La liquidación de la deuda generada por la bursatilización de la tenencia vehicular, que durante 17 años comprometió recursos de 199 municipios de Veracruz, abrió nuevamente el debate sobre quiénes aprobaron este esquema financiero en 2008 durante el gobierno de Fidel Herrera Beltrán.
El pasado 15 de julio, la gobernadora Rocío Nahle informó que el estado concluyó el pago de esta obligación, con un monto superior a mil 500 millones de pesos, recursos que en su momento fueron entregados de manera anticipada a los ayuntamientos para obras públicas.
La autorización fue aprobada por la 61 Legislatura de Veracruz, dominada entonces por el PRI, con respaldo de legisladores del PRD, Convergencia, PT, Partido Revolucionario Veracruzano y un diputado independiente. El dictamen obtuvo 34 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones.
Una revisión de los registros legislativos revela que al menos 13 exdiputados que avalaron la bursatilización continúan activos en la política, ahora desde diferentes fuerzas como Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y otros grupos.
Entre ellos se encuentran José Ricardo Ruiz Carmona, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Joel Arcos Roldán, Fredy Ayala González, Gonzalo Guízar Valladares, Renato Tronco Gómez, Luz Carolina Gudiño Corro y Héctor Yunes Landa, entre otros.
Quienes impulsaron la medida argumentaron que permitiría a los municipios contar con recursos inmediatos para infraestructura y que no representaba una carga financiera directa, mientras que legisladores del PAN advirtieron en su momento que se trataba de una deuda de largo plazo que comprometería las finanzas municipales.
Actualmente, tras el cierre del esquema financiero, vuelve la discusión sobre las decisiones tomadas hace casi dos décadas y la responsabilidad política de quienes aprobaron una medida que impactó las participaciones de los municipios veracruzanos.
