El ambulantaje tiene su origen en el Tianquiztli mesoamericano (tianguis), siendo la primer referencia de la tradición mercantil en México. Esta actividad es tan arraigada como cualquier otra y forma parte de la costumbre del pueblo mexicano, que por demás es una forma de vida para miles de familias en nuestro país. Esta economía informal representa el 15% del Producto Interno Bruto, unos 120 mil millones de dólares.
Según un estudio del Tecnológico de Monterrey del 100% de la población económicamente activa en México, el 60% son vendedores ambulantes y sólo el 40% de la población paga impuestos legalmente. De todos los vendedores ambulantes el 30% nunca ha pedido un empleo en alguna empresa legal y esto nos habla de un sistema económico corrompido.
Estas fueron algunas de las razones por las que los gobiernos panistas a finales de los 90’s y principios del 2000, se habían propuesto junto con el apoyo y presión de las cámaras empresariales (Canaco-Coparmex-Canacintra) sacar a los vendedores semifijos y ambulantes de las calles de nuestra ciudad.
La determinación obedecía a un reclamo de los comerciantes establecidos, que a decir de algunos de ellos, mas no todos, se veían mermadas sus ventas y la apariencia de sus negocios por el comercio informal, sobre todo la imagen del centro histórico de una ciudad cosmopolita o en desarrollo que se pretendía difundir como tal, a nivel nacional e internacional.
Tan es así que durante estos gobiernos albiazules, fue hermanada la “Ciudad de los Treinta Caballeros” con las urbes de Cancún, San Cristóbal de las Casas en México; Córdoba, Murcia y Valencia en España, así como Baton Rouge y Chillicothe en Estados Unidos, tratando de darle proyección a la ciudad y atraer capitales para seguir ampliando la economía local.
Según la razón de las cámaras empresariales, era injusto e indebido que se permitiera el comercio informal y se consintiera la ilegalidad con que se mueve dicha actividad, es decir, la piratería, la mala calidad de sus productos principalmente chinos, el robo de luz, el uso de espacios públicos, la pérdida de autoridad municipal sobre la vía pública y solapar que los ambulantes no pusieran el empeño y dedicación para convertir sus negocios en formales y, como cualquier otro ciudadano desembolsar para el pago de rentas, agua, luz, predial, impuestos municipales y federales, sueldos a empleados, seguro social, prestaciones, etc., etc., gastos que tiene que sufragar cualquier comerciante micro, pequeño o grande que se disponga a emprender un negocio.
A decir de las cámaras, el ambulantaje atraía el desorden, delincuencia, caos social y congestionamiento vial, por lo que el gobierno municipal debía hacer frente a esta actividad regulándola y creando espacios para que los comerciantes informales continuaran sus actividades y percibieran ganancias sin tener que seguir en las calles, fomentando con ello el pago de impuestos y regularización de un comercio organizado.
Lamentablemente, el comercio informal en Córdoba creó un cacicazgo instaurado en las figuras de los líderes de los ambulantes, repartidos en 14 organizaciones. Aquellos que ostentaban estos liderazgos se oponían a una reubicación porque veían en peligro sus ingresos por el cobro de cuotas a sus agremiados y abandonar de súbito los beneficios del propio cargo que los ponía al frente de cualquier negociación con el gobierno que les redituara algo a sus miserables bolsillos. Aunado a esta problemática, los vendedores del Mercado Revolución se habían adueñado de las islas del zoco que consideran hasta la fecha, como de su propiedad cuando de cierto es, que son pertenencia municipal, es decir, de todos los cordobeses, oponiéndose también a la ampliación de dicho mercado si antes no les concesionaban más islas para su uso personal. Aunado a esta problemática se agregó la agrupación Antorcha Campesina que buscaba desestabilizar al gobierno municipal y que tenía también metidas las manos en el propio ambulantaje, como es costumbre su actuar siempre de mal gusto e inclusive ilegal.
No obstante todos las peripecias y obstáculos, se decidió la reubicación de ambulantes y se comenzó con la remodelación del edificio ubicado en la calle 11 y avenida 7 al que se le llamó “Mercado La Garza” en el que se pretendía alojar a los comerciantes informales que se encontraran en las calles 5 a 13, de las avenidas 1 a 4.
En un principio los ambulantes se opusieron a dejar las calles y se creó un ambiente de violencia. Tan es así que una madrugada por la calle 7, los ambulantes se enfrentaron a granaderos venidos de Xalapa quienes los obligaron a sentarse y a negociar su traslado pacífico con el gobierno municipal, hacia el nuevo local.
Con esta acción desalojaron a los primeros ambulantes, sin embargo, quedaron rezagados los comerciantes de las calles 5 a 13, entre las avenidas 4 a 10, y se consideró preciso construir un nuevo zoco para albergar a los comerciantes diferidos. Fue entonces que se planeó construir el “Mercado La Isla” en las inmediaciones de la Central Camionera.
El inmueble donde se construiría el nuevo zoco significó para el panismo una lucha férrea contra poderes que se habían adueñado del inmueble, por lo que se procedió a recuperar por la fuerza un bien que era propiedad del municipio. Esta acción significó una persecución política contra el alcalde en turno y el asunto fue a dar al Congreso Estatal pretendiendo entablar un juicio político contra el munícipe al haber recuperado un bien público de todos los cordobeses. El tema se politizó y como es costumbre los actores partidistas quisieron sacar raja y ganancia de un problema social.
Con el retorno del priismo en las administraciones de Portilla-Lavín-Portilla, se retomaron los proyectos para terminar con el comercio informal y se concretó la edificación del tan anunciado “Mercado La Isla” como pago a las cámaras por haber apoyado las candidaturas priistas, y que el panismo no había logrado al cien por ciento con las expectativas de los empresarios.
Con engaños y tapujos, el municipio negoció con los líderes ambulantes que como siempre, buscaron sacarle jugo a la pacto en beneficio propio, apoderándose de locales dentro del nuevo zoco que llegaron a vender hasta en $50,000 mil pesos en detrimento de sus agremiados, por lo que más personas que no eran ambulantes llegaron a acaparar locales que hasta la fecha mantienen cerrados, pero que se ostentan como dueños, cuando es propiedad municipal.
Y con trampas el gobierno local sacó de las calles a los últimos 700 vendedores ambulantes prometiéndoles el paraíso económico en un lugar que verdaderamente era una isla, es decir, nadie iba a comprar a ese mercado. Funestamente se les prometió la instalación de tiendas anclas con tal de atraer a los compradores; se hicieron pactos y convenios, se firmaron minutas, hasta se juró en nombre de Dios que les iba a ir bien a los pobres ambulantes ilusos.
El resultado de todos es conocido, las expectativas que se les hicieron creer a los ambulantes no sirvieron ni para secarles las lágrimas de los ojos. Si ya de por si eran algunos pobres y sus ventas eran mínimas en las calles, dentro del nuevo mercado sus ganancias se volvieron paupérrimas, llegando incluso a vender solo 100 pesos a la semana que no alcanza ni para comprar lo básico con qué vivir. Pero ya lo hecho, hecho estaba. El gobierno cumplió a las cámaras los compromisos de sacara a los ambulantes de las calles, sin ver las particularidades y la arrogancia de sus actos de autoridad. No se pensó en el detrimento y en el menoscabo de los ambulantes, que como todos tienen derecho a ganarse la vida y a obtener el sustento diario para llevar el pan a la mesa de sus familias. Lo importante era cumplir a los empresarios para contar con el apoyo económico para sus candidaturas partidistas en quebranto de un sector de la población.
No se buscaron alternativas de diálogo y opciones para reubicar a los ambulantes. Bien podrían haber cabido todos en un segundo o tercer piso en los mercados Revolución o La Garza. Bien se pudo haber remodelado estos zocos para reubicar a todos los informales en la zona comercial de la ciudad. Se pudo haber estudiado el impacto económico-social que conllevaría a desalojar a los ambulantes de las calles, las bajas ventas y su estrépita interrupción a sus actividades.
Por las bajas ventas muchos de ellos se vieron forzados a emigrar de la ciudad, otros a engrosar las filas de la delincuencia, los menos a mantenerse con lo poco que venden en el malquerido mercado.
El día de hoy, el problema continúa y parece no importarle a ningún funcionario y gobierno local o estatal, que un sector de la población se encuentra sufriendo. Lo que les importa es no ver el problema, es la autonegación y la desidia irónica y cabalgante.
“El problema del ambulantaje en Córdoba hace alegoría a quien barre la casa y esconde la basura debajo del tapete”
