AGENCIA
Ciudad de México.- Al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos han perdido sus visas estadounidenses durante la administración de Donald Trump, en medio de la estrategia de Washington contra el narcotráfico, el crimen organizado y posibles vínculos entre grupos criminales y actores políticos. Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos no ha difundido públicamente una lista completa de los afectados.
Entre los casos confirmados públicamente se encuentran:
• Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
• Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar y exfuncionario de Baja California.
• Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero.
• Juan Francisco Gim Nogales, alcalde de Nogales, Sonora.
• José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California.
• César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora.
• Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali.
• Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana.
• Myrna Brighite Granados de la Rosa, dirigente estatal de Morena en Chihuahua.
• Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno de Coahuila.
• Jorge Miguel Barajas Hernández, funcionario policial de Coahuila.
• Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada de Morena por Baja California y exalcaldesa de Playas de Rosarito.
• Óscar Eduardo Castro Castro, exalcalde de Puerto Peñasco, Sonora.
• Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector de Investigación Aduanera de la ANAM.
• Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
También han sido mencionados por medios estadounidenses y mexicanos los gobernadores Alfonso Durazo Montaño, de Sonora; Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, y Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. En estos tres casos existen diferencias importantes: los mandatarios han negado o rechazado públicamente las versiones sobre la cancelación de sus visas, por lo que no deben presentarse como casos confirmados.
En el caso de Durazo y Villarreal, reportes periodísticos los relacionaron con presuntos vínculos con el crimen organizado; ambos rechazaron los señalamientos. Villarreal incluso mostró públicamente su visa y afirmó que no había recibido notificación de cancelación.
El caso más reciente y políticamente sensible es el de Andrés Manuel López Beltrán, quien confirmó en agosto pasado que Estados Unidos le revocó la visa. El hijo del expresidente calificó la decisión como política y negó que existieran pruebas de actos ilícitos en su contra.
La situación ha generado una fuerte polémica entre México y Estados Unidos, pues mientras Washington sostiene que las visas pueden cancelarse por incumplimiento de las condiciones migratorias, violaciones a la ley o razones de seguridad nacional, en México algunos de los afectados han denunciado que las decisiones tienen un componente político.
Por ahora, la cifra de más de 50 afectados es conocida, pero la identidad de todos permanece bajo reserva. Por ello, cualquier “lista completa” que circule en redes sociales debe tomarse con cautela, ya que mezcla casos confirmados con nombres cuya cancelación únicamente ha sido reportada o incluso negada por los propios involucrados.
La lista que sí puede sostenerse con mayor seguridad es la anterior; no conviene publicar como hecho que los 50 fueron señalados por narcotráfico, porque las razones de las cancelaciones no son públicas en todos los casos.
