Sandra González
El Buen Tono
Orizaba.- Ante el paro de brazos caídos que mantienen trabajadores del sector salud en hospitales de la entidad, incluyendo el Hospital Regional de Río Blanco y la Jurisdicción Sanitaria VII en Orizaba, la gobernadora Rocío Nahle García fijó una postura de apertura y claridad: la prioridad es el trabajador, pero bajo el nuevo esquema de justicia laboral que implica la transición al IMSS-Bienestar.
La mandataria veracruzana explicó que este cambio estructural es un proceso de responsabilidad compartida donde la federación asume la operatividad, mientras el estado se mantiene como un coadyuvante estratégico. “Si se le debe al trabajador, se tiene que pagar”, afirmó contundente Nahle García, quien ya instruyó a la Secretaría de Gobierno revisar caso por caso los pliegos petitorios para determinar la procedencia de los pagos y darles salida legal.
Respecto a las quejas por falta de insumos, la gobernadora desmintió que exista una crisis de desabasto, informando que las farmacias del estado operan actualmente con un 90 % de existencia en medicamentos. Esta cifra echa por tierra los argumentos de carestía y asegura que la atención a la población no está comprometida.
En la región de las Altas Montañas, aunque sindicatos como la Sección 26 y 40 mantienen asambleas permanentes, la instrucción de la administración estatal ha sido clara: mantener el diálogo abierto. Rocío Nahle enfatizó que el cambio de “patrón” hacia el esquema federal “tiene su chiste”, pero que bajo su gestión se vigilará que se respeten los derechos adquiridos de los empleados.
Mientras los trabajadores demandan conceptos como uniformes y viáticos, la gobernadora ha sido empática al solicitar calma, asegurando que cualquier transferencia o pago pendiente será atendido. Con esto, el Gobierno del Estado se deslinda de la carga operativa administrativa que ahora corresponde al IMSS-Bienestar, pero reafirma su compromiso de no dejar solos a los trabajadores veracruzanos en esta transición.
