Acusan nepotismo y tráfico de influencias

Córdoba.- Los contratos de servicios que efectuó el Ayuntamiento el año pasado son de tipo familiar, tienen vínculos con regidores y funcionarios de primer nivel; además, el signado con José Antonio Domínguez Martínez no cuenta con el perfil para la elaboración y dirección del proyecto de recicladora, por el que el año pasado se le pagó 20 mil pesos mensuales.

 

Luego de ganar un juicio de revisión para analizar algunos contratos que realizó el Ayuntamiento correspondientes al año fiscal 2014, Juan Carlos Fernández Zulueta, representante del Partido del Trabajo (PT) en Córdoba, dijo que encontró vínculos familiares entre regidores y funcionarios de primer nivel y de confianza con particulares.

 

Pese a que Domínguez Martínez no es trabajador del Ayuntamiento, se equipara por ser esposo de la directora de Atención Ciudadana, María de los Ángeles Sahagún, por lo que se incurre en tráfico de influencias y en nepotismo, según la ley, que dice que funcionarios no pueden signar convenios con el Ayuntamiento. 

 

Y es que en el contrato, se detectó que no hay motivo real para el pago de sus servicios, además, no cuenta con el perfil, ni el conocimiento para ser responsable o encargado de gestionar el proyecto de la recicladora de basura, pues en el mismo contrato no se observa que tenga el conocimiento o experiencia que justifique que puede prestar ese servicio a la actual administración.

 

Esto conlleva al incumplimiento de un deber legal de parte de los integrantes de la Comisión Municipal de Hacienda, integrada por el alcalde Tomás Ríos Bernal; el síndico Luis Alberto García; los regidores Juan Antonio García y Guillermina Fernández Fernández, quienes son los responsables, pues a sabiendas que no se podía celebrar ese contrato, lo hicieron.

 

Otra irregularidad que se observa, es que este año no se ha renovado el contrato con Domínguez. 

 

Según informó el síndico del Ayuntamiento, hasta el mes de marzo no se había efectuado la renovación de dicho convenio, pero sí se le está pagando, por lo que autoridades incurren en una responsabilidad de carácter administrativa, por ello se hará una denuncia de carácter penal, dijo Fernández Zulueta.

 

Recordó que tuvo que acudir a instancias legales y fue a través de un juicio de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información (IVAI) como pudo obtener información de algunos contratos, pues no hubo respuesta de parte de las autoridades municipales a su solicitud.

 

Cuando se analizan los contratos a detalle, se detecta celebración de servicios o alquiler de bienes a familiares muy cercanos a regidores panistas, como el que se celebró entre la esposa de un regidor y las autoridades municipales. Zulueta dijo que seguirá analizando los 86 contratos que tiene en su poder.