De la Redacción
El Buen Tono
ORIZABA.- A seis meses de ser designada coordinadora de la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) Citlaltépetl, Brenda Abaroa continúa sin obtener la certificación de la Semarnat como responsable del manejo de la unidad, lo que vuelve a poner en entredicho el cumplimiento de la normatividad federal y la operación del espacio administrado por el ayuntamiento de Orizaba.
Información obtenida mediante solicitudes de Transparencia revela que la experiencia laboral presentada por la funcionaria es limitada para encabezar una UMA que alberga fauna silvestre y especies exóticas.
De acuerdo con el currículum entregado por la autoridad, Abaroa Ortiz trabajó en la UMA de abril de 2021 a julio de 2022. Según una fuente consultada, durante ese período habría sido despedida por faltas administrativas, entre ellas presentarse en estado inconveniente, bajo rendimiento, desobediencia y abandonar su área de trabajo para atender asuntos personales.
Posteriormente, laboró en el Rastro Municipal de enero a agosto de 2025 y regresó a la UMA de septiembre de 2025 a enero de 2026, donde el documento oficial la identifica como supervisora de la Unidad de Manejo Ambiental antes de ser nombrada coordinadora.
Sin embargo, personal de la UMA aseguró que en realidad nunca desempeñó funciones de supervisión, pues siempre estuvo bajo el mando de Sergio Paul Hernández. Incluso señalan que únicamente conservó el gafete y el sueldo con ese cargo, pero no las funciones correspondientes, por lo que cuestionaron la veracidad de la información entregada por el ayuntamiento mediante Transparencia.
En el expediente se enlistan cursos de capacitación que, de acuerdo con especialistas consultados, poseen escaso valor curricular y fueron impartidos por instituciones sin reconocimiento o prestigio en materia de manejo de fauna silvestre.
Las críticas cobran mayor relevancia al recordar que la Ley General de Vida Silvestre y la regulación aplicable a las UMA establecen que estos espacios deben contar con médicos veterinarios con experiencia comprobable en fauna silvestre, así como con un responsable técnico debidamente registrado ante la Semarnat.
Pese a ello, la UMA Citlaltépetl tampoco cuenta con un responsable técnico acreditado, figura obligatoria para la operación de este tipo de unidades. Para obtener dicho registro es necesario acreditar una especialidad en fauna silvestre, demostrar experiencia en el manejo de especies exóticas y realizar el trámite correspondiente ante las oficinas centrales de la Semarnat, en la Ciudad de México.
Fuentes conocedoras del tema señalan que el único profesionista que reunía ese perfil era el médico veterinario Rafael Torres Cabrera, quien fue despedido el 24 de febrero de este año.
Respecto al personal veterinario de la UMA, existen observaciones. Se señaló que ninguno de los cuatro médicos veterinarios adscritos posee una especialidad en fauna silvestre. Entre ellos Víctor Hugo Sánchez Montalvo, quien únicamente acude una vez por semana desde el puerto de Veracruz. De acuerdo con las fuentes consultadas, anteriormente laboró en el Zoológico de Veracruz, donde su desempeño fue cuestionado tras la muerte de varios ejemplares bajo su cuidado. Además, aseguraron que fue recomendado por la regidora tercera, Yamel Paola Arroyo Herrera.
También figura Alma Elsa Romero Ricavar, de quien personas que dicen conocer su trayectoria profesional afirman que carece de la preparación necesaria para realizar procedimientos quirúrgicos básicos. A ella se suma José Fidel Díaz Ávila, quien viaja dos días a la semana desde el puerto de Veracruz para prestar sus servicios en Orizaba y, según las fuentes, tampoco cuenta con experiencia en fauna silvestre.
La falta de personal especializado y de las acreditaciones exigidas por la legislación federal ha sido uno de los principales cuestionamientos hacia la administración del presidente municipal Hugo Chahín Kuri, particularmente después de las denuncias ciudadanas por irregularidades en el manejo de animales y muertes de ejemplares registradas en la UMA, hechos que han intensificado las exigencias de transparencia y de una revisión por parte de las autoridades ambientales federales.
