Por Andrés Timoteo / columnista
“OFICIALMENTE” EN GUERRA
A la vista de los expertos, México está formalmente en guerra. La prestigiada Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos acaba de clasificar los enfrentamientos del Ejército mexicano con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como un “conflicto bélico no internacional”, es decir que no es una guerra entre Estado-naciones, pero sí entre un ente de gobierno y un grupo contrario que causa bajas enormes –muertos cuantiosos-.
Los investigadores suizos consideran que el CJNG, surgido apenas en el 2010 luego de la escisión del Cártel de Sinaloa, hoy tiene la capacidad suficiente en agresividad, sicarios y armamento para enfrentar a la milicia mexicana. El CJNG está liderado por el escurridizo Nemesio Oseguera Ramos, apodado “El Mencho”.
Así, hay guerra en México y deberían aplicarse los protocolos internacionales, entre ellos la Convención de Ginebra de 1949, a fin de establecer reglas básicas de protección humanitaria, principalmente para la población civil. En el 2007, cuando el presidente Felipe Calderón inició la embestida contra el tráfico de droga, usó la palabra “guerra” (contra el narcotráfico), aunque después quiso eliminarla del discurso oficial sustituyéndola por “estrategia”.
Empero, en la realidad fue una guerra declarada desde el Estado que afectó a todo el territorio nacional y a los más de 100 millones de mexicanos que son los que están pagando las consecuencias de esa sinrazón porque conllevó a una violencia inaudita -ya van 200 mil muertos, miles de secuestrados y 40 mil desaparecidos- y no bajaron en nada ni el trasiego ni la venta ni el consumo de estupefacientes.
Pues bien, aunque la Academia de Ginebra pide protocolizar el conflicto armado no internacional en México, poco eco tendrá dicha recomendación dado que este tipo de situaciones se caracterizan por carecer de reglas y mucho menos de la intención de los criminales para respetar lo esencial de los Derechos Humanos. Al “conflicto bélico no internacional” también se le conoce como guerras “del tercer tipo”, “de baja intensidad” o “irregulares”.
Estas no se sujetan a ningún marco jurídico pues no hay frentes ni campañas ni bases ni uniformes -en el caso de los criminales- ni límites territoriales. Por supuesto, no aplican las leyes de neutralidad ni los sitios-santuarios ni la observación mínima de las garantías humanitarias. En pocas palabras, los sicarios del narcotráfico no respetan la vida y la tortura de los capturados –“levantados” en el argot criminal- es un instrumento común e incluso sirve como propaganda del terror.
Para ellos no hay intocables, lo mismo secuestran, torturan, asesinan o desaparecen a niños y jóvenes que a mujeres y ancianos. Ricos y pobres -mientras no paguen- están en la misma línea de ser víctimas al igual que todas las profesiones y credos. Nadie está a salvo porque la “guerra irregular” se rige por la ganancia financiera y la regla de exterminar a la competencia o a los que se interpongan en los negocios.
Eso es lo que se vive en México, una guerra del tercer tipo y la población civil está en medio, en la indefensión total pues las fuerzas armadas en muchas ocasiones también son arietes contra el pueblo. No obstante, en ámbito del estudio sociológico y de preparación para el futuro, la clasificación de la Academia de Ginebra tiene utilidad. También para que los organismos internacionales volteen a ver a México, sepan de su crisis humanitaria y lo ayuden a salir del infierno.
EL SUR BAJO FUEGO
En este contexto de guerra, Veracruz es territorio de batallas del CJNG desde el sexenio de Javier Duarte de Ochoa. En el gobierno del innombrable, la Entidad fue entregada a Los Zetas, otro de los carteles extremadamente sanguinarios, pero que actualmente está disminuido. Las refriegas del CJNG contra bandas rivales y las fuerzas policiacas y militares ha dejado un reguero de sangre.
Pese a que la disputa está generalizada en todo el territorio estatal, actualmente las zonas centro y sur del Estado son los puntos más álgidos en esa guerra criminal. El conteo mortal iniciado en diciembre pasado, con el inicio del nuevo Gobierno Estatal, ya alcanzó los 360 muertos, 80 secuestros y casi 50 feminicidios.
Cuando hay este escenario también se dan los llamados “puntos de quiebre” que son momentos en que se rompe la gobernabilidad porque la delincuencia se apodera y controla territorios, y la autoridad se ve minimizada e incapaz de enfrentarla. En Veracruz, desde la semana pasada se suscitó una situación de esas en la zona sur por el secuestro y asesinato de la empresaria Susana Carrera en Coatzacoalcos cuyo cadáver apareció mutilado y con un mensaje del crimen organizado.
No es el primer plagio con asesinato cruel de la víctima, pero sí uno que torció la relación entre la sociedad civil y la autoridad. Empresarios, activistas, académicos, estudiantes, líderes religiosos y ciudadanos en general están enardecidos y culpan a dos entes, al ayuntamiento y a la Administración estatal. Al presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, de Morena, incluso lo amagan con presentar una petición de juicio político por la desidia en el tema de la inseguridad.
El fin de semana, una multitud salió a las calles de Coatzacoalcos para exigir que las autoridades reaccionen y asuman su responsabilidad en el combate a la delincuencia. El caso de la empresaria Carrera recuerda lo sucedido en el puerto de Veracruz en mayo del 2015 con la jovencita Columba Campillo González, de 16 años, que fue plagiada cuando hacía ejercicio en el bulevar Manuel Ávila Camacho y su cadáver apareció dos días más tarde en un lote baldío de Boca del Río.
También en ese entonces la indignación popular se extendió por toda la Entidad y puso en jaque al gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Tampoco era -ni fue- el primer plagio y homicidio con saña, pero colmó la paciencia de los porteños que se volcaron a las calles para reclamar que las autoridades hicieran su trabajo o se fueran. ¡Si no pueden, renuncien!, se repetía por doquier. Ahora eso se repite en Coatzacoalcos que está en llamas.
La diferencia en esos dos “puntos de quiebre” es temporal. A Duarte le llegó al quinto año de su sexenio mientras que ahora se da a menos de tres meses de iniciada su gestión. Otra diferencia es que el reclamo ahora incluye a una autoridad municipal específica, la de Carranza Rosaldo, quien lleva 14 meses de funciones sin dar resultados en nada. Al contrario, se muestra indolente. En días pasados convocó a una mesa por la famosa Coordinación para la Construcción de la Paz y la amenizó con música a todo volumen.
Esto generó indignación entre los asistentes porque mientras la ciudad está de luto por el baño de sangre, el Edil hacía fiesta como si fuera una kermés. Lo abuchearon y lo encararon exigiéndole respeto y que asumiera su responsabilidad en la crisis por la violencia. Se supo que, ante la ira popular, el alcalde Carranza corrió a la Ciudad de México a pedir audiencia con el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, para solicitar apoyo de las fuerzas federales para tratar de apagar el fuego en Coatzacoalcos.
