AGENCIAS
México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los mexicanos continúan pagando la deuda derivada del rescate bancario de los años 90 y sostuvo que “nunca se va a acabar de pagar”.
Durante un acto en la Plaza de Armas de Zacatecas, como parte de su gira para informar sobre su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum criticó la decisión tomada durante el gobierno de Ernesto Zedillo para utilizar recursos públicos en el rescate de bancos y grandes empresas tras la crisis económica de 1994.
“Se rescató a los de arriba, pero nunca se apoyó a los de abajo”, afirmó la mandataria, al señalar que las consecuencias del llamado Fobaproa continúan afectando las finanzas públicas y a los mexicanos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a julio pasado los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo que asumió las obligaciones del Fobaproa, ascendían a 1 billón 165 mil 351 millones de pesos.
A esta cifra se suman 35 mil 852.2 millones de pesos correspondientes a pasivos del programa de apoyo a deudores. En conjunto, la deuda relacionada con el rescate bancario representa alrededor de 6.2 por ciento de la deuda pública del país.
Además, para abril de 2025 se habían acumulado 945 mil 895 millones de pesos en intereses pagados por el rescate; al actualizar esta cantidad por inflación, el monto superaba los 2 billones de pesos.
Sheinbaum también recordó que la crisis económica de 1994 provocó un incremento en las tasas de interés y una fuerte devaluación del peso. Señaló que el impacto fue especialmente severo para productores de Zacatecas que tenían créditos, pues algunas deudas llegaron a multiplicarse entre cinco y 10 veces.
La presidenta sostuvo que el endeudamiento llevó a muchas familias a perder bienes utilizados como garantía, entre ellos viviendas y tractores, además de relacionar las consecuencias de aquella crisis con el aumento de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos.
El Fobaproa fue creado para proteger los depósitos bancarios y enfrentar problemas de solvencia del sistema financiero. Durante la crisis de los años 90, el gobierno asumió obligaciones de instituciones bancarias, convirtiendo parte de esas deudas en obligaciones públicas que continúan generando pagos.
