De la redacción
El Buen Tono

El gobierno del presidente Donald Trump adoptó una nueva interpretación jurídica que establece nuevas obligaciones para los estados de Estados Unidos en materia migratoria y contempla posibles consecuencias sobre determinados fondos federales.

La disposición, dada a conocer este miércoles, señala que los estados deberán reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la presencia de migrantes. En caso de no cumplir con esta medida, podrían enfrentar el riesgo de perder recursos federales destinados a los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Ambos programas forman parte de la red de apoyo para familias de bajos ingresos, así como para adultos mayores y personas con discapacidad.

La nueva interpretación modifica una opinión jurídica emitida en 1998 por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia. En ese momento, la obligación de proporcionar información a las autoridades federales de inmigración correspondía únicamente a las agencias estatales encargadas de administrar los programas TANF y SSI.

Con la revisión, el Departamento de Justicia amplió la obligación de reportar a personas indocumentadas a todos los estados, y no únicamente a las dependencias responsables de esos programas.

El fiscal adjunto T. Elliot Gaiser explicó que los recursos públicos destinados a apoyar a sectores vulnerables deben utilizarse conforme a las leyes federales y dentro de las políticas establecidas por el gobierno.

La medida forma parte de las acciones de la administración Trump para reforzar la aplicación de las leyes migratorias y la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Se espera que el nuevo dictamen sea llevado ante los tribunales, donde se determinará su alcance y aplicación.