Érase una vez un niño pobre, huérfano y poco agraciado físicamente del que todos se burlaban, pero que de adulto llegó al poder, “haiga sido como haiga sido”, se convirtió en tirano, vivió como marajá, bañó en oro a su familia y a sus amigos mientras hambreaba al pueblo, y después el destino lo alcanzó provocando su decadencia y caída, lo que la población festinó jubilosa. Es la novela que se vive en Veracruz en la que el personaje principal se llama Javier Duarte de Ochoa.
Claro, es una novela trágica y con una carga impresionante de realismo mágico, ese que magníficamente narró el colombiano Gabriel García Márquez, pues hay personajes reales en situaciones que parecieran ficción por el asombro que provocan. Y en estas semanas corren los capítulos finales, la parte cumbre o ruptura del nudo, que anticipan el desenlace. Los episodios más recientes que han puesto a los veracruzanos al borde del éxtasis son cuatro: la derrota del PRI el 5 de junio pasado, el proceso de expulsión partidista de Duarte de Ochoa, su licencia a la gubernatura y su escape de la justicia.
Los últimos doce días han sido de adrenalina pura: dimisiones al poder, gobernantes interinos, órdenes de aprehensión, fugas llenas de misterio, cacería de prófugos, traiciones y delaciones, cateos en domicilios, detenciones policiacas, riquezas enormes, redes de complicidad, filtraciones video-grabadas, empresas fantasmas, paraísos fiscales, excesos, voracidad, corrupción, frivolidad, traiciones, banalidad, vuelos furtivos y destinos inciertos al Caribe, América del Norte o Europa.
¿A poco la trama no suena a los clásicos “Crimen y Castigo”, “Policías y Ladrones”, “Atrápame si puedes”, “La gran estafa”, “Allí Baba y los cuarenta ladrones”, “La fiesta del chivo”, “Puro vicio” o “Tirano Banderas”? Más aún si se le agrega datos que aumentan la intriga como el yate de 10 millones de pesos que Duarte se compró para pasear sobre el río Papaloapan, el anillo de 200 mil dólares – 3 millones 800 mil pesos- que su esposa, Karime Macías adquirió en una joyería de Polanco con una tarjeta bancaria prestada, el testamento de uno de los prestanombres del cordobés que hizo a los 30 años de edad para heredarle costosas propiedades y un encumbrado senador, Emilio Gamboa, quien habría ayudado a Duarte a huir y esconderse en algún punto del altiplano.
Pero a diferencia de otros casos similares en eso del saqueo de los bienes públicos y la acumulación de fortunas maravillosas, la pimienta que se agrega a esta historia es que todos los familiares del matrimonio Duarte Macías están embarrados en el latrocinio. La madre y los hermanos del gobernador con licencia, sus suegros, cuñadas, concuños y primos políticos participaron en el robo del dinero de los veracruzanos, algunos directamente y otros como prestanombres. Todos están bajo investigación judicial.
¿ENTREGA O CAPTURA?
El fin de semana la prensa y las redes sociales hivieron con la noticia de que Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, suegros del prófugo gobernador, tramitaron amparos para no ser detenidos y poder salir del país. Ambos, se dice, podrían alcanzar una pena de prisión por 30 años si se comprueba su participación en delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero. También causó furor la nueva de que la cuñada, Mónica Macías Tubilla, fue llevada por elementos de la PGR de Coatzacoalcos a la Ciudad de México para declarar sobre el caso.
Dato curioso, a ella no se le detuvo aun cuando figura en las pesquisas y según las fuentes, sigue en libertad porque es quien está negociando para que Duarte de Ochoa y su esposa, Karime Macías se entreguen a la justicia. Es más, hay quienes aseguran que eso podría darse en el transcurso de esta semana aunque otros aseguran que no habrá prestación voluntaria sino que el matrimonio sería detenido pues está cercado. ¿No recuerda esto a la cacería de los Abarca, el matrimonio formado por el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, también prófugos por un tiempo e involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa?
Claro, los Duarte Macías opacan a los guerrerenses porque en Veracruz hay más de 600 personas desaparecidas, están señalados de colusión con el crimen organizado, se habrían embolsado unos 35 mil millones de pesos de las arcas públicas, además de otros pecados capitales que están saliendo a la luz. Entonces, la semana que inicia, la última de octubre, será igual de intensa en la novela veracruzana. Para empezar, mañana martes, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI formalizará la expulsión de Duarte de Ochoa y otros militantes priístas.
Hay que recordar que dicha comisión suspendió los derechos de los mismos el pasado 26 de septiembre y dio una cita a Duarte para el 25 de octubre a fin de que desahogue su defensa. Obviamente no acudirá a la audiencia y entonces se tendrá el elemento de desacato suficiente para formalizar su expulsión. Con él se irá del tricolor el cordobés José Antonio Mansur Beltrán, ex subsecretario de Finanzas y exdelegado de la Secretaría de Economía, así como copropietario del equipo de béisbol Águilas de Veracruz.
También el exsecretario del Trabajo y ex aspirante a la diputación por Zongolica, Gabriel Deantes Ramos, el exdirector jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Carlos Rodríguez García y el también fugado –pues nadie sabe de su paradero- extitular de la Secretaría de Seguridad Publica, Arturo Bermúdez Zurita, además de los notarios Israel Ramos Mange, hijo del exdirigente estatal del PR, exalcalde de Boca del Río y actual director del Registro Público de la Propiedad, Raúl Ramos Vicarte, y de mendocino Daniel Cordero Gálvez.
Sin embargo, en cuestiones judiciales, a excepción de Javier Duarte y su esposa así como de sus familiares cercanos, sobre el resto de la banda no se ha ejercido acción penal. Se habla de investigaciones ministeriales en curso pero no hay órdenes de detención para personajes tan ladrones como Deantes Ramos, Alberto Silva, Adolfo Mota, Jorge Carvallo, Tarek Abdalá, Nohemí Guzmán, Arturo Bermúdez, Gina Domínguez, Erick Lagos, Antonio Nemi, Tomás Ruiz González, Iván López Fernandez, Mauricio Audirac, y hasta el propio gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, quien es un caso aparte.
CHINO COCHINO
El oaxaqueño Ríos Alvarado toleró como secretario general de Gobierno las tropelías financieras que se daban cuando Duarte todavía ocupaba el cargo sino que siendo titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), permitió que fueran saqueados casi mil millones de pesos de esa dependencia. Así lo reveló Televisa en uno de sus noticieros y vaya que dicha empresa televisiva se ha convertido en la vocera de la Procuraduría General de la República (PGR) para informar de pesquisas y anticipar acciones penales.
Bajo su gestión al frente de la SEV, Ríos permitió que su antecesor en la dependencia, Adolfo Mota Hernández así como el exoficial mayor de la misma oficina, Edgar Spinoso Carrera, siguieron manejando las cuentas bancarias de la SEV y disponiendo a voluntad de los fondos educativos. El recuento del caso no se basa ni en declaraciones o dichos de personas sino en documentos expedidos por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que detectó ese ilícito –que no irregularidad- en la revisión de la cuenta pública del año 2015.
Flavino Ríos fue titular de la SEV durante cinco meses, de enero a junio de ese 2015, lapso en el cual Spinoso y Mota continuaron manejando el dinero destinado a la educación y obviamente, llevándoselo para destinos diferentes a los programados. De todo eso estuvo al tanto Ríos Alvarado y calló, y permitió, y tolero, y se volvió cómplice. La PGR debe incluir al oaxaqueño en la pesquisa porque si no participó directamente en el saqueo de la SEV sí delinquió por omisión.
Si la PGR no lo investiga, entonces la Fiscalía General del estado deberá hacerlo una vez que inicie la nueva administración estatal –claro, cuando sea echado el amateco Luis Ángel Bravo Contreras, experto en retrasar toda pesquisa contra los corruptos-. Que nadie se equivoque, Flavino Ríos no es un hombre probo sino un tipo ladino, metido en el lodo, presto a colaborar en cualquier chanchullo y eso puede comprobarse en una investigación. Ya está expuesto el indicio con la investigación en curso sobre el saqueo de los dineros que debieron ocuparse en la política educativa estatal y que fueron a parar al bolsillo de los funcionarios y exfuncionarios del duartismo.
Por cierto, el oaxaqueño tendrá que hacer gárgaras con jabón de lejía antes de reunirse con el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, sobre quien pronóstico que no tomaría posesión ante diputados priístas hace apenas algunos días. Se tendrá que engullir sus dichos y aceptar las instrucciones que Yunes Linares le dé para el proceso de entrega-recepción. Tampoco hay que equivocarse en este tema, Ríos Alvarado no es gobernador por voluntad popular, no fue electo en las urnas, no tiene el mismo nivel ni de su antecesor ni de Yunes Linares.
El papel es de simple administrador, un encargado de despacho y por eso tendrá que acatar las instrucciones que Yunes Linares le indique para lo que se tenga que hacer en cuestiones administrativas y proporcionar toda la información que se le demande so pena de proceder contra él por la vía judicial por incumplir sus deberes legales.
Finalmente, el tema que ha resonado en los últimos días en materia financiera es la petición del mismo Ríos Alvarado al gobierno federal para que haga un “rescate” de Veracruz con la entrega de 11 mil millones de pesos para cubrir los compromisos de fin de año, especialmente el pago de aguinaldos y sueldos a la burocracia estatal, los maestros y trabajadores pensionados.
Aquí, hay dos cosas a considerar. Una, que esos 11 mil millones de pesos no se conviertan en deuda pública y se cargue otro lastre al bolsillo de los veracruzanos sino que los pidan a cuenta de lo que se recupere ahora que encarcelen a Duarte de Ochoa y a sus cómplices. Basta con acordar para que ese dinero lo recupere la federación cuando los ladrones estén en prisión y se inicie el decomiso de propiedades, cuentas bancarias e inversiones en paraísos fiscales. Sería algo así como un adelanto con cargo a la acción de la justicia.
El segundo punto es que esos fondos no se le entreguen a Flavino Ríos porque podría desaparecerlos y dejar ‘chiflando en la loma’ a los verdaderos destinatarios –burócratas y pensionados-. Hay que recordar que hace seis años, un mes antes de finalizar el sexenio, el congreso local autorizó tramitar un crédito por 10 mil millones de pesos supuestamente para ayudar a los damnificados de los huracanes, pero el dinero nunca llegó a su destino pues se lo robó el innombrable y eso puede repetirse. No, esos fondos deben ser entregados a la nueva administración que comenzará el primero de diciembre y será la que tendrá que lidiar con esos pendientes financieros.
