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EL APOYO “SIN LÍMITES”

El refrán popular dice “más vale tarde que nunca” y tal sería el consuelo de los miles de damnificados por el paso del huracán Grace, ya que la ayuda oficial llegaría un mes después del impacto del meteoro. El 19 de agosto, el ciclón entró a territorio mexicano por el norte la Península de Yucatán para salir al Golfo de México e impactar nuevamente en el norte veracruzano el día 21 ocasionado daños severos a viviendas, sembradíos e infraestructura pública.

Pues bien, el jueves pasado, el gobierno federal anunció que entre mañana martes y el 21 de septiembre se entregará la ayuda en especie para las personas damnificadas de Veracruz, Puebla e Hidalgo, o sea, literalmente un mes después. El famoso censo que levantó el ejercito electoral de la “cuarta transformación”, conocido como Servidores de la Nación, merece un premio a la eficiencia y la rapidez -es sarcasmo, claro-, porque se llevaron tres semanas en contar a los afectados y hasta eso hicieron mal.

Por ejemplo, en Veracruz, a pesar de que desde el paso del meteoro se informó que eran entre 58 y 62 los municipios afectados, ahora la cifra se redujo a la mitad. Solo 28 municipios son considerados en situación de desastres de acuerdo a lo comunicado por la Secretaría de Protección Civil federal mientras que la Secretaría del Bienestar anunció que la bolsa de recursos para apoyar a los damnificados asciende a 2 mil 472 millones de pesos.

El secretario del ramo, Gabriel May presumió que “se entregarán de manera directa, sin intermediarios, sin corrupción y sin tardanzas”. Sin tardanzas, vaya que el funcionario no perdona la burla. Esto, además de que ese monto será repartido entre los tres estados cuando tan solo en Veracruz se estimaba que la cifra de daños casi rozaba los 3 mil millones de pesos. O sea que los recursos para las tres entidades no alcanza ni siquiera para paliar los destrozos que el meteoro ocasionó en una sola noche.

También a casi un mes del siniestro, nadie sabe con exactitud cuántas personas son las damnificadas. En el censo de la Secretaría del Bienestar se habla de 64 mil 500 afectados en las tres entidades, pero tan solo en Veracruz la estimación de hace tres semanas era de 52 mil e iba subiendo. De ahí que la cifra oficial suena amañada, ¿no les parece? Es la vuelta del revés a lo que se hacía en sexenios anteriores en las que los datos se inflaban maximizándolos pues se minimizan.

Unos, los del pasado, lo hacían para llegar más dinero a los estados y otros por darles menos basándose en una aparente austeridad, pero el trasfondo es el mismo: corrupción. Quedarse con el dinero que le hace falta a la gente necesitada. Antes se lo robaban los gobernadores y ahora lo escamotea el gobierno federal para desviarlo a otros asuntos o de plano embolsárselo, y los afectados son los
mismos de siempre.

¿Qué se darán 35 mil pesos -en especie, se entiende- a cada vivienda? Suena casi espectacular, pero ojo, no es por damnificado sino por casa-habitación. Ni siquiera por familia porque hay viviendas donde viven dos y hasta tres familias de escasos recursos, así que el dato es igualmente engañoso. Lo más importante: ¿para qué alcanzan esos 35 mil pesos cuando hubo personas que perdieron todo, desde muebles y enseres hasta la propia ropa, calzado, sembradíos y animales domésticos?

Claro, en medio de la necesidad eso es mejor que nada. Pero si los 35 mil pesos se dividen entre 5 integrantes en promedio de cada familia, suponiendo que la vivienda censada solo tiene una familia como moradora, entonces corresponde a 7 mil pesos por damnificado. Esa es la “ayuda sin limites presupuestales” que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador el 25 de agosto. ¿Burla, austeridad, perversión o realmente una cifra real y justa? Que los lectores y sobre todo los damnificados califiquen.

Por cierto, a casi un mes de paso de Grace por el norte del estado, el gobernante en turno sigue apoltronado en Jalapa y se niega a ir a los municipios en situación de desastre. ¿Qué hizo el fin de semana, el cuarto contando desde el mismo sábado 21 que azotó el ciclón? ¡Se fue a cortar el pasto y pintar salones en una escuela! “Este sábado tempranito realizamos #TequioPorMiEscuela en el Jardin (sic, o sea sin acento) de Niños Xochitlan (otros sic también por el acento- de la comunidad de La Orduña de Coatepec, quedó muy bien, listo para que el alumnado y docentes desarrollen sus actividades en condiciones dignas”, tuiteó.

¿Por qué no quiere ir a donde los damnificados? La deducción no es difícil: no tiene nada que decirles porque los ha dejado solos, los que están sacando la tarea de auxilio inmediato es el Ejército, la Marina, organizaciones altruista como la Cruz Roja y la sociedad civil que se ha organizado para enviar víveres. El gobierno estatal no ha hecho nada y por eso García Jiménez le tema a las rechiflas y las trompetillas que le darían. Eso en el menor de los casos, porque también se expondría a que lo saquen a
sombrerazos.

OTRA PRIMA CONSENTIDA

Hablando del ínclito, García Jiménez no deja de sorprender. Ahora nombró a su prima “no prima”, Dorheny García Cayetano -muchos juran que es su hermanapaterna- como secretaria del Trabajo. El chiste se cuenta solo, pues como se burlaron algunos analistas, a parte de ser diputada, la dama nunca ha tenido un empleo formal en su vida, no sabe lo que es ganarse un salario con el sudor de su frente, como dicta el clásico, pero ahora será encargada de los asuntos laborales en Veracruz.

Empero, lo más bochornoso es que el gobernante hizo malabares para desmentir el parentesco con la nueva funcionaria. Juró que investigó el árbol genealógico y no encontró nexo sanguíneo alguno, aunque lo mismo dijo cuando estalló en ‘affaire’ con su primo Eleazar Guerrero Pérez quien pese a que se confirmó el vínculo familiar y por ende el nepotismo sigue despachando en la Subsecretaría de Finanzas. Nuevamente, García Jiménez quiere agarrar de tonta a la opinión pública.

Se trata de la segunda prima “no prima” -o hermana “no hermana” como se le quiera ver- que consiente en su gobierno, pues ya a Aillet García Cayetano, la hermana de Dorheny y esposa de su secretario de Infraestructura y Obra Pública, Elio Hernández Gutiérrez, la hizo directora del departamento jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, luego intentó colocarla al frente de la Fiscalía Anticorrupción, pero falló y finalmente, la convirtió en magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el estado.

A propósito, la señorita Dorheny García es el primer desaguisado del cuitlahuismo con el futuro alcalde de Jalapa, Ricardo Ahued, porque este no la aceptó como suplente en su planilla ni tampoco la quiso integrar a su equipo de colaboradores en el próximo ayuntamiento. A la prima “no prima” ni se le arrima el neo-edil, por lo que García Jiménez tuvo que rescatarla y darle chamba en su gabinete. ¿Le cobrará esa afrenta familiar al hidalguense?

AL BANQUILLO

Dentro del contexto pandémico hay un asunto que el mundo debe resolver tarde o temprano -entiéndase: cada país- y es el deslinde de responsabilidades penales en los funcionarios encargados de las políticas públicas y la gestión de la crisis sanitaria cuyas decisiones ocasionaron que miles de personas enfermaran y perecieran. La Covid-19 es la única culpable de la hecatombe humanitaria, sino que ésta fue posible en buena medida por las omisiones y negligencias gubernamentales.

El viernes pasado, la justicia francesa dio un avance pionero al llevar al banquillo de los acusados a la exministra de Salud, Agnès Buzyn, señalada de no haber reaccionado lo suficiente al inicio de la pandemia y provocar con esa negligencia que miles de franceses murieran, por lo que fue requerida una primera comparecencia ante la Corte de Justicia de la República. Es la primera de varios integrantes del gabinete de Emmanuel Macron que tendrán que ser interrogados por los jueces.

Otros denunciados son Olivier Véran, su sucesor en el Ministerio de la Salud, y el exprimer ministro, Édouard Philippe. Contra ella se hicieron 15 mil denuncias aunque solo nueve de ellas fueron consideradas como viables y se integraron en un solo expediente que derivó en una acusación formal por los posibles delitos de abstención voluntaria para combatir un siniestro y poner en peligro la vida de otros que, según el código penal vigente, pueden tener una condena de hasta 2 años de prisión y una multa de 30 mil euros, unos 700 mil pesos mexicanos.

Algunos juristas consideran que dada la magnitud de las consecuencias humanitarias, dichas imputaciones penales son insuficientes y se les debería fincar delitos de lesa humanidad. Por lo pronto, la primera política ya está en los tribunales. Concretamente, la ex ministra de Salud está señalada por minimizar el peligro sanitario y se omisa en la prevención. Buzyn declaró el 24 de enero que “los riesgos de propagación del Coronavirus entre la población francesa eran muy bajos”. Le mintió a la nación, señalan los quejosos y con su negligencia provocó que miles de personas murieran.

A finales de marzo, en plena emergencia sanitaria, Buzyn abandonó el Ministerio de Salud para irse como candidata -de último momento- por partido en el gobierno, La República en Marcha, a la alcaldía de París, y ya en plena campaña, la candidata hizo una declaración al periódico Le Monde, el 17 de marzo, que fue incluida en el expediente de la demanda penal y es una de las ‘pruebas madres’ de su negligencia. “Desde el principio (de la campaña) sólo pensaba en una cosa: en el Coronavirus. Debimos haberlo detenido todo, era una mascarada (lo que hicimos como gobierno). La última semana ha sido una pesadilla. Tenía miedo (de contagiarme) en cada mitín”, reveló al rotativo.

Los demandantes sostienen que sus palabras son una confesión de parte, admisión del delito cometido. Otro señalamiento judicial es que no hizo nada por acopiarlos ‘stoks’ de insumos para el personal médico como mascarillas, guantes, caretas y demás equipo que los protegiera del contagio pues eran la primera línea de batalla contra el virus pandémico. En los próximos días los jueces deberán decidir si la ligan formalmente a un proceso penal,

De esta forma, Francia comienza a atender los asuntos jurisdiccionales relacionados a la gestión oficial de la pandemia, pero en otros países europeos como España, Gran Bretaña y Alemania también hay denuncias contra integrantes de sus gobiernos por el mismo asunto. En México es necesario que el Poder Judicial indague y considere llevar al banquillo a muchos funcionarios negligentes que fueron y son omisos frente a la pandemia.

Están a la vista de todos, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador y su secretario de Salud, Hugo López Gatell, negacionistas sin pudor y omisos adrede, hasta sus imitadores a nivel estatal como Cuitláhuac García y su secretario Roberto Ramos Alor. Todos ellos han cometido delitos de lesa humanidad y aunque en este sexenio son intocables, los gobiernos que vengan tendrá que desahogar las querellas para el deslinde de su responsabilidad por los miles de muertos.

AmoramarMx Superiberia