100 días para el gobierno federal ha sido sacar adelante la reforma educativa, pero allí sigue habiendo focos rojos que deben atenderse. Una cosa es todo lo sucedido en torno a Elba Esther Gordillo y el SNTE, y otra la creciente radicalización de los grupos de la Coordinadora. El propio secretario Chuayffet, en declaraciones en la reunión de la SIP, dijo que los maestros que no den clases podrán perder su salario y su puesto. Y por supuesto que está muy bien, pero lo cierto es que en las últimas semanas han estado constantemente paralizadas las escuelas de Oaxaca, Michoacán y Guerrero y si analizamos lo sucedido en los tres últimos años en la sección 22 de Oaxaca, vemos que se han perdido, por una u otra causa, un año de clases. Los niños y su educación no pueden ser rehenes de este tipo de movimientos políticos: las normas, se supone, deben ser para todos.
Y hablando de educación, en un tema que no involucra directamente al gobierno federal (sí al del DF), pero que debería estar dentro de esa lógica general de la reforma educativa, lo que sucede en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es sencillamente vergonzoso. Esa institución académica, si así se le puede llamar, creada hace diez años, en la administración López Obrador, ha servido para todo menos para ser una alternativa de superación para los jóvenes estudiantes: en diez años ha tenido apenas 38 alumnos egresados de la licenciatura y se ha convertido en una suerte de refugio militante de distintas fracciones que se escenifica en el enfrentamiento por el control de la rectoría, una lucha que en última instancia es entre el PRD y el Morena. Mientras tanto, hace semanas que esa universidad no tiene clases, pero sigue despilfarrando los recursos públicos.
El gobierno federal ha comenzado a tomar cartas en uno de los aspectos más preocupantes de los últimos meses: el surgimiento de grupos de autodefensa. En Buenavista Tomatlán, en Michoacán, fueron desarmados y detenidos más de 50 integrantes de un grupo que en realidad era parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, aliados con el Chapo Guzmán. Muchos de los otros que han aparecido tienen características similares. Otros, sobre todo en Guerrero, son parte de organizaciones como el ERPI y los que han surgido, por ejemplo, en Venustiano Carranza, en Chiapas, del EPR. No estaría de más, en ambos casos, reiterarles a sus integrantes la conveniencia que integrarse a la vida política pública de sus regiones y municipios.
Y mientras sale adelante la estrategia nacional de energía que sentará las bases para la transformación en el sector, habría que recordarles en Pemex, por ejemplo, que no todas las licitaciones y nuevos contratos deben ser para empresas españolas, que las hay también mexicanas, y muy eficientes.
