La mayoría de las y los políticos, intelectuales, académicos y líderes de opinión no pondera adecuadamente el valor de la reforma policial democrática en la construcción de un régimen de derechos en México. No aprecia la función policial como parte de los fundamentos del modelo de convivencia. Es una mayoría que cree posible construir un futuro regido por las leyes, el respeto a los derechos, la paz y la no violencia, dejando al margen la refundación de nuestras instituciones policiales. No es así; jamás lo será. Con estas instituciones policiales y con la fractura interna y de cara a la sociedad que las caracteriza no habrá seguridad duradera y sin ésta el ejercicio de los derechos no estará razonablemente libre de riesgos.
¿Por qué buena parte de nuestras y nuestros políticos, intelectuales, académicos y líderes de opinión colocan el tema policial lejos de sus prioridades analíticas y reformistas? Creo que es una representación simbólica de la modelación histórica que gobierno y sociedad hicieron de la policía, significándola como espacio residual donde cabe aquello que “sobra”. Tal menosprecio ha caído incluso sobre las comunidades epistémicas dedicadas a la seguridad y la policía. Paradoja mayor y poco estudiada: el derecho a la seguridad y la principal institución encargada de hacerlo valer no han sido materia de primera jerarquía entre las llamadas áreas sustantivas de modernización del Estado. Véase América Latina, donde muchos hablan hoy de avances democráticos mientras la gran mayoría de las policías de la región aún hoy resienten el abandono histórico que las hace precisamente disfuncionales ante las transiciones.
Debemos trascender esa paradoja construyendo auditorios influyentes que se apropien de la asociación directa entre la calidad del régimen democrático y de derechos, y la reforma precisamente democrática de la policía. Para ello, expongo el siguiente argumento. Desde los más sanos impulsos demócratas reformistas crecientes en México, una de las tendencias más sanas es el esfuerzo por derrumbar los múltiples monopolios, es decir, el ejercicio exclusivo de actividades públicas y privadas que permiten el dominio o influencia y beneficios en pocas manos, en detrimento de las mayorías. Dado que la reforma democrática y la fractura de los monopolios son asociados, explico la crisis crónica de la Policía precisamente como el resultado del monopolio que ella mantiene sobre sí misma: le llamo el monopolio uniformado. Ya por décadas he venido explicando que las mejores policías en el mundo son las más cercanas al ciudadano y las mejor controladas. Es conocimiento de frontera, además, que el control del quehacer policial debe ser interno e interno. En México ni uno ni otro funcionan correctamente. En lo interno, las unidades de asuntos internos y los procesos administrativos disciplinarios son cajas negras dentro de las cuales la Policía hace y deshace. En lo externo, las comisiones de derechos humanos, los ministerios públicos y los jueces no influyen hacia la corrección de lo anterior. Resultado: la operación policial y la información respecto a la misma está en manos exclusivos de la propia policía. En ello consiste el monopolio referido. Hemos construido el instrumento que fracturaría este monopolio y se llama Auditor Especial de las Policías Federales. En la pasada legislatura la propuesta redactada por Insyde llegó al Senado avalada por el MPJD y Rectoría de la UNAM; entre otros, fue apoyada por los entonces senadores Manlio Fabio Beltrones y Jesús Murillo Karam. Ahora, Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Mondragón y Kalb deben definirse al respecto. De no apoyarla, México se quedará administrando el monopolio uniformado, en detrimento de las grandes mayorías. La propuesta espera aprobación en el Senado.
Director del Insyde
