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Adriana Estrada
El Buen Tono

Orizaba.-  El Paquete Económico Federal 2027 no debe medirse sólo por sus billones, su déficit o su deuda, pues la verdadera prueba está en saber si protegerá el empleo, el salario y los servicios que a diario utilizan las familias trabajadoras de Veracruz, señaló Alfredo Hernández Ávila, secretario general de la CROM.
De acuerdo con el análisis de la organización sindical, la propuesta contempla un gasto aproximado de 10.5 billones de pesos y estima un crecimiento económico de entre 1.5 y 2.5 por ciento. También plantea reducir gradualmente el déficit público de 4.1 a 3.9 por ciento del PIB. Hay disciplina financiera, reconoció, pero con poco margen: la deuda alcanzaría 55 por ciento del PIB y el pago de intereses absorbería 1.575 billones de pesos.
Señaló que, el crecimiento cercano al dos por ciento puede conservar cierta estabilidad, aunque no basta para generar suficientes empleos formales ni mejores salarios.
El dirigente sindical destacó como uno de los principales aciertos el aumento real de 12.7 por ciento en salud, con mayores recursos para el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, y mencionó incrementos para educación, ciencia y cultura, mientras que para las familias trabajadoras, dijo, eso debe traducirse en medicamentos disponibles, atención oportuna, especialistas, hospitales equipados y menos gasto de bolsillo.
Señaló que se mantienen los programas sociales prioritarios con una bolsa superior al billón de pesos, como pensiones y becas que sostienen la economía familiar y el consumo local. Sin embargo, insistió en que deben complementarse con capacitación, educación de calidad, guarderías, vivienda y políticas que faciliten la incorporación de mujeres y jóvenes al empleo formal.
Destacó que la inversión federal prioritaria ronda los 560 mil millones de pesos, de los cuales 45.6 % se dirige a Pemex y 26.9 % a proyectos ferroviarios, mientras que las obras hidráulicas apenas reciben 4.1 %. Consideró que Veracruz debe aprovechar su vocación petrolera, energética, portuaria e industrial para atraer inversión y empleos, pero también gestionar recursos para agua potable, drenaje, saneamiento de ríos y prevención de inundaciones.
“En Veracruz, esos recursos deben generar actividad económica regional, contratos para empresas locales, mantenimiento, seguridad industrial y trabajo formal. El respaldo financiero a la empresa sólo estará plenamente justificado si también se refleja en producción, empleo y desarrollo de las comunidades donde opera”, añadió.
Asimismo resaltó la decisión de la gobernadora Rocío Nahle de liquidar la bursatilización que afectaba a 199 municipios. El financiamiento contratado en 2008 fue de aproximadamente mil 208 millones de pesos; los ayuntamientos ya habían pagado cerca de 2 mil 573 millones y todavía se proyectaban otros 2 mil 266 millones hasta 2036.
“La economía de los trabajadores no mejora únicamente cuando aumenta el salario. También mejora cuando existe empleo estable, atención médica, transporte, seguridad, agua, educación y servicios públicos que evitan nuevos gastos para las familias. Ése debe ser el parámetro para evaluar tanto el presupuesto federal como las decisiones financieras del Gobierno de Veracruz durante 2027”.

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