En su momento, el alcalde Gerardo Rosales conocía el esquema de fraude y nunca procedió legalmente contra los responsables
Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Región.- Cientos de familias en los municipios de Fortín y Orizaba han sido víctimas de un sofisticado esquema de fraude orquestado por la asociación civil “Juventud Trabajadora Mexicana”. Lo que comenzó como una promesa de vivienda digna, con terrenos de más de 300 metros cuadrados y casas equipadas, se ha convertido en una pesadilla financiera para personas de escasos recursos, con estafas que oscilan entre los 30 mil y 100 mil pesos por afectado.
El esquema comenzó a operar en la zona alrededor de diciembre de 2022. Bajo la fachada de una organización social, Israel “N” y una mujer identificada como Monserrat “N” convocaban a reuniones semanales donde exigían aportaciones obligatorias. Los pagos, justificados bajo conceptos diversos como “inscripciones”, “hologramas” y “papeleo”, eran el combustible de este proyecto.
La asociación atrajo a sus víctimas prometiendo terrenos ubicados en puntos estratégicos de Fortín, lugares que, tras investigaciones de los afectados, resultaron tener dueños legítimos y no estar en venta. A pesar de los constantes desmentidos, los líderes continuaban recolectando dinero, postergando la entrega de “la primera piedra” cada tres o cuatro meses.
Montajes y amenazas
Para mantener el control y evitar cuestionamientos, los líderes implementaron medidas de seguridad extremas en sus reuniones: Prohibían estrictamente grabar audios, tomar videos o fotografiar documentos. El control era absoluto.
Sin embargo, para convencer a la gente de la veracidad del proyecto, montaron eventos públicos, como la supuesta entrega de muebles o camas que, en la realidad, nunca llegaron a los beneficiarios.
Cuando las víctimas comenzaron a exigir resultados o a cuestionar el destino de su dinero, Israel “N” recurrió a la intimidación. En la última reunión registrada, ante los reclamos, el sujeto presumió supuestas influencias en la Fiscalía para amedrentar a quienes mencionaron la posibilidad de una denuncia, además de exhibir fotografías con figuras políticas de alto nivel para dotarse de una falsa legitimidad.
EL GOLPE A LA REALIDAD
Afectados acudieron ante el entonces alcalde de Fortín, Gerardo Rosales, y funcionarios de Obras Públicas y Catastro, quienes confirmaron que el proyecto era un fraude y que los terrenos prometidos no pertenecían a la asociación.
Pese a que los funcionarios conocían la situación y recibieron detalles precisos sobre la operación de este grupo, el ayuntamiento nunca tomó medidas contundentes, dejando a cientos de familias a su suerte.
