Guerrero concentra en grado superlativo todos los problemas y deformaciones del país: pobreza extrema, poca o nula permeabilidad social y acentuados contrastes; debilidad institucional, corrupción, ineficacia de las leyes e impunidad; inseguridad pública, crimen organizado y violencia; pésimo desempeño educativo, escaso capital humano calificado y mínima agregación de valor en los procesos productivos; muy bajas tasas de crecimiento económico, productividad y competitividad; depredación ambiental, voracidad empresarial y grandes negocios inmobiliarios ilegales; y movimientos y revueltas sociales, genuinos o artificiales, al margen de la ley y en muchos casos violentos, como expresiones mezcladas de rebeldía social, disputas políticas, guerra entre cárteles e intereses sindicales. ¿Peor imposible? Difícil imaginarlo, pero es posible.
Los orígenes, la incubación y el cultivo de esta profunda descomposición se explican por factores diversos de vieja data, pero lo cierto es que, en lugar de contribuir a la solución de los problemas, los últimos gobiernos y grupos de interés los han agudizado. Sobran casos ilustrativos en todos los frentes. Para no ir muy lejos basta recordar que, tras las dramáticas pérdidas humanas y económicas que dejó a su paso el huracán Manuel, el presidente Peña Nieto ordenó investigar las faltas y actos ilícitos de funcionarios y empresarios que, con una corrupción criminal, autorizaron y construyeron desarrollos inmobiliarios en sitios indebidos de alto riesgo para sus habitantes. Por cierto, el informe correspondiente, donde seguramente figuran conocidos actores políticos y empresariales, estaba por darse a conocer precisamente cuando estalló la ola de violencia más reciente. ¿Singular coincidencia?
En todo caso, la ingobernabilidad en Guerrero, donde los poderes de facto se imponen sobre las instituciones, las autoridades no cumplen sus funciones y la ley del más fuerte arrasa la legalidad, amerita valorar la declaración de desaparición de poderes, en la medida en que, aunque parezca imposible, la situación puede empeorar. Los hechos en Iguala y sus alrededores no dejan lugar a dudas: policías que atacan y matan a civiles desarmados; un presidente municipal prófugo, con indicios de vínculos con el crimen organizado; jóvenes normalistas desparecidos; un nuevo hallazgo de fosas clandestinas; y un gobernador —priista de origen, perredista de circunstancia— que no gobierna.
Es un dilema complejo. El presidente Peña Nieto dijo, con razón, que el gobierno federal no debe sustituir en sus responsabilidades al gobierno local. Sin embargo, cuando los poderes locales han perdido la capacidad de preservar el orden institucional y el sistema de garantías individuales, el mandato constitucional atribuye al Congreso la posibilidad de intervenir. Creo que es el caso.
*Socio consultor
de Consultiva abegne.guerra@gmail.com
