En todas las mediciones México ocupa un lugar vergonzoso en cuanto a la vigencia del Estado de derecho, la corrupción y la impunidad. Esta situación le cuesta al país en términos de su imagen en el exterior y en inversiones. Pero sobre todo le cuesta a los ciudadanos en su seguridad física y patrimonial. Según la última Encuesta Nacional de Victimización, en 2013 se cometieron 33 millones de delitos, el costo económico de la inseguridad fue de 213 mil millones de pesos y los hogares mexicanos invirtieron 14% de su ingreso en actos de corrupción. Le cuesta también en vidas: más de 18 mil homicidios dolosos en 2013 y miles de desaparecidos. No sabemos cuántos, las cifras van de 9 a 26 mil.
Normalmente esta cifra va aumentando de uno en uno y no nos damos cuenta hasta que año con año nos dan el gran total. Las víctimas suelen quedar en el anonimato y los responsables en la impunidad. Las cosas cambian cuando ocurren masacres, cuando las víctimas son muchas al mismo tiempo como en Villas de Salvárcar con el asesinato de 17 estudiantes, en San Fernando con el fusilamiento de 72 personas, en Tlatlaya con el ajusticiamiento de otras 22 o en Ayotzinapa, en donde hasta el momento hay tres estudiantes muertos y 43 “desaparecidos”. En estos casos las víctimas cobran relevancia, adquieren identidad y la indignación que se genera obliga a las autoridades a dar la cara.
En ambos, los masivos y los “individuales” que no reciben atención mediática, hay constantes: falta de prevención, participación o complicidad de las autoridades, acusaciones cruzadas sobre la responsabilidad entre los órdenes de gobierno, discursos, muchos discursos e impunidad, mucha impunidad.
Por desgracia Ayotzinapa no es excepcional. En todo caso es el crisol en el que se funde la violencia e ilegalidad que reinan en el país.
En los códigos penales y las leyes de responsabilidad se configuran los delitos de servidores públicos “por acción”. Los ministerios públicos, los jueces, las policías municipales y estatales lo mismo que sus superiores, esto es, los procuradores, los secretarios de seguridad, los alcaldes y los gobernadores, han incurrido en los delitos de “ejercicio indebido del servicio público”, “abuso de autoridad”, “uso indebido de atribuciones y facultades”, “colusión”, “intimidación”, “ejercicio abusivo de funciones” y “encubrimiento”. Además, han cometido delitos “contra la administración de justicia”. Algunos de estos, muy pocos y casi siempre los de menor jerarquía, han sido procesados, juzgados y condenados.
Pero existe también el delito por omisión. En el caso de Ayotzinapa hay responsabilidad por incumplimiento de obligaciones que en cualquier régimen basado en el Estado de derecho son exigibles a los distintos servidores públicos. José Roldán lo deja en claro en su muy ilustrativo trabajo La rendición de cuentas y responsabilidad por actividad discrecional y por omisión: la omisión se da cuando, fijado un supuesto que establece el deber actuar, no se da la acción estando el servidor público en la capacidad de actuar. En el delito por omisión acompañan a las autoridades estatales y locales, las federales. El procurador de Guerrero afirma que no puede actuar por rumores y el procurador general de la República que no le entregaron las pruebas o que el presunto delito de homicidio cometido por el alcalde de Ayotzinapa en 2013 era del orden común. El gobernador de Guerrero dice que ese mismo alcalde no aceptó incorporarse al Mando Único de la Policía Estatal y el gobierno federal no juzga necesario reforzar la seguridad como en Michoacám o Tamaulipas. Gobernación y el Cisen no tenían en el radar los vínculos entre el alcalde y el crimen organizado y si los tenían no hicieron nada. El PRD nomina a un narcocandidato a sabiendas y luego pide perdón. El ombudsman no actúa con prontitud y eficacia; perdón, simplemente no actúa.
Las autoridades de los tres ordenes de gobierno y sus ministerios y agencias lo mismo que el PRD y la CNDH han sido omisas y, como tales, cómplices. Cada una de estas instituciones tiene responsabilidad en el caso de Ayotzinapa como antes lo tuvieron otros en Villas de Salvárcar, San Fernando o Tlatlaya. Con un agravante. Si ocasionalmente algún funcionario cae por los delitos tipificados en el Código Penal, ninguno lo hace por el delito de omisión.
Ayotzinapa es un caso más en el que la omisión se convierte en complicidad. En el que se promete que se hará justicia. En el que se condenan los vacíos de poder, la debilidad institucional y los nexos con el crimen. En el que se forman comisiones legislativas y se envían visitadores. En el que se refuerza la seguridad y se justifica la intervención federal cuando casi todo está perdido. En el que se propone otro acuerdo nacional. En lugar de todo esto, ¿no podrían prometer algo más simple y más útil como comenzar a preparar un mapa de los narcoservidores para prevenir en lugar de condenar?
Por cierto, la quema de los edificios públicos así como la retención forzosa de las personas que ahí laboraban también son delitos cometidos por estudiantes y maestros que no deben quedar en la impunidad.
*Investigador del CIDE
amparo.casar@cide.edu
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