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Nacional.- La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, presentó una iniciativa de ley para sancionar a servidores públicos que “faciliten, protejan, colaboren, proporcionen información, recursos o auxilio” a miembros de grupos criminales, estableciendo penas de hasta 40 años de prisión y juicio político para los implicados.
La propuesta busca agregar el artículo 123 Bis al Código Penal Federal para castigar a legisladores, ministros, magistrados, jueces, consejeros del Instituto Nacional Electoral, así como a miembros de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades asimiladas y fideicomisos que incurran en este delito. Además de la pena de cárcel, los sancionados serían destituidos e inhabilitados de forma permanente para ocupar cargos públicos, y sus bienes adquiridos ilícitamente serían decomisados.
La iniciativa también contempla que los sentenciados no puedan acceder a beneficios de preliberación, libertad condicional o sustitución de la pena, y sean recluidos en centros penitenciarios de máxima seguridad bajo estrictas medidas de resguardo.
Téllez argumentó que existen múltiples evidencias de vínculos entre funcionarios y grupos criminales, citando casos recientes como el de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, y Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlahuacán, quienes fueron captados en video reunidos con un presunto líder criminal conocido como “El Barbas”. Aunque el gobierno federal anunció una investigación, hasta el momento no se ha informado sobre sanciones contra estos funcionarios.
