Xalapa, Ver.– Con corte al 31 de mayo, en Veracruz se han dado 14 preliberaciones a personas privadas de su libertad en Centros de Readaptación Social por la pandemia de COVID-19.

Además, se tienen en análisis otros 5 casos, según información de la Dirección General de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.

El Informe de Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19 destaca los mecanismos de preliberación establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP).

Sólo en el mes de mayo, en el país se tiene reportado un total de mil 176 personas beneficiarias de mecanismos de liberación y se encuentran en proceso de estudio 3 mil 719 casos más en 25 Estados.

El informe destaca la situación del Estado de México, que implementó un programa especial en esta materia.

Según los datos, través de mecanismos de preliberación establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), dicha entidad ha puesto en libertad a 184 reos y les fue otorgada la libertad condicionada con el uso de brazaletes electrónicos a mil 864 personas.

Los estados en revisión de casos de Personas Privadas de su Libertad que se tiene previsto salgan ante el contexto COVID están en Morelos, con mil 200; Baja California, con 507; Nuevo León, con 467; Guanajuato, con 342; Sonora, con 252; Ciudad de México, con 121; Quintana Roo, con 120 y Oaxaca, con 102.

Además, Baja California Sur, con 58; Michoacán, con 50; Nayarit, con 44; Jalisco con 30; Campeche, con 22; San Luis Potosí, con 13; Tlaxcala, con 8; Veracruz, con 5; Tamaulipas, con 4 y Yucatán, con 3.

Las entidades que no tienen registro de ningún proceso de preliberación son Aguascalientes, hasta el 31 de mayo, Chihuahua, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Tabasco.

Se detalla que en México existen actualmente alrededor de 185 mil personas privadas de su libertad (PPL), las cuales se encuentran en especial vulnerabilidad ante un contagio y hay factores de riesgo adicionales como lo son mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Al corte del 31 de mayo se tenían datos de fuentes abiertas de un total de 228 casos confirmados de COVID-19 en centros de reclusión, 14 defunciones y 168 casos de contagio por confirmar, de los cuales 141 son del Estado de México y 27 del Baja California.

Sin embargo, con corte al primero de julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reportó 660 casos confirmados acumulados; 251 sospechosos y 104 decesos, así como 3 riñas en los Centros Penitenciarios del país.

En el caso de Veracruz, se reportan 5 casos positivos; 8 sospechosos y una defunción, los cuales corresponden al Centro de Readaptación Social Federal (CEFERESO) 5 en Villa Aldama.