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  • Familiares señalan que son inocentes
  • Fueron sustraídos arbitrariamente el pasado 31 de marzo
  • El pasado 31 de marzo, se dio a conocer que cuatro personas fueron privadas de su libertad por un grupo armado, que irrumpió en el estudio “Fisher Tattoo”, ubicado en altos de la avenida Madero, en pleno Centro Histórico de la ciudad de Orizaba. 

región.- En medio de un mar de inconsistencias legales, violaciones a sus garantías individuales y declaraciones contradictorias por parte de las autoridades, siete personas, entre ellas dos jovencitas que presuntamente habían sido levantadas en una clínica de tatuajes, sí se encuentran secuestrados, pero por parte de la Fiscalía Regional que, a decir de los familiares, les ha fabricado pruebas para inculparlos y así ocultar sus “atropellos”.
Se trata de Raúl Martínez López, José Rogelio, de 35 años; Gonzalo, de 64 años; Itzel Marceli, de 20 años; Gabriel, de 20 años y Erwin, de 19 años.
Los familiares de los jóvenes retenidos aseguran que todos fueron sustraídos del negocio de tatuajes por sujetos armados, encapuchados por presuntamente policías, quienes se los llevaron amarrados y con los ojos vendados a un paraje en algún lugar de la zona, a donde los bajaron y metieron entre matorrales, pero luego vino un montaje porque sus mismos captores dispararon al aire y gritaron que había llegado la policía, entonces supuestamente salieron huyendo. Fue entonces cuando aparecieron elementos de la policía estatal, quienes lejos de liberarlos, los interrogaron y les dijeron que quedaban detenidos porque estaban implicados en el caso de una camioneta que apareció abandonada con
armas y con droga.
Lo curioso del caso es que hace unos días, un Juez de Control determinó que fue legal la detención de los jóvenes, cinco de ellos hombres y dos mujeres, por lo cual se les fijó la medida de prisión preventiva por lo que dure el proceso, por lo cual están internados en el Centro de Readaptación Social de Amatlán de los Reyes, pero acusados de ultrajes a la autoridad, no por delincuencia organizada, portación ilegal de armas, narcotráfico ni nada que tenga que ver con la supuesta camioneta que apareció.
El propio Gobernador ha caído en contradicciones, pues cuando se presumía un levantón por la forma como se los llevaron de Orizaba, él salió ante los medios para asegurar “no los levantaron, están detenidos”, lo cual confirmaría que los primeros encapuchados sí eran policías de incógnito, quienes realizaron una detención a todas luces arbitraria y violando los más
elementales derechos humanos.
Luego, ayer en su conferencia de prensa, primero dijo que no estaban implicados en delincuencia organizada y unos minutos después que no estaba seguro si estaban implicados. Moisés Martínez, quien es menor de edad, estuvo detenido ilegalmente y fue tratado al igual que todos los demás, aún cuando la ley es muy clara con respecto a los menores de edad. Finalmente, lo pusieron en libertad, pero ello no implica que con esa acción la autoridad limpió su culpa y errores. Cometieron un abuso de autoridad y eso también es un delito que debe ser
castigado.
Raúl Martínez es estudiante de ingeniería, un muchacho sano, deportista, le gusta andar en patineta y su delito fue estar a la hora y en el lugar equivocado.
Los abogados lograron ampliar el plazo para la presentación de pruebas y será mañana miércoles 7 de abril cuando se realice la continuación de la audiencia, que será para determinar la vinculación a proceso o no de Raúl, José Rogelio de 35, Gonzalo de 64, Itzel Marceli de 20, Gabriel de 20 y Erwin de 19 años, quienes sí permanecen secuestrados, pero por la Fiscalía que no haya cómo inculparlos para encubrir su estupidez y abuso de autoridad, dijeron las familias.

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