Por Raúl Rodríguez Cortés
Faltan quince días para que venza el plazo de ley para obtener las casi tres millones de firmas ciudadanas requeridas para que proceda la consulta de revocación de mandato y hasta ayer –de acuerdo con el más reciente registro del Instituto Nacional Electoral (INE)– solamente se habían recabado poco más de un millón (37.5%), por lo que faltarían, al menos, un millón 700 mil (62.5%).
La fracción novena del artículo 35 de la Constitución establece que las firmas requeridas para la realización de la consulta popular revocatoria deben estar distribuidas de tal forma que también se cumpla con el 3% del padrón electoral de al menos diecisiete entidades federativas. Según el corte estadístico del INE actualizado en los primeros minutos de ayer, solo la Ciudad de México y Tabasco habían cubierto ese requisito, por lo que estarían faltando otros quince estados.
En números exactos se necesitan dos millones 758 mil 227 firmas de un listado nominal de electores de 91 millones 940 mil 900 ciudadanos. Hasta ahora solo se tienen registradas ante el INE un millón 33 mil 150 y faltan un millón 725 mil 77. Eso quiere decir que, para llegar a la meta, se necesitarían captar 115 mil diarias, cuando el ritmo cotidiano, desde el pasado primero de noviembre, fecha en que inició el proceso, hasta ayer, ha sido de 26 mil 491.
Ayer, sin embargo, la asociación civil “Que siga la Democracia” que encabeza Gabriel Jiménez informó que había entregado al INE un millón 68 mil 157 firmas de apoyo y dijo que, con ellas, los estados de Oaxaca, Aguascalientes, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Baja California Sur, Campeche, Estado de México y Chiapas, se sumaban a Tabasco y la Ciudad de México como los que ya cumplieron el requisito de aportar apoyos equivalentes al 3% de sus respectivos padrones. Se completarían así once de las 17 entidades requeridas como mínimo por la Constitución.
De ser avaladas esas firmas por el INE, se tendrían ya un total de dos millones 101 mil 307, por lo que estarían faltando 656 mil 920 apoyos ciudadanos y se requeriría captar 43 mil 794 diariamente para alcanzar el número exigido el próximo 25 de diciembre, fecha en que vence el plazo.
De manera que el procedimiento avanza lentamente y va contra reloj, lo que confirma la poca afluencia que se ve en las mesas y módulos recabadores de firmas instalados por los ciudadanos promotores, al menos en la Ciudad de México.
El aparato político de Morena y del gobierno de la 4T seguramente alcanzarán el objetivo, pero vendrán otros requisitos que completar. El primero se refiere a la exigencia constitucional de que el resultado de la consulta revocatoria solo sería válido y vinculante, es decir, de aplicación obligatoria, si vota en ella 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Hablamos de 36 millones 776 mil 360 votos, casi siete millones más de los 30.1 millones que se llevó AMLO en la elección presidencial de 2018 en la que participamos 56.6 millones de mexicanos.
El umbral de participación, como se ve, es muy alto y será difícil de alcanzar si nos atenemos a lo ocurrido en la primera consulta popular constitucional sobre actores políticos del pasado (el juicio a expresidentes), realizada el pasado primero de agosto. En aquel ejercicio también se requería de 40% del padrón (36.7 millones de votos) para que el resultado fuera vinculante, pero solo participó 7.7% de la ciudadanía (siete millones 79 mil).
Aunque se ve dificilísimo que se alcance la elevada participación requerida para que el resultado de la consulta revocatoria sea vinculante, AMLO ya declaró que acatará el resultado (revocación o ratificación) sean cuantos sean los que voten. Ya lo veremos.
Pero queda el obstáculo del financiamiento del ejercicio tras el recorte de cinco mil millones de pesos aplicado al presupuesto del INE. Sobre la dificultad de llevarla a buen término con escasos recursos, ya ha advertido el organismo electoral. Y no solo eso, ya anunció que interpondrá ante la Corte una controversia constitucional en la que exige se le repongan los recursos recortados. Falta ver si el máximo tribunal del país le da entrada y el tiempo que le tome llegar a una resolución, cuando la consulta revocatoria está prevista para el próximo 10 de abril.
Instantáneas:
BELIGERANCIA. El senador Ricardo Monreal dijo ayer que no es corcholata. Pero eso no quiere decir que se haya autodescartado como aspirante a la candidatura presidencial de Morena. AMLO, recordará usted, usó el término para referirse a quienes destapó (cual corcholatas) como aspirantes a sucederlo. Monreal declaró: “yo no soy corcholata de Presidente ni de nadie porque tengo dignidad”. Sin embargo, reiteró que estará puntual en la cita para participar en las elecciones de 2024 y aumentó los decibeles a su beligerancia al señalar que buscará que se democratice la elección del candidato de Morena y se garantice piso parejo en la contienda. Aceptó que todas las señales indican que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum es el alfil presidencial, pero que él buscará la candidatura desde la base.
FUERZA. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el miércoles la decisión del INE de cancelar el registro como partidos políticos nacionales a Fuerza Por México, Encuentro Social y Redes Sociales Progresistas por no haber alcanzado al menos 3% de la votación total emitida en las elecciones federales de 2018. Ayer, sin embargo, sus dirigentes anunciaron la creación de Fuerza Solidaria Progresista para impulsar candidatos en común para las gubernaturas del año próximo en Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. Participarían como un bloque de vida partidaria individual, pero sumados, aprovechando que dichas fuerzas políticas conservan registros locales.
