Cuando el servicio colapsa, la autoridad culpa a la ciudadanía.
De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- El Ayuntamiento de Córdoba gasta hasta 92 millones de pesos anuales en un servicio de recolección de residuos que mantiene a la ciudad en crisis. Con calles inundadas de desechos y un parque vehicular en abandono, los cordobeses pagan con sus impuestos un sistema que beneficia a unos cuantos contratistas.
El gobierno municipal de Manuel Alonso Cerezo ha convertido la excepción en la regla. Durante el primer trimestre de 2026, de 17 contratos firmados, 14 fueron asignados mediante adjudicación directa, ninguno pasó por licitación pública. El monto total comprometido en esos tres meses asciende a casi 120 millones de pesos.
El padrón de proveedores se reduce a los mismos nombres de la administración de Juan Martínez Flores (2022-2025), lo que sugiere una continuidad en las prácticas de contratación.
El 16 de enero de 2024, el Ayuntamiento firmó cinco contratos simultáneos bajo la figura de “adjudicación directa por excepción de ley”. Ese día, sin pasar por proceso de licitación, se acordó el arrendamiento de 13 camiones compactadores con Transportes Mortera por 22.46 millones de pesos. Esta empresa ha rentado camiones recolectores al municipio durante al menos cuatro años consecutivos.
Paralelamente, se entregaron contratos a LOYCORP, Financiera Sobre Ruedas, Cuenta a la Inversa y Rafael Heredia Fuentes para el traslado de residuos al relleno sanitario de Nogales, cada uno con un monto máximo de 14 millones de pesos. Heredia Fuentes ya había sido beneficiario de contratos en Coscomatepec por más de 5.7 millones durante la administración 2018-2021, donde es hermano del yerno del exalcalde. El ORFIS consideró esas adjudicaciones como posible daño patrimonial.
En 2026, el círculo se repite.
Transportes Mortera regresa con un contrato de arrendamiento por 20 millones de pesos, el mismo monto que en 2024. Paralelamente, ELM Transportes, S.A.P.I. de C.V. aparece por primera vez en los registros con un contrato de 7.5 millones para el traslado de residuos, pero opera desde el mismo polígono rural donde se ubica Trabal, empresa señalada como propiedad del actual alcalde. El domicilio compartido permite la transferencia de vehículos y personal sin dejar rastro en los registros públicos.
La misma lógica aplica para la disposición final. Procesadora de Residuos Veracruzanos y Materiales Oconit recibieron contratos por 20.8 millones de pesos cada uno para recibir la basura de Córdoba. Son dos empresas distintas que operan en rellenos sanitarios diferentes, pero ambas fueron designadas por adjudicación directa.
El modelo de arrendamiento utilizado es oneroso.
Un camión compactador nuevo cuesta entre 1.5 y 2.5 millones de pesos. El monto comprometido solo en el contrato de arrendamiento para 2024, superior a los 22 millones de pesos, equivaldría al valor de entre 9 y 15 camiones nuevos, que pasarían a formar parte del patrimonio municipal. En cambio, el contrato estipula que los vehículos deben ser devueltos al finalizar el año. La responsabilidad total del mantenimiento recae en el proveedor, pero el municipio paga y el contratista mantiene.
