DE LA REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Córdoba.- Lo que comenzó como un accidente laboral terminó convirtiéndose, para Lizett Aguilar, en meses de dolor, diagnósticos que considera erróneos, retrasos y dificultades para recibir atención especializada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Córdoba, por lo que ahora exige que su caso sea investigado y que se revise a fondo su expediente médico. La empleada de un restaurante exige ahora que su caso sea investigado y que se revise a fondo su expediente médico.
El 17 de septiembre de 2025 sufrió un accidente en el brazo y hombro mientras trabajaba. Ese día acudió a Urgencias, donde el médico Mario Johana Salazar Gil le realizó radiografías y diagnosticó un esguince, aunque, según su relato, no se efectuó una exploración física precisa. “El médico estableció un pronóstico malo para la función, me otorgó el ST-7 y me indicó acudir a la Clínica 61 con mi médico familiar”, relató.
Al día siguiente, 18 de septiembre, acudió a la Clínica 61 con el médico familiar Humberto Hernández Cano. Para entonces ya presentaba dolor e inflamación considerables, pero durante meses se le señaló que no tenía una lesión grave. Recibió incapacidades de siete días, pero no fue canalizada a Traumatología, pese a que los síntomas continuaban.
Ante la falta de mejoría, insistió en ser valorada por un especialista. Finalmente, el 9 de diciembre, fue atendida por el traumatólogo Saúl Miguel Ángel de la Trinidad Hernández, quien, de acuerdo con su testimonio, determinó que presentaba una fractura. Sin embargo, el 30 de enero fue dada de alta porque la fractura ya había consolidado, pero su brazo seguía con dolor y limitación de movimiento. Posteriormente, el médico Héctor Miguel Bravo Rivas realizó una exploración física y solicitó una resonancia magnética. Los estudios revelaron una ruptura del tendón supraespinoso que requería cirugía.
El caso llegó al COCOITT, donde el director Rubén Xicohtencatl Sánchez Aponte, según Aguilar, le planteó aceptar una valoración invasiva y le dijo que “si no encontraban nada, debía quedarme callada”. También denunció comentarios discriminatorios por su peso. El caso avanzó tras la intervención de la subdirectora Diana Meunier Ixtla y el jefe de Traumatología, Carlos Said de los Santos.
Fue sometida a cirugía el 29 de junio de 2026, después de meses de dolor. Los médicos le informaron que el tiempo transcurrido complicaría su recuperación y podría dejar secuelas. Sin embargo, Aguilar manifestó inconformidad porque la doctora Aída Camarillo Gamboa, sin haberla valorado, solicitó que no se le otorgaran más incapacidades y que fuera dada de alta.
Ante esto, Lizett Aguilar solicita que las autoridades del IMSS investiguen el procedimiento médico desde el accidente, revisen su expediente y determinen si hubo irregularidades en el diagnóstico, seguimiento y tratamiento. La afectada sostiene que la demora en recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado tuvo consecuencias en su recuperación y cambió su vida cotidiana. Por ello, pide que su caso no quede únicamente como una inconformidad administrativa y que se determinen las responsabilidades que correspondan, en caso de comprobarse alguna irregularidad en su atención.
