De la redacción
El Buen Tono
Córdoba.- A más de cien días del arranque del gobierno de Manuel Alonso Cerezo, la crisis en la Policía Municipal no sólo se refleja en abusos contra ciudadanos, sino también en señalamientos de encubrimiento a la delincuencia. Bajo la responsabilidad del regidor de la comisión de seguridad, Jorge Huerta Vázquez, y del mando operativo encabezado por el teniente de Marina Luis Ángel Vargas Miranda, la corporación acumula acusaciones que exhiben descontrol, impunidad y complicidad.
Habitantes de la colonia Las Estaciones acusan que los operativos nocturnos se han convertido en un mecanismo de presión contra la población. Las llamadas revisiones de rutina derivan constantemente en actos de hostigamiento sin justificación, mientras la falta de resultados en seguridad contrasta con el aumento de quejas contra los propios elementos municipales.
El caso que detonó la indignación ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 22:00 horas, cuando un joven trabajador —que incluso vestía su uniforme laboral— caminaba por la zona de la parroquia y fue perseguido por una patrulla sin motivo claro. La unidad le dio alcance a la altura del parque lineal, donde los uniformados lo interceptaron con una “revisión” que derivó en una actitud agresiva. Cuando ciudadanos intentaron documentar el hecho, fueron amenazados, evidenciando el nivel de intimidación con el que opera la corporación.
A este clima de abuso se suma una denuncia aún más grave en la colonia El Zopilote, donde vecinos señalan que la Policía Municipal estaría encubriendo a delincuentes. De acuerdo con testimonios, tras un cateo en un inmueble identificado como un negocio llamado “Charly”, donde se habrían encontrado droga y armas, los responsables fueron liberados sin explicación.
El señalamiento apunta a que el propietario del lugar continúa operando, ahora vinculado a la venta de cristal en Jardines del Sur, sin que exista intervención alguna de las autoridades. La situación ha generado sospechas sobre posibles arreglos con quienes llevaron el caso, reforzando la percepción de corrupción dentro de la corporación.
Vecinos denuncian que la venta de droga se realiza incluso de manera abierta, en espacios visibles, sin que haya operativos efectivos para frenarla. La omisión —o presunta protección— contrasta con la dureza con la que los elementos actúan contra ciudadanos comunes, evidenciando un doble criterio en la aplicación de la ley.
Mientras tanto, el área encargada de derechos humanos dentro del Cabildo permanece sin una postura firme ante estos hechos. La combinación de abusos, intimidación y señalamientos de encubrimiento del crimen coloca a Córdoba en un escenario crítico, donde la ciudadanía enfrenta no sólo a la delincuencia, sino también a una policía señalada por protegerla.
