Por: Andrés Timoteo / columnista
Tuvo que ser necesaria la intervención del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para rescatar –una vez más- al fiscal del Estado, Jorge Winckler quien ayer iba a ser materia de escarmiento, al menos mediático, en el Congreso local, donde había la petición para iniciar un juicio de destitución contra el oaxaqueño, pero desde palacio de gobierno se presionó al perredista Sergio Rodríguez Cortes, impulsor de la misma, para retirar el proyecto.
Los diputados siguen masticando el enojo porque el fiscal los tildó de “bola de corruptos”, la semana anterior luego de que no quisieron desaforar al edil fortinense Armel Cid de León. Claro, el argumento para pedir su destitución es baladí aunque nadie en su sano juicio saldría a la defensa del bisoño procurador tan proclive a las pifias y la camorra virtual. Este funcionario pasa más tiempo en las redes sociales que desquitando el sueldo que se le asignó para ser el abogado de la Entidad.
Su defensor de cabecera es Yunes Linares quien movió el resorte de la presión política para rescatarlo y salió a la prensa para tratar de justificar los desmanes del funcionario. Triste papel que hace Yunes erigiéndose como abogado del abogado, cuando debería tener a la Fiscalía como una oficina modelo, incuestionable y afilada para cumplir sus compromisos de campaña.
De epílogo está el reportaje difundido por el periódico El Universal en el que se da cuenta de 127 burócratas que fueron contratados recientemente por Winckler Ortiz, entre ellos su secretario particular, a los que les asignó sueldos de hasta 40 mil pesos. ¿Para qué le sirven a los veracruzanos esos empleados de angora? Para nada. Vaya, y eso que prometieron austeridad en el gasto público.
Sin duda, uno de los puntos flacos en la actual administración estatal es el exhibicionista Winckler pues no sólo su desempeño como servidor público se le endosará – y reclamará- a Yunes Linares sino también su petulancia y la confrontación con periodistas, Legisladores, activistas y demás. Al mandatario estatal ya le pesa sostener al oaxaqueño en la fiscalía y su gubernatura de dos años podría ser recordada como una vacilada en eso de la procuración de justicia.
Yunes alega que Winckler es un “fiscal extraordinario”, pero tal descripción es sumamente relativa y por supuesto, contraria a la opinión en el imaginario colectivo. No puede instaurar por decreto la eficacia de su subalterno. Lo anterior sin reparar en el hecho de que ocupa tiempo para justificar y exculpar a funcionarios ineficientes también es una forma de distraer los recursos de los veracruzanos. La abogacía del mandatario debe ser para con los veracruzanos no para sus empleados bienqueridos.
LOS INTOCABLES
En el mismo tema de la procuración de justicia y asuntos legislativos, ayer también en el Congreso Local se dio entrada a la solicitud de juicio de procedencia contra la diputada Eva Cadena Sandoval, presentada por la Fiscalía estatal. A la Legisladora con licencia y fallida candidata a la presidencia municipal de Las Choapas la quieren desaforar para llevarla ante los tribunales ya que es un arma de golpeteo electoral.
Se ha mencionado por parte de algunos funcionarios estatales y legisladores locales que el proceso de desafuero será exprés para echarle el guante a la “recaudadora” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo, en la Fiscalía y en el recinto parlamentario pecan de obviedad y oportunismo pues se ceban sobre la señora Cadena, dándole prioridad a su desafuero, pero hay otros pillos que orondamente siguen despachando en sus curules sin ser molestados.
Dos de ellos son verdaderos emblemas de la corrupción y ejemplo de los pactos de impunidad que están vigentes: el diputado por Córdoba, Juan Manuel del Castillo, quien fue subsecretario de Finanzas y Vicente Benítez, legislador por San Andrés Tuxtla, extesorero estatal y exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Ambos fueron muy allegados al exgobernador Javier Duarte de Ochoa, del cual fueron socios y prestanombres en varios negocios. Y comparada con Del Castillo y Benítez, la diputada Eva Cadena es una ladrona de callejón pues los dos exfuncionarios son tremendos saqueadores de grandes ligas. Lo extraño es que a ellos no se les toca ni con un tuit de los que acostumbra el frívolo Fiscal.
TEST GENÉTICOS
La semana en curso es muy importante en el rubro de la justicia pues peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía Científica Federal y la Fiscalía de Veracruz están recabando muestras de ADN entre familiares de personas reportadas como desaparecidas a fin de tener un banco de datos que ayude a su localización, ya sea entre los cadáveres que llegan al Servicio Forense o los despojos extraídos de las fosas clandestinas.
La recolección de las muestras del material genético se realiza en ocho ciudades: Orizaba, Córdoba, Tantoyuca, Cardel, Coatzacoalcos, Poza Rica, Xalapa y el puerto de Veracruz, y es la primera vez que hay una acción de este tipo, muestra de que han funcionado las movilizaciones y exigencias de los colectivos de familiares de desaparecidos, que lograron mover la pesada maquinaria judicial.
Hay que recordar que en el sexenio pasado, la Fiscalía a cargo del amateco, Luis Ángel Bravo Contreras recurrió a la simulación pues convocó a decenas de personas para someterse a los test genéticos pero nunca procesó las muestras, simplemente fue una fachada mediática para dar la apariencia que se atendía el caso de los miles de desaparecidos.
Ahora, del 8 al 12 de mayo se tiene un proceso real para recopilar datos genéticos y debe ser aprovechado por todos aquellos que buscan a un ser querido que está ausente. El asunto no es menor. Es vital construir un archivo biológico que ayude en la búsqueda, al igual que lo es el censo de las víctimas. Son los primeros pasos en un camino tan nebuloso para encontrar a los difuntos porque ni siquiera se sabe su número exacto en la entidad ni en cada uno de las regiones.
Por ejemplo en Córdoba unos hablan de 70 desaparecidos, otros de 100 y otros de 130. En Orizaba las cifras manejadas van de 24 a 80 personas y en la región Xalapa consideran que hay entre 150 a 400 personas. Lo mismo es a nivel estatal pues mientras las cifras oficiales apuntan a unas 3 mil 500 personas hay quienes aseguran que son hasta 15 mil los desaparecidos, cifra comparable a todos los habitantes de un municipio pequeño.
Entonces, si se hace la comparación, en los últimos años la violencia desatada en Veracruz hizo desaparecer a un municipio entero. De tal magnitud es el drama. ¿Y dónde están todas esas personas? Ese es el reto, localizarlas vivas o muertas, pues la sociedad no logrará sanarse mientras no se conozca el destino que tuvieron. Es un proceso muy complejo que inicia por el censo de quienes no están y quienes los buscan, y para ello es indispensable el banco de información genética.
LA MADEJA
El fin de semana pasado, la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Leticia Márquez de Yunes, expuso la madeja de otro asunto muy oscuro: la adopción de niños que están bajo resguardo de ese organismo durante el sexenio anterior. Según la señora Márquez, en los últimos cinco años el DIF desatendió peticiones y 145 pequeños perdieron la oportunidad de integrarse a una familia.
Dijo que no hubo interés por desahogar las peticiones de adopción presentadas ante el DIF, y entonces ahí hay una contradicción y al menos el indicio de un posible ilícito ya que oficialmente no se atendieron solicitudes de adopción de niños pero extraoficialmente la entrega de pequeños habría sido otro negocio criminal del fatídico sexenio.
Un caso lo ilustra todo, el de un reportero xalapeño que en su momento acusó al DIF estatal y a su director, el cordobés Juan Antonio Nemi Dib, de haberlo despojado de un bebé que dejaron abandonado en unos botes de basura cerca de su casa y al cual rescato, lo cuidó y quiso adoptarlo. Le negaron ese derecho y después el mismo comunicador aseguró que Nemi Dib habría “vendido” ese pequeño a una pareja italiana por 20 mil dólares.
Si no hay registro legal de esa adopción, atendiendo los dichos de la presidenta del DIF, entonces significa que hubo un negocio con los niños hecho por los mismos funcionarios del organismo asistencial. Ahí debe intervenir la autoridad ministerial e investigar qué sucedió con ese pequeño y con otros más que pudieron ser entregados a trasmanos y bajo condición de “venta”. Como ya se dijo, el tráfico de bebés pudo ser otro de los negocios criminales del duartismo.
