ads

Andrés Timoteo
Columnista

DE HALCONES A PALOMAS
La burla es expresa, no hay ambages siquiera. Dos instancias gubernamentales que en teoría debería defender a las víctimas se pusieron de lado de los verdugos: la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del estado. La primera emitió desde el 2018 una recomendación para afirmar que el torturador fue torturado, que el ex director de Servicio Periciales de la FGE en el duartismo, Gilberto Aguirre Garza, sufrió vejaciones durante su encarcelamiento que denigraron su dignidad.
Y, ¿cómo lo torturaron? ¡Con canciones de Maluma y reggaetón! La fidelista Namiko Matzumoto, presidenta de la CEDH, cumplió el papel asignado de teatrera que defiende lo indefendible y su recomendación sirvió no solo para acelerar la ex carcelación de Aguirre Garza en mayo del año pasado, sino que se utilizó para vestirlo formalmente como “víctima” y exigir la reparación de un daño moral y económico.
La fiscala Verónica Hernández completó el tinglado y acaba de incluirlo en el catálogo estatal de víctimas para que se le repare el daño y -en un descuido- hasta el gobernante en turno, Cuitláhuac García, le ofrezca disculpas públicas en nombre de los veracruzanos. ¿Y las verdaderas víctimas que sufrieron detenciones extrajudiciales, tortura, asesinato y desaparición?  El cuitlahuismo las mandó al basurero.
Aguirre Garza formó parte del grupo de funcionarios duartistas que desde la Fiscalía desaparecieron a personas, incluidos a policías que les eran incómodos, y ahora el mundo se trastocó: los verdugos se convirtieron en víctimas. Sin embargo, esto no es algo raro, pues los planes para exonerar a todos los torturadores y corruptos del pasado marcha impecablemente. Todos los duartistas detenidos ya están en libertad.
Para eso fue nombrada la fiscal Hernández Giadáns, para manosear expedientes, desaparecer carpetas y abrir las rejas de los penales, y ha cumplido eficazmente. Los sucios halcones ahora son blancas palomas. ¿Quién lo iba a decir, el temible Gilberto Aguirre ahora es un sufrido cordero que fue maltratado siendo inocente, según la ombudsman y la fiscala?, ¿En qué consistirá la reparación del daño?, ¿habrá parte económica?, ¿le darán dinero de los veracruzanos pese a que desapareció gente?
Y también es pertinente preguntar por la contraparte. ¿A cuántos desaparecidos ha localizado la Fiscalía cuitlahuista?, ¿cuántas madres que buscan a sus hijos ya pueden llorarlos sobre una tumba?, ¿cuántos deudos pueden afirmar que se les hizo justicia por el familiar ‘levantado’, ‘disuelto en ácido’, ‘incinerado’ o enterrado en una fosa clandestina? Ni uno solo. La balanza es desigual y altamente oprobiosa porque en el actual gobierno se socorre a los verdugos y se ignora las víctimas reales.
Lo anterior a pesar de que la búsqueda y localización de las personas desaparecidas fue la promesa con la que inició en presente sexenio. Nadie olvide que lo primero que hizo García Jiménez al jurar como gobernador fue declarar a Veracruz en situación de emergencia por la desaparición forzada de personas. Es más, a los ausentes los llamó “tesoros” y luego se olvidó de ellos y de los buscadores. Tal vez ese mote de ‘tesoros’ fue una especie de burla porque en los cuentos y las leyendas urbanas, la mayoría de los tesoros están enterrados.
Una burla también es el silencio que guardan algunos colectivos de búsqueda de personas que se aliaron partidistamente a palacio de gobierno, sus dirigentes se alquilaron como golpeadores de los ex funcionarios del sexenio pasado y ahora -a mandato también de sus financiadores- se ausentaron del plano mediático. Nada han dicho del ‘blanqueo’ de la fama de Aguirre Garza y ni la de los otros duartistas exonerados.
En Veracruz, los activistas se volvieron cómplices de sus propios verdugos y echaron al armario las luchas por sus desaparecidos. Vaya, parece que se cumple la profecía sobre aquellos falsos y engañadores que sentarán a los aborrecibles en el lugar reservado para los justos. Se está viendo, ahora los malos son las “víctimas”.
 
EL PRÍNCIPE Y EL CAUDILLO
Dos escándalos sacuden las esferas políticas y aristocráticas de Europa en el contexto de la pandemia de Coronavirus. Uno en Gran Bretaña y otro involucra a Bélgica y España, pero ambos tienen que ver con la ruptura de las medidas sanitarias impuestas en las tres naciones y con el tráfico de influencias y petulancia de sus infractores, así como el intento de encubrimiento desde las cúpulas del poder.
El pasado lunes, la casa real de Bélgica tuvo que admitir públicamente que uno de los integrantes, el príncipe Joaquín, hijo de la princesa Astrid y del archiduque Lorenzo de Austria, y sobrino del Rey Felipe II, no solo dio positivo al test clínico del COVID-19 sino que lo habría adquirido durante una fiesta que realizó recientemente en España. Fue el 26 de mayo cuando el príncipe de 28 años rompió el aislamiento sanitario para viajar de Bruselas a Madrid.
De ahí se trasladó a Córdoba donde vive su novia, Victoria Ortiz -que se apellida igual que la Reina Leticia, pero no son parientes- y organizaron una fiesta en la que participaron 30 personas. Todo sin respetar las restricciones sanitarias. El convite se hizo cuando en España se prohíben las reuniones de no más de 15 personas.
Ahora, la Junta de Andalucía -que es algo así como la gubernatura- ha desplegado un dispositivo para localizar a todos los participantes en esa pachanga a fin de someterlos a exámenes clínicos, además de aplicar multas que podrían ascender a los 10 mil euros -unos 250 mil pesos- aunque la sanción financiera es ‘peccata minuta’ si se considera el estatus económico de los enfiestados.
Lo grave es el impacto en la imagen pública, lo que ha puesto en entredicho a Palacio de la Zarzuela y al gobierno español que inicialmente intentaron obviar el caso y no sancionar al aristócrata. Lo mismo con el Palacio de Bruselas donde se contuvo el posicionamiento hasta que el escándalo ya no pudo ignorarse. La primera ministra belga, Sophie Wilmès, salió a la prensa para intentar atajar el asunto.
“(El príncipe Joaquín) es un ciudadano que se disculpó por un comportamiento que lamenta. Dice que asumirá todas las consecuencias y eso es bastante normal. Caso cerrado”, aseveró en un intento de desmontar el escándalo nacional, pero no sirvió de más que para poner en entredicho la tolerancia de la casa real y del gobierno belga. Las ‘revistas de corazón’, la prensa en general y las redes sociales se han dado vuelo con el caso y en especial las últimas han sido implacables con la casa reinante.
Por su lado, Inglaterra lleva varias semanas envuelta en un escándalo similar porque Dominic Cummings, asesor estrella del primer ministro Boris Johnson, también violó la cuarentena por el COVID-19 y el 27 de marzo viajó en automóvil 430 kilómetros desde Londres hasta el condado de Durham, al norte del país, junto con su esposa pese a que ambos dieron positivo al Coronavirus. El pretexto es que iban a encontrarse con su hijo y pasar el aislamiento en familia.
Sin embargo, eso quedó desmentido porque no guardaron el confinamiento pese a estar infectados ya que una semana después se les vio paseando en Barnard Castle, una localidad a 50 kilómetros de Durham, y reconocida por ser un punto de afluencia turística. Ahí se les vio campantes sin guardar ninguna medida sanitaria.
Cuando estalló el affaire, casi un mes después, Cumming alegó que no había ido a turistear a Barnard Castle sino a someterse a un examen de la vista pues el 19 de abril regresó manejando a Londres, mentira que encendió aún más a la opinión pública. Conocido como “El Rasputín de Boris”, Dominic Cummings ha sido protegido por Downing Street, la sede del primer ministro, que se ha negado a despedirlo.
Cummings es el artífice del Brexit, el proceso que se fincó en una consulta pública para que Gran Bretaña abandonara la Unión Europea, y la eminencia negra del actual gobierno; sin embargo, su fama lo precede, pues el exprimer ministro David Cameron lo bautizó como “un psicópata con carrera”. El tipo es altanero y usa su posición política para evitar -hasta ahora- alguna sanción o su despido por violar la cuarentena en plena escalada de enfermos e infectados por Coronavirus en su país.
No obstante, el “Cummingsgate” como ya se le llama al escándalo, ha pasado factura al populista Boris Jonhson, cuya popularidad se desplomó 20 puntos en unas cuantas semanas por negarse a echar a su asesor y defenderlo a ultranza. A Jonhson se le cayó el discurso ‘anti-establishment’ con el que llegó al gobierno acusando que había “élites hipócritas y privilegiadas” que eran toleradas por sus antecesores y que acabaría con el influyentismo de los políticos. Vaya, escupió para arriba y le cayó en la cara.
Pues bien, lo que en Europa escandaliza en México es chunga y desparpajo. El presidente Andrés Manuel López Obrador también viajó en carretera 1 mil 600 kilómetros desde la capital hasta Quintana Roo para una gira en pleno semáforo rojo de la pandemia. Se trasladó vía terrestre con un enorme séquito de ayudantes, movilizó a cientos de soldados que custodiaron la ruta carretera y desde el fin de semana encabeza actos protocolarios sin ni siquiera portar mascarilla ni obedecer las medidas sanitarias.
A pesar de que el país ha llegado a la cifra de mil muertos por Coronavirus al día, el caudillo tabasqueño se ha de carcajear del príncipe belga y del asesor británico, que están en entredicho por violar la cuarentena y usar sus influencias para viajar durante la pandemia. El caudillo local lo hace sin que nadie lo moleste en medio de la ronda de muerte ni tampoco lo detienen los huracanes que azotan el sureste del país. La protección civil no vale más que el proselitismo para tratar de remontar su popularidad que va en picada.

ads