AGENCIA
Ciudad de México.- La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles generó opiniones encontradas durante la séptima mesa de diálogo realizada en el Congreso local, donde ciudadanos pidieron distinguir entre pequeños propietarios y grandes empresas inmobiliarias, además de evaluar los posibles efectos de la regulación sobre la oferta y los precios de vivienda.
Durante el encuentro, Mónica Sánchez, del edificio Isabel en Tacubaya, advirtió que no debe darse el mismo trato a quienes construyeron un patrimonio con años de trabajo y dependen de una renta para sostenerse durante la vejez que a los grandes consorcios inmobiliarios.
También cuestionó los incentivos propuestos para las empresas que ofrezcan contratos multianuales y pidió revisar los beneficios que recibirían los propietarios de numerosos inmuebles con elevados ingresos por arrendamiento.
En sentido contrario, Tomás, estudiante de Economía de 23 años, expresó preocupación por el impacto que podría tener la iniciativa en la inversión y disponibilidad de vivienda. Advirtió que una regulación que reduzca el atractivo de construir o adquirir departamentos para renta podría limitar las opciones para los jóvenes que buscan independizarse y presionar los precios al alza.
El estudiante cuestionó si existe algún estudio que mida las consecuencias económicas de la propuesta antes de avanzar con su aprobación.
Por su parte, Eduardo Aguirre, vecino de la alcaldía Gustavo A. Madero, defendió la intervención del Estado para corregir las distorsiones del mercado y frenar la especulación inmobiliaria. Mencionó las diferencias en los precios de renta entre las colonias Vallejo e Industrial, así como los efectos de las plataformas de alojamiento temporal.
Lizet Mejorada, también del edificio Isabel en Tacubaya, rechazó que el mercado pueda regular por sí mismo la relación entre propietarios e inquilinos y pidió a los diputados mantener la protección de los arrendatarios frente a las presiones del sector empresarial.
Durante la mesa, la diputada de Morena, Elizabeth Mateos, reconoció las dificultades que enfrentan los jóvenes para acceder a una vivienda y señaló que, según datos expuestos por ella, apenas 3 por ciento de las personas en la capital puede comprar una casa mediante un crédito hipotecario privado.
La legisladora también refirió que empresarios han señalado una sobreproducción de vivienda, aunque los altos costos del suelo y de los inmuebles dificultan su comercialización. Añadió que el encarecimiento de las rentas y de las propiedades obliga a numerosas familias a abandonar sus barrios e incluso la Ciudad de México para buscar alternativas en zonas periféricas.
En tanto, Yolanda García Ortega, diputada del Partido Verde Ecologista de México, consideró necesario definir con precisión el alcance de la legislación y establecer diferencias entre las grandes empresas que rentan departamentos de lujo y las personas cuyos ingresos para el retiro dependen del arrendamiento de una vivienda.
Aunque reconoció que la propuesta puede perfeccionarse, sostuvo que debe conservar como objetivos la protección del arraigo comunitario y la estabilidad habitacional.
El debate refleja las diferencias sobre cómo regular el mercado de alquiler en la capital: proteger a los inquilinos frente al encarecimiento de la vivienda sin generar condiciones que reduzcan la oferta o perjudiquen a los pequeños propietarios.
Es gratis. Solo escribe tu correo y presiona Sign Up para suscribirte.
