Por Andrés Timoteo / columnista

Carlos Urzúa, el hombre de los dineros, no superó el primer verano de la “Cuarta Transformación” y se fue dando un portazo -o más bien un ‘cartazo’-, quejándose de imposiciones en su oficina y decisiones equivocadas derivadas de un extremismo y conflictos de intereses que traerán consecuencias negativas para la Nación. Se refiere, claro, a las órdenes presidenciales a rajatabla en cuestiones fiscales, austeridad extrema y distribución presupuestal basadas en percepciones personales o, peor, partidistas.

Tarde o temprano eso generará repercusiones negativas en las finanzas del País y, por ende, a la economía doméstica de millones de pobladores. De hecho, ya se sienten con una economía al borde del receso y la sensación generalizada entre la población de que todo escasea: medicinas, médicos, becas, apoyo a la cultura y a la investigación científica mientras crece el número de burócratas echado a la calle atropellando sus derechos laborales, contrario al bienestar que se prometió en la campaña electoral.

Urzúa Macías era de la elite lopezobradorista y su renuncia, anunciada ayer por medio de una misiva en las redes sociales, sacudió el gabinete presidencial. El mensaje no es bueno porque indica que el equipo se depura hacia el extremo personalista. Un moderado se va para dar cabida a uno que no cuestione el dogma ni contradiga al Mandatario omnipotente.

El sustituto, Arturo Herrera, quien era subsecretario de Hacienda, es famoso porque ha sido desmentido y exhibido en público por el propio Andrés Manuel López Obrador en varias ocasiones y cuando la lógica era presentar su renuncia ante la ridiculización, él aceptó, calló y bajó la cabeza. Es, pues, un colaborador dócil ante el caudillo. La salida de Urzúa es parecida a la de German Martínez Cazarez, que en mayo pasado se fue del IMSS también con quejas y advertencias en una misiva.

Pero la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público es más delicada porque muestra debilidad y destanteo en el gabinete inicial -en el plano político-, manda un mensaje negativo a los inversionistas nacionales y del extranjero -en el plano económico- e indica la existencia en un pleito interno en las élites del lopezobradorismo -en el plano partidista-.

La caía de ese ‘peso pesado’ de la “Cuarta Transformación” es una suerte de victoria para otros funcionarios a los que estaba enfrentado, entre ellos Alfonso Romo, poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia – de quien también se dice que ha renunciado en varias ocasiones- y la oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, con quien tuvo encontronazos. Ella, Buenrostro, acuerda directamente con el Presidente y es la que decide sobre las compras gubernamentales y la distribución de las partidas presupuestas, aún sobre la voluntad de su jefe inmediato.

Vaya, algunos analistas hasta incluyen en esa lista de los que saltan de contentos por la salida de Urzúa a la zacatecana, Rocío Nahle, secretaria de Energía, quien ha impuesto el proyecto de la refinería de Dos Bocas aún con el riesgo para las finanzas públicas. Por lo pronto, ante la “ola” de interpretaciones que desató la renuncia de Urzúa Macías, el presidente respondió con una parábola bíblica para descalificar al que se fue: “no es puede poner vino nuevo en odres viejos”.

 ¿Y quién dijo esa frase según el evangelista Mateo? Jesús de Nazaret, el Mesías, al acusar que los fariseos y escriba eran una clase vetusta que no entendía ni quería aceptar el Reino de Dios por eso los comparó con los recipientes viejos que son reventados por la fermentación del vino nuevo. Traducción: la “Cuarta Transformación” es ese vino nuevo, los odres viejos son esos que cuestionan las decisiones presidenciales porque las advierten extremas ¿y quién es el nuevo Mesías que pregona el Reino de Dios para México? Acertaron.

MANOTAZO EN MIXTLA

En Mixtla de Altamirano se perdió el orden y la paz públicos, se decretó ayer en el Congreso local. Por eso, fue disuelto el actual Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Margarita Montalvo Acahua, sustituta  de la desaparecida edil, Maricela Vallejo, asesinada en abril pasado junto con su esposo y un empleado.

Los diputados designaron el Concejo Municipal -con “c” porque significa un cuerpo de Gobierno- que será presidido por Crispín Hernández Sánchez y los vocales serán Socorro Alba Sandoval Cuevas, Xicoténcatl Atlahua Temoxtle, Lorenzo Tlehuactle Zopiyactle, Senoria Orea Méndez y Ángel Amador Cano.

Algo que mueve a la duda es que la desaparición de los poderes municipales se dio acompañada de la frase “suspensión provisional”, lo que hace suponer que el Concejo no será para concluir el periodo constitucional de cuatro años, hasta el 2021, sino que podrían convocarse a elecciones extraordinarias. Al menos eso se entiende. La medida es ambigua y, por supuesto, deberá recurrirse ante los tribunales.

Se requiere la interpretación de la norma jurídica para verificar si hay facultad del Poder Legislativo para convocar a comicios extraordinarios cuando esta la tienen los tribunales electorales y también para conocer si la paridad de género se violentó, ya que en los acuerdos electorales del 2017 se estableció que Mixtla de Altamirano debía ser gobernada por una mujer y ahora designaron a un varón. Hay que esperar las impugnaciones y sentencias respectivas.

Mientras tanto, ya desde inicios de esta semana fue intervenida la Tesorería municipal por contables designados también por la Legislatura y, días antes, los policías locales fueron desarmados y llevados a Xalapa para someterlos a exámenes. Todo esto en el contexto del jaloneo político por el control de la municipalidad.

Por supuesto que el argumento esgrimido para la desaparición de los poderes municipales es insuficiente, porque el orden y la paz pública no se perdieron por las acciones de los funcionarios municipales, sino por la crisis de seguridad pública que castiga a toda la región serrana y a toda la Entidad. Si en Mixtla de Altamirano se dio ese argumento para disolver el Cabildo, ¿cuántos otros ayuntamientos deberán desaparecer por la “ola” de violencia que tienen los municipios?

El Gobierno Estatal, que solicitó la desaparición de poderes municipales y los diputados, que la aprobaron, abrieron la puerta a que lluevan peticiones similares en toda la Entidad. Claro, lo votado ayer en el Congreso local -con la mayoría de los diputados de Morena- se antoja más como un ‘manotazo’ partidista que una medida para atender y resolver la convulsión local que se potencializó con el asesinato de la alcaldesa Vallejo Orea.

HISTORIAS DE CORRUPTOS

El exgobernador Javier Duarte de Ochoa abrió la boca para tratar de desquitarse con antiguos aliados que le fallaron. Asegura que sobornó a funcionarios del sexenio peñista para que modificaran imputaciones y rebajarán penas judiciales. Que su detención en Guatemala fue una simulación, ya que en él mismo negoció su entrega a cambio de impunidad para su esposa, Karime Macías.

Que fueron 200 millones de pesos que le dio al entonces encargado de despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Elías Beltrán. Que ahora está dispuesto a declarar en su contra y también contra el expresidente Enrique Peña Nieto ante el Ministerio Público. Es más, pide al actual fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que le tome declaración en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra preso.

Tales declaraciones, contenidas en una carta que difundió una televisora y en una entrevista telefónica con un periodista beneficiado en su sexenio, parecieran una bomba mediática, pero no es nada nuevo. Lo único que hizo fue confirmar lo que ya todos sabían del proceso judicial en su contra: montajes y pactos de impunidad.

Por supuesto, Duarte no es una persona de fiar ni testigo de calidad al que se le debe creer a pesar de que a los que señala también son unos pillos. La delación que el exgobernante del Estado hace sobre esos acuerdos para torcer la legalidad y engañar a la opinión pública no son otra cosa que historias de corruptos, la cloaca destapada con el tiempo.

Para la salud de la cosa pública debe haber una reacción del Poder Judicial, pues si hay la aceptación de un delincuente de haber sobornado para que el expediente judicial fuera manipulado, se tiene que anular el juicio y convocar a uno nuevo, además de sancionar a los fiscales y jueces que participaron en el chanchullo. Eso sí sería una transformación para bien del sistema judicial.

No obstante, todo apunta a que el Gobierno Federal, ahora en manos del lopezobradorismo, hará mutis y dejará avanzar la inercia a favor del corrupto exgobernador. Ya hasta el mismo Duarte anticipó que “pronto estará fuera (de la cárcel)” como fruto de todo lo que retorcieron en el proceso judicial.

 Y, vaya, es tanta la cercanía del gran ladrón de Veracruz con el régimen actual -el federal y el estatal- que algunos ya hasta lo ubican como candidato a una diputación plurinominal de Morena en el 2021 y aseguran que operará electoralmente -léase: financiará- a favor de los otros abanderados del mismo partido marrón. Nadie lo dude, indicios sobran.