Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- Tras la visita de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial a los juzgados de Orizaba desencadenó el primer movimiento, el relevo del juez Juan Luis Mendoza Rosas, titular del Juzgado Penal de Orizaba, quien durante meses había tenido reiteradas acusaciones por actos de corrupción, tráfico de influencias y favorecimiento a familiares en procesos judiciales.
El juez fue reubicado en el Distrito Judicial de Córdoba, concretamente en el Juzgado Penal anexo al Centro de Reinserción Social de Amatlán, una medida que, aunque oficialmente se enmarca en un reacomodo administrativo, ha sido interpretada por litigantes como un correctivo disciplinario que debe terminar en sanción.
Sin embargo, abogados postulantes y usuarios del sistema de justicia exigieron que las revisiones del tribunal disciplinario se conviertan en auditorías sorpresa, es decir sin previo aviso, que permitan constatar en tiempo real el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
“No basta con mover a un juez de sede. Lo que necesitamos es que los magistrados lleguen sin anunciarse, revisen expedientes, escuchen a las partes y vean cómo se tramitan los casos. Solo así se podrán detectar las malas prácticas que denunciamos desde hace años”, señaló un litigante.
Durante los últimos meses, decenas de quejas ciudadanas y publicaciones en redes sociales han señalado retrasos injustificados en la resolución de expedientes, sentencias con aparente sesgo y la intervención de personal cercano al ahora exjuez, en asuntos que debían ser resueltos con imparcialidad. Estas inconformidades, pese a ser reiteradas, no habían generado acciones contundentes hasta la reciente visita de los magistrados.
Los abogados, además, piden que el Tribunal de Disciplina Judicial instale un mecanismo permanente de escucha directa a justiciables, defensores y representantes legales, pues son ellos quienes padecen a diario las consecuencias de posibles irregularidades.
“La justicia no puede ser una caja negra. Si hay denuncias, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias y, en caso de comprobarse faltas, sancionarse con todo el peso de la ley”, destacaron.
