XALAPA.- Estadísticas nacionales ubican a Veracruz como la quinta entidad con el mayor número de casos de trata de niños y niñas, por lo que se requiere la participación de los municipios en implementar programas para combatirla.

La diputada local Teresita Zuccolotto Feito, quien busca la reelección, subió a tribuna para presentar una iniciativa a fin de modificar la Ley que combate la trata de personas.

Explicó que los motivos que engendran el tráfico de menores, de igual forma son muy variados, ya que puede darse por razones de adopción ilegal, compra-venta de órganos, ser destinados a trabajos forzados o en guerrillas y lo que es peor, para la explotación sexual.

La utilización de este particular sector de la población es más común de lo que se piensa, día a día podemos ver niños en las calles de nuestras ciudades que andan trabajando en lugar de que se le mande a la escuela.

“Si bien algunos trabajan por la gran necesidad que sufren, muchos pueden estar siendo explotados hasta por sus familiares, sólo como muestra, podemos señalar que Unicef México calcula que el 12.7% de la población infantil mexicana trabaja”.

En ese sentido, mencionó, Veracruz no está exento de este mal, incluso es uno de los estados de la República que más padece este flagelo, al estar ubicado en quinto lugar, sólo por detrás de Tlaxcala, Estado de México, Quintana Roo y Guerrero.

Actualmente se encuentra vigente la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, norma en donde están fijadas las esferas de competencia para la Federación, las Entidades Federativas y Municipios.

Sin embargo, actualmente la Ley de la materia a nivel estatal no reconoció la valiosa aportación que pueden hacer lo municipios para el combate de la trata de personas, debido a que es el nivel de Gobierno que más cercano está con la gente y por ende el que más puede ofrecer para la prevención y denuncia de este tipo de delitos.

Por lo anterior, se propuso que los municipios tengan la obligación de establecer políticas para: Instrumentar acciones para prevenir y erradicar la esclavitud, la trata de personas o demás delitos previstos en la Ley General; Apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para servidores públicos y funcionarios que puedan estar en contacto con posibles víctimas de los delitos previstos en la Ley General.

Deberán apoyar la creación de programas de sensibilización y capacitación para el público con la finalidad de visibilizar la problemática de la trata de personas y sus consecuencias.