AGENCIA
Ciudad de México.- La explicación del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sobre la omisión de una residencia valuada en 12 millones de pesos en su declaración patrimonial difícilmente contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Afirmar que la ausencia del inmueble se debió a una “confusión” administrativa o a la interpretación de un formato burocrático deja más preguntas que respuestas.
La polémica surgió después de que se señalara que la vivienda ubicada en Tepoztlán, Morelos, reportada previamente como una compra realizada mediante crédito, ya no aparecía en el apartado de bienes inmuebles de la declaración patrimonial correspondiente a 2026. Aunque el senador sostiene que el adeudo sí fue declarado como un pasivo, el debate gira precisamente en torno a la obligación de transparentar tanto los bienes adquiridos como las deudas asociadas a ellos.
El argumento de que una casa “no es tuya” mientras se sigue pagando puede tener fundamento desde una perspectiva jurídica sobre la propiedad plena; sin embargo, en materia de rendición de cuentas, los servidores públicos están obligados a ofrecer información clara, completa y sin ambigüedades sobre los bienes que poseen, utilizan o han adquirido mediante financiamiento. La finalidad de las declaraciones patrimoniales es evitar precisamente interpretaciones que puedan generar dudas sobre el origen o la evolución del patrimonio.
Resulta igualmente cuestionable que la responsabilidad se atribuya a una presunta asesoría administrativa. Si bien los formatos pueden generar dudas, corresponde a los funcionarios de mayor nivel verificar que la información presentada refleje fielmente su situación patrimonial. Delegar esa responsabilidad en asesores no elimina el deber de rendición de cuentas.
En lugar de concentrarse en aclarar las inconsistencias señaladas, Fernández Noroña optó por desviar la discusión hacia el patrimonio de actores de oposición, particularmente del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Sin embargo, señalar posibles excesos o irregularidades de otros personajes políticos no responde a las dudas planteadas sobre su propia declaración.
La transparencia exige estándares iguales para todos, sin importar el partido político. Los discursos que durante años cuestionaron el patrimonio de gobiernos anteriores pierden fuerza cuando, frente a observaciones similares, la respuesta se limita a calificarlas como una “confusión” o a responsabilizar al sistema administrativo.
En un contexto donde la ciudadanía demanda mayor honestidad y rendición de cuentas, las declaraciones patrimoniales deben ser herramientas de certeza, no documentos abiertos a interpretaciones. La confianza pública se construye con información clara y verificable, no con explicaciones que terminan alimentando aún más la polémica.
Increíble … Aún cuando esté hipotecada la tiene que declarar. Esto merece una investigación por conducta sospechosa de un funcionario legislativo. No es cualquier funcionario de medio pelo.
Sin duda alguna la expresión máxima de cinismo. “Mientas no la pague, no es mía”. Luego dice que la tiene a crédito. ¡Entonces sí es suya!
