México, D.F.- De acuerdo con un estudio del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), algunos ex presidentes de México reciben hasta 205 mil pesos al mes de pensión vitalicia. Otros, como Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari, renunciaron a este apoyo, y únicamente reciben cada mes 10 mil 476 pesos que cubre la parte de su seguro de vida y gastos médicos mayores.
Las prestaciones para los ex presidentes benefician también a sus familiares, como es el caso de la actriz Sasha Montenegro, viuda del ex presidente José López Portillo, que asciende a 73 mil 166 pesos mensuales.
La polémica por el gasto que genera mantener a los ex presidentes resurgió cuando se conoció que el último día de su mandato, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa modificó el Reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP) para garantizar la seguridad de los ex presidentes y la de sus familias.
Ernesto Villanueva, investigador de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que México es el país que más recursos económicos destina al pago de salarios y servicios de sus ex presidentes.
De acuerdo con una investigación, un ex mandatario mexicano recibe en promedio 2 mil 667 salarios mínimos mensuales, sin contar bonos y otras prestaciones.
Dichos recursos superan por mucho a los 127 salarios mínimos que percibe un ex presidente sudafricano. Incluso, al comparar a México con otros países de América Latina y con similar poder adquisitivo, la cifra se dispara. Por ejemplo, el país que sigue a México por costo de sueldo y prestaciones a ex presidentes es Colombia, con 38 salarios mínimos.
Villanueva aseguró que los ex presidentes mexicanos tienen una bolsa de 5 millones de pesos su pensión vitalicia, además de los apoyos que reciben por concepto de apoyos de seguridad y ayudantes con personal del EMP.
Además de la pensión vitalicia, los ex mandatarios mexicanos cuentan con servicios de seguridad permanente para él y su cónyuge, con un promedio de 67 elementos de las Fuerzas Armadas. Mientras que en países como Dinamarca, Chile o Canadá, no existe un número previsto para la seguridad de sus ex gobernantes.
AGENCIAS
