Carlos Navarrete se estrena como presidente nacional del PRD con uno de los mayores desafíos que puede afrontar un líder de izquierda: la desaparición de decenas de estudiantes por un gobierno de su mismo partido. Guerrero un estado emblemático para el PRD, ha tenido gobiernos surgidos de ese partido, pero no de izquierda: no lo fue Zeferino Torreblanca, un exlíder empresarial local, mucho más cercano a Vicente Fox que al PRD, y tampoco lo es Ángel Aguirre, que viene de los equipos de Rubén Figueroa, tanto que fue a quien éste dejó como sucesor, entonces priista, luego de la masacre de Aguas Blancas. Aguirre fue candidato del PRD, primero, porque el líder de ese partido, Armando Chavarría, en un crimen que jamás fue resuelto a conciencia, fue asesinado en Chilpancingo, y segundo porque el PRI se negó a hacer candidato a Aguirre y éste se ofreció al PRD. Lo recogió un partido que no tenía entonces opciones claras y Aguirre quedó en la casa de gobierno, con un equipo mucho más cercano a él que al partido que lo registró.
Pero de un camino similar proviene el alcalde de Iguala, hoy prófugo de la justicia, José Luis Abarca. El PRD en el caso de las muertes y las desapariciones de Iguala ha dicho que Abarca será expulsado del partido, ha defendido a Aguirre y ha pedido apoyo federal para el estado. Ni una palabra de condena a un gobierno en donde la muerte de perredistas, priistas y panistas, sobre todo en las zonas campesinas, tanto de la Costa como de la Montaña, de Tierra Caliente como en el propio Acapulco, se ha convertido en una norma. El número es tan alto como la impunidad.
Ya cuando fue azotado el puerto de Acapulco y buena parte del estado por las tormentas Ingrid y Manuel, el PRD prefirió mirar hacia otro lado en lugar de criticar la inacción oficial en los primeros días posteriores a la tragedia. Ahora en una Iguala que se ha convertido en algo más grave aún que Aguas Blancas, no puede mirar hacia otra parte, quedarse con responsables locales, tener sentado al gobernador en su consejo nacional y simplemente aceptar que, desde gobiernos de izquierda, se puede matar y desaparecer estudiantes sin que pase nada.
Al momento de escribir estas líneas no se sabe si las fosas comunes que se descubrieron en las afueras de Iguala es en donde están albergados los cuerpos de los desaparecidos que, de una forma absurda, fueron buscados “casa por casa” en las localidades de la zona, en lugar de montar una investigación rigurosa. Muchos indicios podrían mostrar que esos cuerpos son de los jóvenes desaparecidos, pero hay que esperar las pruebas periciales. También es muy probable que los asesinos sean, como se ha dicho, del grupo criminal de Guerreros Unidos que, por confusión o porque tenían datos al respecto, decidieron eliminar a los estudiantes porque pensaban que eran parte del grupo de Los Rojos, sus acérrimos enemigos, surgidos todos, Guerreros y Rojos, de escisiones de los Beltrán Leyva.
Pero lo que no es admisible es que el gobierno estatal no supiera que el alcalde de la tercera ciudad más importante del estado, cercano colaborador del gobernador desde años atrás, estaba ligado familiarmente con el cártel de los Guerreros o que la policía municipal lisa y llanamente trabajaba para ellos.
Navarrete puede ser, creo que lo será, un buen presidente del PRD, pero el desafío de ese partido, en éste y otros temas, es mostrar la nueva cara de la izquierda. No sé si existirán condiciones para que se dé otro tipo de intervención en Guerrero, más que asumir las investigaciones de estos casos desde la PGR, pero el PRD no se puede limitar a esperar que se den los tiempos para que Armando Ríos Pitter sea candidato y luego gobernador (con el costo, además, de que el hijo de Aguirre se convierta en candidato para Acapulco).
Si se confirma que los estudiantes desaparecidos están muertos será imposible para el PRD, para el gobierno federal y para el propio Aguirre, ausente las 72 horas posteriores a los crímenes, mirar hacia otro lado. El problema es que si esos estudiantes siguen desaparecidos, tampoco pueden hacerlo.
La decisión de Mancera
Mientras en Guerrero se duda, en el Distrito Federal, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, “renunciará” hoy al oficial mayor del GDF, Édgar Armando González, acusado de actos de corrupción, acusaciones sustentadas, además con algunas grabaciones de audio y video que están ya en manos de las autoridades. No mirará hacia otro lado.
Y en Jalisco, mientras continúan con las investigaciones del asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel que dicen que podría transitar por caminos insospechados, el gobernador Aristóteles Sandoval, en esto de los gestos, inauguró por todo lo alto, las salas para implementar el nuevo sistema penal acusatorio.
