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AGENCIA

Quito.- Un grupo de pescadores ecuatorianos presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para exigir una indemnización por un ataque con drones militares que destruyó su embarcación en el océano Pacífico en marzo pasado y dejó a varios tripulantes con lesiones graves.

La acción legal fue interpuesta ante un tribunal federal en Pittsburgh, Pensilvania, por los integrantes de la tripulación del barco pesquero Negra Francisca Duarte II, quienes también solicitaron una orden judicial para que Estados Unidos detenga los ataques letales contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con la demanda, dos drones armados, presuntamente lanzados desde una embarcación operada por Estados Unidos, atacaron el barco y provocaron un incendio que causó quemaduras graves a dos de los 16 tripulantes.

Los pescadores relataron que, ante las llamas, todos tuvieron que abandonar la embarcación y lanzarse al mar. Posteriormente lograron abordar pequeñas lanchas de emergencia y buscar ayuda en una embarcación cercana que creían atunera, pero fueron recibidos por hombres armados que hablaban inglés y vestían uniformes de estilo militar.

Más tarde fueron trasladados a un buque salvadoreño, donde permanecieron durante siete días hasta llegar a un puerto de ese país.

El capitán de la embarcación, Hernán Flores, sostuvo que el barco representaba el único sustento de los pescadores y denunció la falta de apoyo de las autoridades ecuatorianas para atender los daños ocasionados por el ataque.

La demanda sostiene que la agresión formó parte de una campaña militar estadounidense que consideran ilegal. Aunque el gobierno de Trump ha reconocido operaciones aéreas contra presuntos narcoterroristas en el Pacífico bajo la operación Lanza del Sur, aseguró no tener información sobre el ataque contra el Negra Francisca Duarte II ni sobre otros dos barcos ecuatorianos hundidos a principios de año.

Además, se señala que una investigación periodística publicada en agosto atribuyó esos ataques a un presunto programa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El caso se suma a los cuestionamientos por las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones señaladas de colaborar con organizaciones del narcotráfico. Según cifras citadas por organizaciones de derechos humanos, decenas de tripulantes de otras embarcaciones interceptadas quedaron sin cargos, fueron absueltos o permanecen a la espera de juicio.

La demanda también documenta 71 operaciones de este tipo en aguas del Pacífico y el Caribe desde septiembre de 2025, con un saldo de al menos 235 personas muertas y numerosas heridas.

Hasta el momento, representantes de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia no habían emitido una respuesta a la acción legal.

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