La dependencia afirma que corresponde al Congreso revisar el contrato; investigaciones periodísticas han documentado desde hace años los problemas ambientales, la operación del relleno y los intereses económicos alrededor del traslado y disposición de residuos
De la Redacción
El Buen Tono
Nogales, Ver.- La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) no investigará quién es o quién fue propietario de la concesión del relleno sanitario Los Colorines, en Nogales, ni determinará quiénes participaron en su asignación, al considerar que la revisión del contrato corresponde al Congreso del Estado.
El titular de la PMA, Ángel Carrizales López, sostuvo que la responsabilidad de la dependencia se concentra en verificar que el relleno sanitario opere adecuadamente desde el punto de vista ambiental, mientras que la revisión de la concesión corresponde al Poder Legislativo, debido a que fue esa instancia la que autorizó el contrato.
La postura ocurre después de que una investigación de Latinus expusiera nuevamente la operación económica de Los Colorines y señalara que en 2022 el Ayuntamiento de Nogales otorgó a Materiales Oconit una concesión por 15 años mediante adjudicación directa. El reportaje cuestionó que no se hubiera realizado una licitación y señaló que la empresa no contaba previamente con experiencia acreditada en el manejo de residuos.
De acuerdo con esa investigación, Los Colorines recibe actualmente entre 2 mil y 2 mil 500 toneladas de basura diariamente provenientes de alrededor de 40 municipios de Veracruz, además de localidades de Oaxaca y Puebla. Con una tarifa aproximada de 350 pesos por tonelada, Latinus estimó ingresos superiores a 300 millones de pesos anuales por la disposición de residuos. La cifra corresponde a ingresos brutos estimados y no necesariamente a utilidades.
EL BUEN TONO YA HABÍA DOCUMENTADO EL PROBLEMA
La exposición pública del negocio no comenzó con el reciente reportaje de Latinus. El Buen Tono ha documentado durante años tanto las condiciones ambientales de Los Colorines como los intereses económicos relacionados con la disposición y traslado de los residuos.
Desde 2017, este medio publicó denuncias de habitantes de al menos seis colonias cercanas al relleno, quienes señalaban malos olores, presencia de lixiviados y posibles afectaciones al suelo y al agua. En aquella época se reportaba que el sitio recibía alrededor de 600 toneladas de basura diariamente provenientes de 17 municipios.
En enero de 2022, El Buen Tono informó sobre la reapertura de una celda del relleno sanitario después de trabajos realizados bajo la supervisión de la PMA, entonces encabezada por Sergio Rodríguez Cortés. En ese momento se señaló que la celda rehabilitada tendría aproximadamente dos años de vida útil y que el sitio debía cumplir con la NOM-083-SEMARNAT-2003.
En marzo de 2024, este medio volvió a reportar la reapertura del relleno sanitario después de una contingencia ambiental y dio cuenta de que el sitio recibía residuos de 32 municipios, con un ingreso aproximado de entre 500 y 700 toneladas diarias en ese momento.
Durante 2025 también fueron documentadas protestas de transportistas que exigían participar en el traslado de residuos hacia Los Colorines, mientras que en agosto y septiembre de 2026 El Buen Tono retomó las denuncias de habitantes de colonias cercanas por lixiviados, olores, contaminación y afectaciones ambientales.
EL NEGOCIO NO TERMINA EN EL RELLENO: TAMBIÉN ESTÁ EL TRASLADO
Uno de los elementos que adquiere especial relevancia es que el negocio de la basura no se limita al cobro por la disposición final de los residuos en Los Colorines.
Investigaciones de El Buen Tono han señalado que el alcalde de Córdoba, Manuel Alonso Cerezo, y Luis Abella Alvarado, vinculados empresarialmente con Trabal, también habrían participado en el negocio mediante el transporte de residuos y la renta de tolvas y unidades de carga pesada.
Una investigación publicada por este medio documentó que Trabal estaba relacionada con el traslado de basura y que unidades de la empresa prestaban servicio para el Ayuntamiento de Córdoba. En febrero de 2026 también se documentó el ingreso de camiones municipales y una tolva recolectora a instalaciones de Trabal.
Posteriormente, El Buen Tono señaló que empresas relacionadas con Alonso Cerezo y Abella habrían obtenido contratos y adjudicaciones para el traslado de residuos, mientras que otra empresa, ELM Transportes, recibió en 2026 un contrato por hasta 7.5 millones de pesos para el traslado de residuos sólidos.
De acuerdo con otra investigación publicada por este medio, durante el primer trimestre de 2026 el Ayuntamiento de Córdoba celebró 17 contratos, de los cuales 14 fueron asignados mediante adjudicación directa, con un gasto total de 115.9 millones de pesos. Dentro del esquema de residuos aparecen empresas relacionadas con transporte, arrendamiento de compactadores, maquinaria y disposición final.
Así, la cadena económica que debe transparentarse no solamente contempla a quien administra el relleno sanitario. También incluye a quienes cobran por transportar la basura, rentan tolvas, proporcionan unidades, reciben contratos municipales y finalmente cobran por cada tonelada depositada.
UN ANTECEDENTE AMBIENTAL QUE VIENE DE 2021
El conflicto ambiental de Los Colorines tampoco es nuevo.
En febrero de 2021, la propia PMA declaró una emergencia ecológica en el relleno sanitario, después de detectar diversas deficiencias en su operación. Entre los problemas señalados estuvieron deficiencias en las celdas, ausencia de sistemas adecuados para el manejo de lixiviados y problemas con los mecanismos de drenaje y conducción de aguas.
La declaratoria estableció que existía un riesgo para el ambiente y la salud pública derivado de las condiciones en que se encontraba el sitio.
Posteriormente, en mayo de 2021, la PMA suscribió un acuerdo de coordinación con Desarrolladora de Proyectos Loto para realizar acciones encaminadas a atender los efectos derivados de la emergencia y avanzar en la operación y manejo del sitio.
Ese antecedente resulta relevante porque demuestra que las irregularidades ambientales de Los Colorines ya habían sido identificadas oficialmente por la autoridad años antes de que la discusión actual se concentrara en la concesión y en los intereses económicos alrededor del relleno.
DE LA CLAUSURA A UNA CONCESIÓN POR 15 AÑOS
El origen de la actual controversia también se remonta a enero de 2021, cuando el Ayuntamiento de Nogales denunció irregularidades en la operación del relleno, situación que derivó en una clausura temporal por parte de la PMA.
Después de ese episodio se buscó una alternativa para mantener la disposición de residuos. En ese proceso apareció Desarrolladora de Proyectos Loto y posteriormente Materiales Oconit.
Latinus documentó que Materiales Oconit obtuvo en 2022 una concesión por 15 años. La investigación también identificó a Emilio Vanegas Fernández como accionista de Loto y posteriormente como socio y administrador de Materiales Oconit.
Asimismo, documentos del Registro Público de Comercio citados por Latinus señalan que en enero de 2025 Sidny Darian Escobar López obtuvo un poder general dentro de Materiales Oconit. Latinus identificó a Sidny como hija del entonces diputado federal Zenyazen Escobar García y a Vanegas como su pareja.
Estos vínculos han generado cuestionamientos políticos y económicos sobre la operación de la concesión. Sin embargo, las relaciones empresariales y los señalamientos periodísticos no deben confundirse con una responsabilidad penal acreditada: cualquier delito tendría que ser determinado por las autoridades competentes mediante una investigación formal y, en su caso, una resolución judicial.
UN NEGOCIO QUE MUEVE CIENTOS DE MILLONES
Las cifras permiten dimensionar la magnitud del negocio.
Si el relleno recibe entre 2 mil y 2 mil 500 toneladas diarias y se cobra aproximadamente 350 pesos por tonelada, el ingreso bruto estimado oscilaría entre 700 mil y 875 mil pesos diarios.
Proyectado durante 365 días, ese volumen representa un rango aproximado de 255.5 a 319.4 millones de pesos anuales, antes de descontar gastos de operación, mantenimiento, personal, combustible, impuestos y demás costos.
Es decir, el dato de más de 300 millones de pesos anuales mencionado por Latinus es consistente con el escenario de mayor volumen de recepción, pero debe entenderse como una estimación de facturación bruta, no como ganancia neta.
A esa cantidad habría que sumar, en su caso, los ingresos derivados del transporte, renta de tolvas, arrendamiento de maquinaria y otros servicios vinculados con la cadena de manejo de residuos.
LA PREGUNTA QUE SIGUE PENDIENTE
La posición de la PMA deja una pregunta central: si la dependencia ambiental no revisará quién obtuvo la concesión ni quiénes participan económicamente en ella, ¿qué autoridad revisará integralmente el esquema?
El Congreso deberá determinar si existen elementos para revisar el proceso mediante el cual se otorgó una concesión por 15 años y si se cumplieron las disposiciones aplicables.
Mientras tanto, las autoridades municipales deberán transparentar los contratos relacionados con la recolección y traslado de residuos, particularmente aquellos que involucren empresas de transporte, renta de tolvas, maquinaria y disposición final.
El caso de Los Colorines tampoco puede reducirse a una discusión sobre quién administra actualmente el relleno. La información acumulada durante años muestra un problema que combina tres dimensiones: ambiental, contractual y económica.
El Buen Tono ya había documentado desde 2017 las denuncias de contaminación y afectaciones de los habitantes; posteriormente dio seguimiento a las reaperturas, conflictos con transportistas y condiciones del relleno, y en 2026 documentó la participación de empresas relacionadas con el traslado de residuos en Córdoba.
Ahora, con la investigación de Latinus sobre la concesión, la capacidad de recepción y los vínculos empresariales, el expediente público adquiere una dimensión mayor.
Lo que está pendiente no es solamente saber dónde termina la basura de Córdoba y de otros municipios. También es transparentar cuánto dinero genera el manejo de esos residuos, quién lo recibe, qué empresas participan en cada etapa, bajo qué contratos y quién tiene la responsabilidad de vigilar que todo el esquema opere conforme a la ley.
