ARTIFICIO

 Los que conocimos a la periodista Regina Martínez damos testimonio de que no sólo era una mujer cuidadosa en su vida profesional sino en su entorno personal. Cauta al extremo, porque así lo requería la profesión, la compañera cuidaba su espacio propio, su domicilio y su familia. Por esto es irrisoria la teoría del gobernador Javier Duarte de Ochoa, hecha pública a través de su inefable procurador, que Regina permitió el acceso a su domicilio de sus presuntos victimarios

Desde la procuraduría de justicia se recurre al arcaico truco del “chivo expiatorio”, al artificio sin pudor ni recato. Intentar engañar a la opinión pública de que el artero crimen no está ligado a su quehacer periodístico y que fue ella la misma que propició su desgracia  al dejar entrar y convivir – a la media noche- en su casa a un par de malvivientes.  Si ambos eran delincuentes comunes, ¿qué provecho de podrían sacar a los datos periodísticos contenidos en memorias electrónicas que se robaron y de las que no habla la fiscalía?.

Regina tampoco guardaba el dinero bajo el colchón como se pretende hacer creer, ella tenía una cuenta bancaria en la que la revista Proceso le depositaba su salario y en la cual también tenía sus ahorros. Desde el allanamiento sufrido de su vivienda el fin de año pasado,  todos los que lo supieron le recomendaron mantener su dinero en el banco y ella misma  confirmó que había adoptado tal medida. El tinglado es burdo, pues.

Para Duarte de Ochoa y su procurador Amadeo Flores Espinoza, Regina es la responsable de su propio asesinato. Nada más les faltó acusarla de narcotraficante y de corrupta. Vaya que son un par de caraduras estos señores. Irresponsables e ineficientes. Calumniadores de quienes ya no pueden defenderse.  Obviamente nadie les cree porque la investigación estuvo plagada de irregularidades que se dieron más por malicia que por impericia. Nunca quisieron localizar a los verdaderos responsables y pretenden  cerrar la investigación con la teoría de dos ladronzuelos  y dando un carpetazo burdo.

 El intento de sepultar la memoria de Regina con una carretada de lodo se le revertirá al gobernante porque el descrédito que ahora ya tiene. Su administración ya está en la historia del país como la que más crímenes de periodistas ha acumulado, y cuyo  desempeño ha sido sospechosamente ineficiente.  Por eso, es urgente que la PGR retome el caso, atraiga las pesquisas y reconstruya toda la indagatoria para no dejar en la impunidad este crimen atroz que le arrebato la vida a una mujer digna e intachable como Regina Martínez.

 

JALOGÜIN

 

Al que ya le hicieron su travesura de Jalogüin es al “enfermo” Luis Moreno García, uno de los tres empresarios detenidos en los últimos días -que a pesar de que ya no pisará la cárcel por ser escondido en un sanatorio y después alcanzar la libertad bajo fianza, pues dicen que el proceso judicial sigue su curso- y la travesura fue el desplegado que se difundió en la prensa porteña en su apoyo. Vaya, a  muchos de los firmantes les hubiera dicho “no me ayudes compadre” porque son tan impresentables que en lugar de servir para hacerlo pasar como un hombre probo, ahondan la sospecha de tener relaciones peligrosas. 

De los que plasmaron su firma unos son fidelistas de cepa – que es ya es suficiente para iniciarles una indagatoria- y tienen negocios cuestionables, y otros más han acumulado  historias negras en su desempeño público. Por citar algunos ahí están Luis Barquín, Gilberto Bravo Torra, Francisco Gutiérrez de Velasco, Antonio Hanna, Juan Paratore, Virgilio Cruz Parra – ¿se acuerdan de “El hogar que yo robé”?-, Gustavo  Souza,  Adalberto Tejeda Patrarca y otros tantos que verdaderamente son espectros que vagan sobre la faz de la tierra para la perdición de las almas –y de los dineros públicos-. Hay que rezar la oración a San Miguel Arcángel cada vez que se les vea deambular por ahí.

Es toda una retahíla de espíritus chocarreros que se unen pese que entre varios de ellos tengan  viejos rencores. Por ejemplo, se dice que los Barquín y hasta el síndico con licencia de Veracruz, Antonio Sierra, traen un resquemor antiguo con Moreno García quien hace años estafó a sus respectivos padres en varios negocios inmobiliarios. Al patriarca de los Barquín lo habría despojado de terrenos en el fraccionamiento La Tampiquera de forma similar que hoy lo quiere hacer con el ex regidor Alfonso del Rayo quien lo demandó por el fraude de más 100 millones de pesos en el proyecto de la Riviera Veracruzana.  Es justo señalar que Moreno tendría “cien años de perdón”, si se cumple el refrán popular pero no fue así y la lumbre se le acercó a los aparejos.

 Y , Entonces por qué firmó el desplegado Luis Barquín?. La respuesta no es difícil de deducir: porque el miedo no anda en burro y hay temor de que después le avienten la voladora judicial a él mismo. Otro que camina sobre brazas en plena fiesta de los muertos es el ex gobernador Dante Delgado Rannauro pues uno de sus hijos figura entre los firmantes. ¿Qué se deduce de esto?, que el propietario del Partido Movimiento Ciudadano también es dueño de algunos terrenillos en la zona de disputa o tiene intereses muy precisos en el tema -¿sus herederos serán socios en ese negocio tan apestoso?-.

 Es más, los bien enterados afirman que Delgado Rannauro habló personalmente con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Alberto Sosa para abogar por la libertad del empresario. ¿ A qué grado llegará su compromiso con el tal Moreno?.

 Pero lo más complicado – claro, para los involucrados en el entuerto  pues para los espectadores  es más interesante que un culebrón de las televisoras- es que el abogado porteño Jorge Reyes Peralta, defensor de los Moreno, aprovechó el caso para salir a la prensa a denunciar una supuesta  “cofradía” de funcionarios estatales que extorsiona a empresarios y que  a él mismo lo pretenden involucrar en varios delitos.

El litigante porteño se adentró en arenas movedizas al acusar directamente al abogado cordobés, Luis Ángel Bravo Contreras como el cabecilla de tal grupo porque  el también consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), es efectivamente amigo personal del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Y no solo eso, también es su abogado de cabecera para asuntos  peliagudos.

Bravo fue el que se aventó el asunto de sacar al subsecretario de Desarrollo Económico, el ex panista Baruch Barrera Zurita, de los separos de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando fue detenido por elementos de la Armada de México comprando votos en Boca del Río durante los comicios del pasado 1 de julio. A él le deben el favor de que el Gobierno estatal no fuera exhibido a  nivel nacional por culpa del inefable Baruch Barrera.

En pocas palabra, el señor es protegido del gobierno en turno y por ende, la regla  marca que  vendrá  la respuesta del aparato estatal hacia Reyes Peralta, de quien muchos aseguran ya se le apagó su estrella que conservó en los últimos dos sexenios y se terminó la magia de ser el abogado más influyente del estado. En la reculona es factible que desde Palacio de Gobierno ordenen sacarle los fantasmas que guarda en el baúl.

Los dichos contra el consentido funcionario estatal –acompañados por calificativos soeces y de doble sentido, según se comentaba en las oficinas de palacio de gobierno- también habrían sepultado la carrera política de su heredero, el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Boca del Río, Jorge Reyes Leo, quien aspira a ser candidato a la alcaldía boqueña en el 2013. En pocas palabras, en este Jalogüin, Reyes Peralta ya no podrá decir: trato o truco.