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PRIMER INFORME

Superiberia

 Por: TOMÁS GONZÁLEZ JIMÉNEZ   /  columnista

En cinco días, el miércoles 15 de noviembre, el gobernante en funciones, Miguel Ángel Yunes Linares, presentará ante el Poder Legislativo estatal el primer informe de su Administración -sólo serán dos, pues su período gubernamental es de 24 meses- y se espera, según las versiones manejadas, que sea retomado el protocolo de que el Ejecutivo estatal asista personalmente a la sede parlamentaria para entregar el legajo escrito.

Se ha dicho también, aunque la logística de Palacio de Gobierno todavía no lo confirma, que en la misma sede legislativa podría emitir el mensaje a la población sobre los detalles del Informe Gubernamental. Sea una cosa u otra, en el último par de días Yunes Linares ha adelantado parte de lo que notificará al Congreso Local. Se trata de asuntos que, obviamente, deben ocupar a los veracruzanos porque tienen que ver con el manejo de su dinero y por ende, el financiamiento del desarrollo y el bienestar para la colectividad.

Los números deben ser escuchados, comparados, escudriñados y,  por supuesto, vigilados porque eso precisamente fue lo que no se hizo en los dos últimos sexenios y hoy se pagan las consecuencias de no hacerlo. Así, el miércoles Yunes Linares anunció que se concretó la reestructuración de la deuda pública heredada por las dos últimas Administraciones y que se hizo en condiciones financieras aceptables para la Entidad.

Ayer presentó públicamente el proyecto de Presupuesto de Ingresos 2018, el cual entregará hoy viernes al Congreso Local y que prevé un incremento de 11 puntos porcentuales en comparación con el actual, de 2017, y que da prioridad a cinco rubros: Seguridad Pública, Salud, Educación, Combate a la pobreza, Obra pública y Apoyo al campo. Para costear inversiones, se dijo, no se tiene previsto aumentar impuestos locales ni contratar más deuda.

De todo, hay dos cosas a  destacar en dicho proyecto. Una es que la Universidad Veracruzana recibirá un incremento del 25 por ciento en las ministraciones para cumplir con la disposición de que obtenga el 3 por ciento del Presupuesto Estatal anual, algo que va concatenado con la Autonomía Financiera que será anunciada formalmente el lunes 12 de noviembre -dos días antes del primer informe administrativo- y de esta forma, la UV recibirá 2 mil 675 millones de pesos, es decir 534 millones más que lo asignado en este año.

El otro punto es el cuidado, al menos en el 2018, del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) que tendrá, un incremento del 200 por ciento en la aportación Estatal, pasando de 750 millones a 2 mil 271 millones de pesos. Ambos anuncios involucran dos temas delicados para la sociedad veracruzana: la educación superior y las pensiones a los burócratas jubilados. Por esos dos asuntos, miles de veracruzanos salieron a las calles y plazas públicas en el último par de años.

No hay que olvidar que la respuesta del aparato estatal fue mandar a apalearlos y a los dirigentes y convocantes a movilizaciones hostigarlos y amenazarlos. Hoy el trato es diferente y por lo menos en el proyecto presupuestal para el 2018, tiende a reivindicar esas exigencias. El quehacer de los peticionarios es, ahora, vigilar que se cumplan esas disposiciones.

A la par, ya comenzó a circular la publicidad del Primer Informe de Gobierno y evidentemente tiene que ver con lo que es el principal logro de la actual Administración: el encarcelamiento del exgobernador Duarte de Ochoa y los procesos judiciales contra varios de sus colaboradores que participaron en el latrocinio del erario. Los malquerientes de Yunes Linares podrán enderezar juicios descalificatorios, pero con artificialidad, pues ninguno podrá negar que él fue determinante para que se procediera contra esos pillos.

Sería algo tonto no presumirlo. Claro que es un logro y claro que debe ser ponderado. ¿Quién no quiere que Duarte y sus cómplices estén en prisión? Sólo aquellos que se beneficiaron de esa corrupción, los añorantes de esa etapa negra que se registró en Veracruz, los nostálgicos de la fidelidad -y vaya que abundan y se uniforman entre ellos, como en los viejos tiempos-. Duarte en prisión, bien vale presumirlo porque no es algo menor y se repite: es el resultado más importante de estos últimos once meses.

Cierto es que no hay que dejar de señalar los pasivos, uno de esos es la seguridad pública, pero todos saben que la “ola” de violencia que castiga a la entidad no fue provocada por la actual administración, sino es el resultado de los acuerdos que los últimos dos Gobernadores hicieron con el crimen organizado para que Veracruz se convirtiera en ‘plaza vendida’ a la mafia, de la permisión para que la población fuera tratada como ganado rumbo al matadero.

 

VENDIDOS COMO RESES

En este tenor, la periodista y escritora Anabel Hernández, quien en las últimas dos décadas se ha especializado en reportear la estructuras de los cárteles del narcotráfico y su colusión con la clase política mexicana,  resume así lo que hicieron los últimos Gobernadores de Veracruz, el innombrable y Javier Duarte de Ochoa, al igual que sus homólogos de Coahuila y Tamaulipas, al pactar con el crimen organizado: “Sacrificaron a la gente como reses”.

“La gente fue vendida a este grupo criminal (Los Zetas) que la ha extorsionado, secuestrado y asesinado”, aseveró en el contexto del reporte que hizo público la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas sobre los sobornos que recibieron esos Gobernadores del grupo criminal en cuestión.  No es algo nuevo, aseveró Hernández durante una entrevista concedida al noticiero de MVS Noticias.

Recordó que desde que Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, fue extraditado a Estados Unidos en el 2007, ella obtuvo un listado de Gobernadores que eran financiados por el hampa desde este tiempo -y que luego acordaron con Los Zetas-. “Ahí estaban los Gobernadores que hoy se mencionan en el reporte de la Universidad de Texas”, acotó.

Además, la periodista dijo que los nexos del innombrable, Javier Duarte, los coahuilenses Humberto y Rubén Moreira, así como de los tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma -quien fungió recientemente como delegado especial del PRI en Veracruz-, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, fueron del conocimiento de los presidentes panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, quienes no hicieron nada para detenerlos ni acudieron en auxilio de la población de esas tres entidades.

“Es una corrupción que no conoce partidos políticos, sólo el poder del dinero”, citó al referirse a la protección que Fox y Calderón le dieron a esos Gobernantes. Sobre Duarte de Ochoa, la reportera afirmó que el proceso judicial que se le instruyó es “una simulación” pues “lo acusan sólo del 10 por ciento de todo lo que hizo y dentro de ese 10 por ciento no están sus vínculos con Los Zetas, un hecho tan grave y tan delicado”.

Además, Anabel Hernández expuso que -como en su momento lo ha escrito en los libros publicados- la colusión entre esos gobernantes de Veracruz, Coahuila y Tamaulipas con el crimen organizado era tan grande que incluso permitieron que fuera ese cártel el que decidía quién o quiénes serían los candidatos del PRI a cargos de elección popular, incluyendo a sus sucesores. “Tenían el control total en esos tres Estados y decidían en el partido”, manifestó.

Lo expresado por Anabel Hernández sobre la protección que el panista Felipe Calderón dio al innombrable fue corroborado por el sacerdote Alejandro Solalinde, en una entrevista para el portal La silla Rota. Dijo que en el 2009 se reunió con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y le entregó pruebas documentales sobre los delitos del impresentable exGobernador veracruzano.

“Yo le dije en su cara que Fidel Herrera era el Z-1, que estaba (detrás) de los secuestros y también Javier Duarte, ¿por qué no hicieron nada?”, le expuso al reportero Miguel Ángel Carmona (https://lasillarota.com/solalinde-veracruz-los-zetas-herrera-duarte-corrupcion-secuestros/187227).  Solalinde también consideró vano  el llamado que hizo el gobernador actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, para que la PGR inicie una investigación sobre el innombrable, y por ende, no hará un exhorto similar.

“¿Qué exhorto le puedo hacer yo a un Presidente cuyo jefe de campaña a la Presidencia fue Humberto Moreira? ¿Qué señalamiento le puedo hacer si es la misma mafia? Igual que Fidel Herrera, igual que Javier Duarte, todos son priistas”, apuntilló el religioso, quien en su momento y sin importar el riesgo que corría denunció en la prensa lo que hoy está respaldado por una institución universitaria.

 

CHECOS Y PACHECOS

Uno le entra a las drogas duras –según la diputada Cinthya Lobato- y otro es aficionado a las bebidas espirituosas, al grado de quedarse dormido sobre las mesas de cantina -han circulado fotografías testimoniales en la web-. Uno es azul y otro es uno de los amarillos más rojos que hay en Veracruz. Son Checos y pachecos. Además, ambos  son íconos de las prácticas más desdeñables que se comente en la actual Legislatura estatal y que la distinguirán en el futuro.

Sergio Hernández Hernández y Sergio Rodríguez Cortés son, por mucho, botones de muestra de lo peor que ha llegado al edificio de la calle Encanto, de Xalapa. Del panista son  conocidos sus desmanes y atrevimientos, y el segundo es noticia por sus saltos de bancada en bancada. Por algunos meses presidió la Comisión de Hacienda, una de las más importantes por su capacidad para diseñar presupuestos y fiscalizarlos, le fue quitada luego de que intentó hacer negocios con la misma y chantajear al Gobierno Estatal así como a los grupos legislativos del PAN y PRD, a cambio de aprobar diversos proyectos.

Entonces el diputado se separó de la bancada perredista y se unió a la mini-fracción llamada “Juntos por Veracruz”, que aglutina a los fidelistas confrontados con sus partidos originarios, léase PRI y PVEM. Sin embargo, luego de que recibiera un ultimátum de los órganos internos del Sol Azteca para definir su militancia -sería expulsado si se mantiene en otro grupo parlamentario- Rodríguez anunció su retorno a la fracción amarilla, aunque en realidad lo que busca es quedarse con la coordinación de la fracción una vez que la tuxtleca Yazmín Copete Zapot deje la curul para contender por el Senado.

 El mendocino pretende colarse para asegurar al menos unos meses de negocios con las prerrogativas parlamentarias y la ganancia monetaria que le puede allegar la aprobación de proyectos legislativos. Allá los perredistas si lo dejan hacerse de esa conducción parlamentaria a este Diputado advenedizo y se vuelven a echar el alacrán a la solapa. Ya lo padecieron estos meses y si no es suficiente, que les pregunten a los habitantes de Ciudad Mendoza, donde Rodríguez Cortés fue alcalde y donde lo recuerdan con repulsión.

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