El 21 de septiembre, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en México anunció un nuevo sistema antidrones cuyo costo se estimó en 215.7 millones de pesos mexicanos (alrededor de 9.6 millones de dólares) para contrarrestar el uso de esos dispositivos por parte de organizaciones criminales, como informó El Universal.

Recién el pasado mes, un informe alegaba que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) había estado desplegando drones cargados con explosivos C4 de uso militar en Tepalcatepec, Michoacán, presuntamente contra grupos locales de vigilantes.

Aunque esos ataques por aire puedan haber acrecentado la preocupación de las autoridades mexicanas, lo que ha sido común es que las redes del crimen organizado en Latinoamérica usen drones para vigilancia.

Líderes indígenas de la zona de Caru, en Maranhão, norte de Brasil, afirmaron que temían que sus territorios estuvieran bajo vigilancia permanente con drones controlados por taladores ilegales y narcotraficantes que buscaban sembrar marihuana en esa zona, según informó UOL News el pasado 14 de septiembre.